Tres noticias recientes nos confirman que no vamos por buen camino en la lucha contra el crimen organizado.

Primero. Han declarado a Arequipa en emergencia por 20 días, siempre con el añadido de que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional del Perú, lo que, básicamente, no se ha dado en ninguno de los otros estados de emergencia que han fracasado. Lo que hubo fue unas cuantas apariciones para la foto y… pare de contar. Así pasó en San Juan de Lurigancho, en donde en la actualidad hasta el alcalde está amenazado de muerte.

Ya con tantos estados de emergencia fallidos deberíamos haber aprendido que, cuando lo que tienes que enfrentar no está a la vista sino escondido, como ocurre con la extorsión y otros delitos afines, la emergencia solo es útil cuando tienes previamente identificados a los objetivos mediante un trabajo de inteligencia que ayuda a facilitar capturas rápidas.

Segundo. El simplismo y el fracaso de los estados de emergencia mal concebidos se grafican también en Pataz, La Libertad, donde ha habido hasta torres derribadas durante un régimen de emergencia. Allí se ha renovado el estado de emergencia, pero ya sin el apoyo de las FF.AA., algo que me parece increíble dado que este es el único caso en el que una presencia significativa del Ejército puede ser disuasiva y, por ende, eficaz. Esto porque, a diferencia de los casos que vimos en el punto anterior, aquí se busca enfrentar delitos que por su naturaleza son necesariamente visibles, como la minería ilegal, que invade socavones y transporta oro por las carreteras. En otras palabras, el mundo al revés. ¿Quién entiende a nuestras autoridades?

Tercero. En Barranco acaban de asesinar a una persona en un local nocturno muy prestigioso y concurrido. La víctima entra raudamente al establecimiento y, tras él, lo hacen los dos sicarios que lo perseguían, disparando caudales de balas, algunas que hieren a los clientes. Todo en 12 segundos. El hecho de que estos crímenes ocurran en distritos de clase media va a tener implicancias mayores. El ministro del Interior ha asegurado que destinará más policías a Barranco para evitar que estos actos se repitan. Pero ¿es así de fácil?

Estos tres ejemplos no solo muestran que no vamos por buen camino en la lucha contra la delincuencia. Muestran, también, que existe una mirada cortoplacista entre nuestras autoridades que las lleva a pensar que el gravísimo problema que enfrentamos puede solucionarse de manera simple y rápida.

Se engañan a sí mismas y engañan al país. Luchar contra la criminalidad requiere estrategias de corto, mediano y largo plazo que puedan ir produciendo resultados paulatinos, siempre y cuando estén debidamente financiadas (cosa que no ocurre), se fiscalice y se focalice adecuadamente el gasto (cosa que tampoco), y se fortalezca (en todas las dimensiones de la palabra) a las unidades de inteligencia e investigación.

Esto necesita mucho más que promesas de mano dura. Se necesita labrar un verdadero compromiso gubernamental y, más aún, del Estado en su conjunto a fin de lograr políticas sensatas. De lo contrario, en unos meses se le echará la culpa al ministro del Interior, como se hizo con sus antecesores, y lo sustituirán por otro policía retirado para que haga lo que pueda.


Carlos Basombrío Iglesias es nalista político y experto en temas de seguridad

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