Pedro Castillo en la polémica: las 10 propuestas más controversiales del presidente electo y de PL

Durante la campaña por la segunda vuelta presidencial, el mandatario electo Pedro Castillo (Perú Libre) recorrió el país lanzando una serie de promesas que le costará (o no podrá) cumplir en los próximos cinco años. Desde el ingreso libre a la universidad hasta la elección popular de jueces y fiscales, esta es una selección de las propuestas más polémicas:

Convocatoria a referéndum constituyente

El plan de gobierno denominado “Perú al bicentenario sin corrupción” señala que en los primeros 100 días de gestión se impulsará la convocatoria a un referéndum constituyente para que la ciudadanía decida si quiere o no una nueva Carta Magna.

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Además, Castillo aseguró, a inicios de este mes, que en su primer mensaje a la Nación, este 28 de julio, le pedirá al nuevo Congreso que agende la instalación de una asamblea constituyente.

Sin embargo, no solo abogados constitucionalistas han precisado que el anuncio de Castillo es inviable, ya que no existe la asamblea constituyente como órgano, sino que, de acuerdo a diversas fuentes de El Comercio, no hay consenso en el próximo Congreso para aprobar una reforma total de la Carta Magna.

En el Congreso 2021-2026, Perú Libre tendrá 37 escaños, mientras que sus aliados de Juntos por el Perú contarán con 5. Ambas agrupaciones han manifestado su interés por cambiar de Constitución.

En tanto, el Partido Morado, que solo contará con tres representantes, apuesta por un referéndum, pero en el segundo año de mandato, no inmediatamente. Otros bloques están más interesados en realizar reformas parciales a la Constitución.

Para un cambio total o parcial de la Constitución, el Congreso tiene dos caminos: 1. Aprobar la reforma con 66 votos en una primera votación y que se convoque a un referéndum. 2. Aprobar en dos legislaturas ordinarias y consecutivas, con al menos 87 votos en cada ocasión.

Jueces y fiscales por elección popular

Castillo plantea que los jueces y fiscales sean elegidos por mandato popular. Esa labor recae actualmente en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), una entidad autónoma reconocida por la Constitución, que también tiene la facultad de ratificar o destituir a los magistrados.

“Los jueces y fiscales tienen que ser elegidos por mandato popular [...] para que hagan una buena justicia en el país”, aseguró el pasado 1 de mayo, durante el primer debate con Keiko Fujimori en Chota, Cajamarca.

El abogado penalista Carlos Caro señaló que esa propuesta es jurídicamente inviable e implicaría una reforma constitucional.

En el Perú, explicó Caro, se aplica el sistema “romano-germánico”, como lo tiene Europa y Latinoamérica en general, donde la elección de los jueces se da mediante instancias neutrales al poder político.

Un nuevo sistema de aportes para la jubilación

En mayo pasado, Castillo adelantó que promovería “un nuevo sistema nacional de pensiones” para que los trabajadores decidan “cómo administrar su propia jubilación”. “Lo que tenemos que hacer es convocar a los trabajadores a nivel nacional y gestar un nuevo sistema”, dijo.

Diseñar un sistema previsional es un esfuerzo altamente técnico, que involucra realizar estudios actuariales, análisis de esperanza de vida, condición del empleo (formal o informal), tendencias demográficas, entre otras variables, explicó el economista Marcel Ramírez La Torre.

“El diseño exigirá realizar simulaciones bajo diferentes escenarios e involucra la participación de profesionales de diferentes especialidades. El sistema previsional se encuentra estrechamente vinculado con la política laboral y la política tributaria pues se tendrá que diseñar un sistema que asegure pensiones mínimas que requerirán algún tipo de subsidio e incluso asignar recursos del tesoro público”, aseguró.

“Es casi imposible someter el diseño de una política pública tan compleja a un esfuerzo participativo tan amplio”, considera el economista Ramírez.

Ingreso libre a la universidad

Castillo aseguró que en su gestión, cualquier escolar que termine la educación secundaria podrá ingresar directamente a la universidad. Así lo señaló en reiteradas ocasiones durante su campaña, y lo ratificó en el debate presidencial que organizó el JNE por la segunda vuelta, en mayo pasado.

“Nuestra prioridad será la educación. Los jóvenes, al terminar la secundaria, deben tener el ingreso libre a las universidades como derecho constitucional”, dijo.

El especialista en educación Paul Neira señaló que esa propuesta es inviable: “Aplicarla provocaría un desborde en un sistema universitario, sobre todo en el público, que ante la demanda y por las exigencias de la educación a distancia no está preparado”, dijo.

“Presionar de esa forma a la estructura débil que aún tenemos sería un despropósito. Amén de que se evidencia un desconocimiento de cómo opera el financiamiento de la educación, agregó Paul Neira, especialista en educación.

