A inicios de la pandemia, cuando conocíamos muy poco sobre el coronavirus, los científicos de todo el mundo comenzaron a buscar tratamientos para la enfermedad que cobraba miles de vidas cada día. Con el paso tiempo y mucho esfuerzo empeñado, se logró conocer más sobre el COVID-19 y se desarrollaron vacunas seguras y eficaces. Sin embargo, aún hoy los científicos buscan tratamientos para personas ya contagiadas.
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Mientras ello sucedía, ‘curas’ milagrosas aparecían en internet y círculos sociales. Ganaron mucho terreno e incluso causaron la muerte de personas que las probaban. En Irán, por ejemplo, cerca de mil personas murieron por consumir metanol para supuestamente curar el COVID-19; en Nueva York, más de un centenar terminó intoxicado tras consumir desinfectantes. A estas peligrosas alternativas se le sumó el dióxido de cloro (CDS), también conocido como suplemento mineral milagroso (MMS). Esta sustancia tóxica ya era recomendada y usada como la supuesta terapia “barata” para el cáncer, autismo y el VIH hace varios años.
Ahora, pese a no haber evidencia científica alguna y a la oposición de la comunidad científica y de entidades como la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA), la Agencias Europea de Medicamentos (EMA) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), el Congreso de la República de Perú ha creado una comisión para investigar los efectos positivos o negativos del dióxido de cloro en seres vivos.
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El Comercio ha publicado una serie de informes que muestran por qué la investigación clínica del dióxido de cloro no se justifica, así como los daños que produce al organismo. Hoy detallamos cómo funcionará esta comisión y cuáles será sus objetivos.
Un peligroso precedente
Detrás de la iniciativa para investigar el dióxido de cloro en el Congreso está el congresista Posemoscrowte Chagua, del partido Unión por el Perú, quien aseguró antes que las vacunas “modifican el ADN de la población”.
Para médico epidemiólogo e investigador Taype-Rondan, se debe entender “que hay cierta motivación de ciertas personas, que no es tan científica. Tengo la esperanza de que no terminaremos como Bolivia [país que aprobó el dióxido de cloro], porque una vez que cruzamos esa línea, se puede aprobar cualquier cosa solo por insistencia política […] Cuando esto se da a un nivel masivo, se puede aprobar luego cualquier cosa. Puede venir un laboratorio grande que quiera tener un fármaco en monopolio y, pues, va por el Congreso y este lo aprueba. Es una puerta bastante peligrosa”.
Para el congresista Chagua, el trabajo que hará la comisión se justifica porque el dióxido de cloro “lo está usando gran parte de nuestra población y muchos cientos de médicos lo están prescribiendo” y el Congreso debe pronunciarse respecto a este tema “de interés nacional”. Asimismo, afirmó que “se están persiguiendo médicos” que investigan y promueven el uso de este compuesto.
Como se conoce, el Comité de Ética del Colegio Médico del Perú anunció en setiembre pasado que investigaría a un grupo de médicos que presuntamente promovían el uso de dióxido de cloro en el país. En ese momento, anunciaron que tendrían una decisión en tres meses, pero aún no se conoce la decisión de la institución. El Comercio se comunicó con el presidente del Comité de Ética del CMP, Alfredo Celis, para conocer detalles sobre el proceso, pero aseguró que quien contaba con información al respecto era el decano encargado del Consejo Regional III-Lima, Pedro Ruiz Chunga.
El parlamentario indica que como producto del trabajo en la comisión, se emitirán recomendaciones, entre ellas podría incluirse un llamado al Colegio Médico para que “anule” los procesos administrativos iniciados a los médicos investigadores, e incluso un proyecto de ley que recoja las conclusiones del informe final.
