El dilema de Perú Posible, por Carmen Omonte

Las últimas denuncias publicadas contra la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), sobre todo la que se refiere al rastreo masivo de datos de las propiedades inmobiliarias, mobiliarias y societarias, de políticos, empresarios y periodistas, marcan una clara diferencia con lo que Perú Posible propone en sus principios programáticos. Las hechos revelados de la DINI, bajo el conocimiento, al parecer, de otras autoridades y jefes, vulnera el respeto a la persona a través de una clara conducta antidemocrática. Lo sucedido es muy grave, ya que representa un seguimiento grosero y masivo, impropio con el rol asignado por la ley a la DINI.

Resulta, además, inadmisible que teniendo asignadas tantas tareas importantes, como el resguardo de la seguridad del país y la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, la DINI destine los recursos y herramientas de inteligencia para hurgar el registro de propiedades de personajes políticos e, incluso, no políticos, lo que agrava aún más esta denuncia. Así, se configuraría una suerte de espionaje político - social peligroso para la institucionalidad democrática.

El sistema de inteligencia tiene como principal objetivo cuidar a la nación, por lo que dedicarse a otras cosas nos vuelve un país vulnerable. En el 2013, el Congreso de la República aprobó aumentar de S/.18 millones a S/.74 millones el presupuesto de la DINI para fortalecerlo. Creímos ser responsables al apoyar este aumento, pero lo que ahora se evidencia en los medios de comunicación es muy lamentable.

Lo sucedido con la DINI empuja a Perú Posible a, probablemente, tomar la difícil decisión de ponerse en la línea contraria al Gobierno, apoyando la moción de censura presentada en el Parlamento contra la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, al ser  la responsable política del accionar de este organismo de inteligencia.

La vulneración de derechos (si se llegan a comprobar) de gobiernos anteriores justifican con mayor razón el que de una vez por todas se trace una línea divisoria entre lo que fue y lo que debe ser a futro un sistema de inteligencia al servicio del Estado y la nación.

No se trata de ir contra el gobierno, como sí lo hacen otros personajes políticos, sino de estar a favor de la estabilidad democrática y recuperar la confianza, más aún ahora que estamos muy cerca de un nuevo proceso electoral.

Ahora es el momento y oportunidad de la primera ministra de dar un paso al costado, de renunciar, por el país, como cuota de sacrificio por la democracia, a pesar que Ana Jara no es responsable de los hechos que se cuestionan. Ese acto no sólo empoderará al presidente Ollanta Humala como el estadista que merecemos todos los peruanos, sino que le permitirá abrir un tiempo para impulsar la cohesión política, conformar un gabinete técnico y de cierre, y, posteriormente, asegurar una democrática transición del poder.

En los próximos días, Perú Posible tiene que tomar una decisión final al respecto: o avalamos las acciones que claramente vulneran lo más básico de nuestra esencia ideológica, como la defensa absoluta de los valores democráticos, o respaldamos la censura a la premier Jara como responsable política de estos hechos. Ahí está el dilema. Perú Posible tendrá que resolverlo en los próximos días.