Prohibición de importaciones de arroz, trigo y papa

En mayo pasado, desde Huánuco, Castillo aseguró que el país no debe importar papa, arroz ni trigo.

“Hay algo que se ha estigmatizado, que Pedro Castillo cerrará las inversiones, las importaciones, la frontera. Lo que hemos dicho es que el Perú no puede seguir importando los productos que el mismo pueblo tiene. Me refiero, por ejemplo, a la papa que viene producida en otros países, mientras aquí se pudre en las chacras de las familias peruanas”, dijo.

“Se trae arroz de otros países, y en Ferreñafe y en otras provincias está creciendo el arroz. El Perú produce trigo de calidad y se trae trigo de otros países”, agregó.

El economista Juan José Marthans, director de Economía del PAD, escuela de Dirección de la Universidad de Piura, señaló a El Comercio que la restricción a las importaciones generaría serias distorsiones en el mercado.

“En muchos casos la propensión a importación de ciertos productos agrícolas es pequeña. En cambio, sí hay problemas de disponibilidad de agua, fertilizantes y créditos; hay serios problemas en los canales de comercialización internos. Si a ese contexto le generas un escenario donde se restringe la importación, lo único que se logrará será más restricciones que atentan contra el mismo mercado, acentuando las distorsiones existentes”, explicó.

“Los problemas no se solucionan en el sector agrario cerrando las puertas”, agregó Marthans.

Créditos a través del Banco de la Nación

El “Plan al bicentenario sin corrupción” plantea otorgar “crédito accesible para promover el agro y a las Pymes a través del Banco de la Nación y Cajas Municipales con su amplia red en todo el país”.

Actualmente, el Banco de la Nación tiene otros fines relacionados a la pagaduría de la planilla pública y de los proveedores del Estado.

Como explicaron expertos en materia económica a El Comercio en mayo pasado, el Banco Central de Reserva (BCR) avala los créditos y el sector privado evalúa a quién entregárselo. Se cuestionará que el BCR avale los créditos y el sector público lo otorgue.

Un millón de vacunados por día

El Plan al bicentenario asegura que se buscará “llegar lo más pronto posible a un millón de vacunados diarios”. Para ello, afirma que se organizará equipos de vacunación en todas las instituciones, se dispondrá de 300 mil trabajadores del Ministerio de Salud, personal de las Fuerzas Armadas y el “pueblo organizado”.

La actual gestión alcanzó un pico de 233.864 dosis en un día el pasado 10 de julio, informó recientemente el ministro de Salud, Óscar Ugarte. Pero ni Chile, con un sistema de salud que le lleva ventaja a Perú, ha logrado alcanzar un millón de dosis diarias.

El doctor Julio Cachay, infectólogo de la clínica Ricardo Palma, dijo a este Diario que la cifra de un millón de dosis por día la alcanzó China.

Cachay agregó que el avance de la vacunación contra la Covid-19 en el Perú “está en proceso de aceleración, logrando alcanzar un ritmo de 100.000 vacunados por día”. “El reto es mantener este ritmo, con personal de salud, logística y flujo de dosis de vacuna”. El incrementar esa meta es una toma de decisión política de los gobernantes de turno”, agregó.

La segunda reforma agraria

Perú Libre busca “fortalecer el sistema de planificación e información agraria desde las realidades locales” y “organizar las decisiones del uso de las tierras desde los niveles locales de microcuencas”, con el objetivo de lograr “un ordenamiento territorial basado en el desarrollo local”. A ello han denominado “la segunda reforma agraria”.

Juan Manuel Benites, exministro de Agricultura y Riego, dijo a este Diario en mayo pasado: “Eso no lo observo bien. Cuando se equivoca el Estado en la toma de decisiones, por ejemplo, no siempre asume los riesgos. Ya ocurrió en los 90, cuando se impulsó en la agenda la producción del arroz por el fenómeno de El Niño y hay otros casos más. Más que planificación, el Estado debe ir por la orientación, sin tener tanta injerencia”.

Impuesto a la sobreganancia y renegociación de contratos

El plan de Perú Libre plantea crear un impuesto a la sobreganancia y precisa que este se dará tras un “Diálogo Nacional Descentralizado”.

Para determinar una sobreganancia se deberá determinar cuál es un nivel de ganancia razonable, como han explicado especialistas en materia económica consultados por este Diario.

El partido de izquierda también plantea la renegociación de contratos de estabilidad tributaria con grandes empresas. Ello pese a que precisamente los contratos de estabilidad tributaria se firman para evitar los cambios en las reglas de juego, como precisó el exviceministro de Economía Enzo Defilippi a El Comercio en mayo pasado.

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