Regalo de Navidad, por Luis Carranza

La reciente ley del trabajo juvenil ha generado un gran debate sobre qué tipo de regulación necesitamos en el país: aquella que proteja derechos o aquella que promueva oportunidades. Creo que este intenso debate debería servir como telón de fondo para abordar los temas de largo plazo que mejoren la productividad en el país.

¿Por qué es importante fijarse en el aumento de la productividad? Porque el crecimiento de la productividad es el principal determinante del comportamiento de largo plazo de todas las variables económicas: crecimiento de salarios, variaciones del tipo de cambio real, crecimiento de las inversiones, crecimiento del empleo, variaciones en los precios de bienes raíces, por mencionar solo algunas. 

En las fases de despegue o inicio de las reformas, puede existir un proceso de convergencia en el que algunas variables se aceleran, como el precio de bienes raíces o el crecimiento del crédito; mientras que otras variables quedan un poco rezagadas, como el crecimiento de los salarios. 

En el caso del mercado de trabajo esto es particularmente claro. En industrias o empresas que tienen alta productividad, el salario se determina en el mercado y la mayor cantidad de beneficios sociales genera una brecha entre el costo salarial y lo que recibe el empleado como salario, castigándose el nivel de empleo. Si a esto añadimos rigideces para la contratación y despido, generamos menor inversión deseada y problemas serios para la viabilidad de la empresa cuando se presenta una caída inesperada de la demanda. En industrias de baja productividad, el exceso de regulación se traduce en bajos salarios y en alta informalidad. Pensar que podemos manejar el crecimiento salarial, buenas condiciones laborales y generosos beneficios sociales en economías con baja productividad es la receta perfecta para un persistente fracaso económico. 

Plantear una agenda de productividad no es fácil porque requiere de un soporte político que brinde no solo la legalidad sino la legitimidad que estas reformas requieren. Si bien es cierto que estas reformas deben tener un sustento técnico, no hay que olvidar que su aprobación e implementación es un proceso político complejo. 

En el caso de desarrollo económico de los países asiáticos se puede distinguir claramente que existían agendas que promovían la productividad de la economía. Muchas de estas economías impulsaron estas políticas en contextos políticos no democráticos. Estos fuertes liderazgos políticos reconocían que no podían “ordenar” a los precios relativos, los cuales reflejaban la escasez relativa de los bienes, servicios y factores productivos, incluido por supuesto el factor trabajo. El reto que tenemos los peruanos es ponernos de acuerdo sobre lo que es importante para el crecimiento dentro del marco democrático. Este pacto político debe dejar de lado la ideología y enfocarse en tres grandes lineamientos: (i) debemos tener igualdad de oportunidades, (ii) los mercados deben asignar los recursos de manera eficiente y los precios deben reflejar la escasez relativa, si un mercado no funciona hay que corregir o disminuir la falla y no destruir el mercado con mayor regulación, y (iii) eliminar las trabas a la inversión, tanto pública como privada, avanzando en mejoras de marco regulatorias, permisos, afirmación de derechos de propiedad, resolución de conflictos y un largo etcétera.

Estas reformas no se pueden hacer en un solo gobierno, de allí la necesidad de lograr estos pactos políticos de largo plazo, no sobre ideales, sino sobre principios concretos que lleven a una implementación consistente con las leyes de la economía y que sea permanente en el tiempo. El gobierno de turno debe asumir ese liderazgo y, por tanto, el costo político, que no será menor, de implementar las reformas. 

El gobierno actual se ha dado cuenta de los tremendos errores, por omisión o por acción, cometidos en casi todos los sectores y está a última hora tratando de revertir la situación con buenas medidas (como en el caso de Educación) o medidas bienintencionadas pero que se quedan a mitad de camino (como la ley del empleo juvenil). Sin embargo, continúa demostrando una gran incompetencia política al no intentar construir consensos. 

No estaría mal que por Navidad nos regalen a los peruanos una verdadera “agenda de productividad”.