Callao: gobernador regional y 7 alcaldes enfrentados por pedido de estado de emergencia

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el local provincial, Pedro Spadaro destacó que los líderes de la mancomunidad chalaca no están en contra de la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero no consideran apropiado ni necesario el estado de emergencia. “Hemos expresado que estamos en contra de un estado de emergencia y así lo haremos conocer en el consejo regional de seguridad ciudadana”, sostuvo el representante chalaco.

Spadaro destacó la prioridad que se le ha dado a la inversión para la seguridad ciudadana. “Cada uno de los alcaldes hemos invertido en infraestructura para apoyar a la policía nacional y dotar de mejor infraestructura a nuestro serenazgo”, sostuvo. “Estamos exigiendo mayor dotación policial para trabajar en conjunto, [pero] además estamos garantizando que las fiestas navideñas sean seguras, y generen rédito económico”, agregó.

Para los representantes municipales, el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres no demuestran resultados positivos. Además de los índices de delincuencia, Spadaro hizo hincapié en el daño económico generado “por la restricción de derechos y cierre de los comercios”.

“No hemos dicho que el Callao esté de maravilla”, mencionó durante la conferencia el alcalde provincial. “Hay falencias que tiene que trabajar la policía. Por ejemplo, la investigación de los diferentes asesinatos que son atribuidos a lucha de poderes entre cabezas de grupos de narcotraficantes [y] de construcción civil”, dijo Spadaro, quien reiteró constantemente que la mancomunidad “necesita más policías”.

Alex Callán, alcalde del distrito de Bellavista, repitió la frase de Spadaro a su salida de la conferencia de prensa. “No hemos dicho que Bellavista esté de maravilla”, mencionó, previo a argumentar que “lo que necesitamos es que el Estado aumente más efectivos policiales y haga un trabajo más estratégico y coordinado con los municipios”. “Tenemos que ser capaces de trabajar juntos”, reiteró.

Previo a la conferencia de prensa, el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, dio una entrevista exclusiva a El Comercio. Entonces, el funcionario reveló que no estaba de acuerdo con la solicitud presentada por el Gobierno Regional para la declaratoria del estado de emergencia. “Con los avances [en la lucha contra la inseguridad ciudadana] en los últimos meses, considero que el gobernador del Callao ha tomado esta decisión muy a la ligera, sin tener el conocimiento de la situación en todo el Callao”, comentó.

Adicional a la conferencia de prensa, los alcaldes firmaron un comunicado. Este menciona que los involucrados consideran “que, en este momento, la declaratoria de un estado de emergencia en el Callao no es la solución a la problemática existente”. El documento resalta que una medida como esta afectaría “el normal desenvolvimiento económico y familiar de las festividades”.

Los firmantes destacaron la iniciativa de Castillo Rojo de convocar un Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) “para tratar el tema como corresponde”. “Expresamos nuestro respaldo a la labor que viene realizando la Policía Nacional del Perú, junto a nuestras fuerzas de serenazgo y la importante inversión que vienen efectuando los municipios”, se lee.

En su último párrafo, los siete alcaldes exigen al ministro del Interior y al comandante general de la PNP “para que doten a la Región Policial del Callao y a todas las comisarías de la provincia y los distritos”.

En conversación con El Comercio, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, se mostró determinante con continuar con la solicitud del estado de emergencia pese a la contrariedad de los alcaldes municipales. “Está hecha y va a ser formalizada en una reunión de urgencia [...] en el Coresec” que se llevará a cabo en los próximos días, dijo el representante chalaco. “Si no es ahora, sería en breve”, destacó.

“[Estamos] ante la presencia de una ola de violencia, terriblemente sanguinaria y que va en crecimiento. La mayor parte viene [del enfrentamiento de las] bandas criminales, de narcotraficantes y sicarios. Esto no nos libera a nosotros [los ciudadanos] de la posibilidad que nuestros hijos puedan caer muertos como ya está sucediendo. Varios trabajadores del sector estatal [del Callao] han fallecido”, expresó Castillo Rojo.

Al ser consultado sobre la posición de los representantes municipales, el gobernador expresó que sus palabras “no son una orden ni una determinación. Es una opinión de los alcaldes”. Agregó que se espera la intervención de la Marina de Guerra del Perú para dar apoyo a las fuerzas del orden interno. “Eso solo puede suceder en un estado de emergencia. Sabemos que también trae consigo una serie de inconvenientes por las restricciones”, comentó.

“Como repito, la declaratoria de emergencia per sé no significa mucho. Se ha visto en la práctica que no ha dado los resultados esperados. Pero si la declaratoria va a acompañada de toda una estrategia contra la delincuencia, en esta guerra contra el delito, podemos tener resultados [óptimos]”, concretó el gobernador chalaco.

Los últimos boletines estadísticos del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana del Callao revelan una disminución en los índices de delito, según la cantidad de denuncias recibidas en cada distrito. A nivel general, entre el periodo de enero a marzo y el tiempo entre abril y junio, a nivel regional, se evidenció una disminución del 2,6%. En el primer trimestre, se denunciaron 7.708 hechos delictivos, mientras que en el segundo periodo la cifra fue de 7.516.

Es importante detallar que la distribución poblacional entre los siete distritos del Callao es bastante heterogénea. De hecho, los distritos de Callao y Ventanilla -ambos masivamente más extensos que las cinco comunas restantes- concentran cerca del 80% de la población chalaca. Las últimas estadísticas sobre la tasa de robo por cada mil habitantes posiciona a Bellavista (0,82), Callao (0,80) y La Perla (0,80) encabezando la lista.

En el extenso de la región, los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos, receptación, entre otros) son los más comunes. Entre enero y junio de este año, se han denunciado 5.708 hechos de este tipo. Actos de violencia contra la mujer suma 5.090 delaciones, mientras que los atentados contra la seguridad pública 1.505. Crímenes contra la fe pública (1162) y contra la libertad (810) se posicionan en los siguientes puestos. Los casos contra la vida, el cuerpo y la salud sumaron en dicho periodo 688 denuncias. Al fin de la cola, se registraron 291 hechos contra la administración pública.