El médico investigador Percy Mayta-Tristán considera que con esta comisión lo que se busca, “por un lado, es que permitan comercializar el dióxido de cloro libremente, que no sancionen a los médicos que están siendo investigados [por el CMP]. Por otro lado, es como abrir la puerta para otras cosas de su agenda de pseudociencia: la homeopatía, el movimiento antivacunas… es un poco la ruta de personas que siguen esas ideas”.
¿Qué hará la comisión?
La comisión investigadora sobre los efectos de esta sustancia tendrá 60 días para emitir un informe al respecto. Fuentes de este Diario indican que como mínimo una comisión de este tipo necesitaría la contratación de por los menos tres asesores principales, tres técnicos y una secretaria, con sueldos que van desde los 2.000 hasta los 10.000 soles.
Consultado sobre los objetivos de la comisión, Chagua, médico de formación, afirma que “se escuchará a las dos partes [que están a favor y en contra del dióxido de cloro]” y se llegará a una conclusión, es decir, se quiere evaluar en el Parlamento si sirve o no el dióxido de cloro para tratar el COVID-19 y otras enfermedades. ¿El Congreso es el mejor lugar para evaluar la evidencia científica de una posible intervención en salud? El parlamentario reconoce que no es el espacio ideal, pero afirma que realizarán un “control político” a los funcionarios que no permiten investigar su posible utilidad.
“No [es el mejor lugar para evaluar la evidencia científica]. El Congreso es el mejor lugar para ejercer control político, y lo que tenemos que hacer es un control político. ¿A quién? Al Ejecutivo. ¿A quién? Al Ministerio de Salud, a esas autoridades que como tú dicen: ‘Bueno, han dicho que es tóxico y coinciden en eso los entendidos. Listo. Alerta: no funciona el dióxido de cloro, no lo usen’”, afirma el congresista.
En el mundo, los defensores del dióxido de cloro han promovido comisiones similares e incluso iniciativas judiciales. En Argentina, por ejemplo, un juez ordenó a una clínica privada que se le aplique la sustancia a un paciente con COVID-19, quien falleció tras esta intervención. En Bolivia, la Asamblea Legislativa aprobó su elaboración, comercialización y uso. Es precisamente este último precedente el que cita Chagua en más de una ocasión.
“Definitivamente, el Congreso no es el lugar adecuado para hacer una investigación sobre una posible sustancia. Sabemos claramente que para hacer un ensayo de eficacia tiene que haber un ensayo fase I, II y III. Estos estudios tienen que ser aprobados por el Instituto Nacional de Salud (INS) y supervisados como lo hemos visto en las vacunas contra el COVID-19. Entonces, no tiene ningún sentido que el Congreso se dedique a investigar [este tema], más aún cuando ya hay evidencias previas de que el dióxido de cloro no funciona”, advierte Percy Mayta-Tristán.
Álvaro Taype-Rondan coincide en ello y aclara que para llegar a las pruebas en humanos, cualquier sustancia debe mostrar plausibilidad biológica (que funciona a nivel celular, por ejemplo), y en el caso del dióxido de cloro esta evidencia “no es clara”. Luego son necesarios estudios en animales, que sí existen para esta sustancia y mostraron que “a una concentración no muy alta ya era bastante tóxico”. Estos estudios son conocidos como ensayos preclínicos.
Una revisión realizada por El Comercio en las bases de datos Pubmed y Google Scholar halló estudios que muestran los efectos nocivos del dióxido de cloro en animales y, además, su potente efecto como agente antimicrobiano. El sitio de referencia clinicaltrials.pe registra un ensayo clínico sobre el dióxido de cloro y COVID-19 que se realiza en Colombia, el mismo que se llevó a cabo en la Fundación Hospital San Carlos, en Bogotá, sin autorización de las autoridades ni del propio hospital.
El congresista Chagua afirma que sí hay evidencia científica que justifica la conformación de esta comisión y el inicio de ensayos clínicos. Sin embargo, la FDA, así como los CDC, se han pronunciado en contra del uso del dióxido de cloro para cualquier enfermedad.
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