Mejores reglas, procesos y partidos, por Diana Chávez

Al término de la primera legislatura, cerca de una veintena de proyectos de ley presentados están relacionados a los procesos electorales y a las organizaciones políticas. Su aprobación determinará en gran medida que tengamos partidos más formales –o no–. Que se fomente su institucionalidad –o no–. Que se prevean situaciones de incertidumbre en procesos electorales en marcha –o no–. 

La informalidad cala todas las estructuras y todos los procesos, y los procesos políticos y electorales no son la excepción. Así como a veces las personas buscan evadir un trámite o postergarlo hasta el último momento, solo porque pueden, este comportamiento se traslada también a las organizaciones que buscan gobernarnos, por la simple razón de que la regulación actual se lo permite.

El perfil del Congreso elaborado por Transparencia reveló que, al iniciar este período, más del 70% de los congresistas no estaban afiliados al partido político que los llevó a ocupar una curul. No existe un requisito de afiliación para poder postular a este u otros cargos, sino tan solo la restricción de renunciar un año antes en caso de tener militancia en otra organización política. Para los partidos, el único requisito para participar en un proceso es formalizar su inscripción antes del cierre que el Registro de Organizaciones Políticas realiza en cada elección. Durante las últimas elecciones, ambas situaciones permitidas por la regulación vigente trajeron problemas graves que culminaron con la no inscripción de partidos y de candidaturas al Congreso y a la Presidencia de la República, después de muy avanzado el proceso y luego de haberse desarrollado actividad de campaña considerable. Plazos superpuestos, calendarios paralelos y condiciones flexibles causaron que gran parte de la ciudadanía viviera un proceso electoral en incertidumbre y confusión, con partidos buscando su registro con una elección ya convocada, al borde del cierre de inscripción de candidaturas.

Un proyecto de ley presentado por el congresista Mauricio Mulder busca ajustar algunas de estas condiciones: propone que quienes candidateen estén afiliados al partido cuanto menos un año antes en elecciones regionales o municipales, o tres años antes en elecciones generales. Además, propone que la organización política tenga una antigüedad de por lo menos un año en el primer caso, y tres años en el segundo, para poder participar en una elección.

La propuesta elaborada por la Subcomisión de Reforma Electoral del Congreso, sin embargo, flexibiliza aun más esta situación. Si bien el informe de este grupo (entregado a la Comisión de Constitución el martes pasado) resuelve no pronunciarse explícitamente sobre el proyecto de Mulder, el sentido del articulado que contiene el informe va en  la dirección opuesta, al extremo de establecer la afiliación automática del ciudadano que postule en una lista desde el momento de la inscripción de su candidatura. Lo cual, además, se contradice con la premisa de que la afiliación a una organización política debería ser siempre, por seguridad, un acto expreso. Así, lejos de solucionar el problema, esta propuesta lo formaliza.

Mal haríamos en minimizar los problemas prácticos que una regla así podría generar. Si bien algunos sectores considerarán que elevar los requisitos de postulación en una elección restringe el derecho a la participación política, lo cierto es que este, como todos los demás derechos, admite regulación y restricciones. El norte debería estar claro al reformar las reglas bajo las que los partidos presentan candidatos y candidatas. Uno de los objetivos debiera ser desincentivar la proliferación de partidos que solo se constituyan para participar en una elección específica y posteriormente desaparezcan. Otro debiera ser brindar orden, certidumbre y confianza en el proceso electoral. Es tarea de los legisladores corregir sobre la base de lo observado: corregir sobre la base de la realidad.