El liberal acomplejado, por Diego Macera

Se podría argumentar que el proyecto de ley de Modalidades Formativas Laborales (LMFL) –maliciosa pero eficazmente apodado ‘Ley del Esclavo Juvenil’– es positivo para los estudiantes y la economía en general. Ofrece espacios de aprendizaje especializados –y de los que algunos institutos tecnológicos carecen– para familiarizar al estudiante con los equipos y técnicas que manejarían cuando ingresasen al mundo laboral. Hoy la desconexión entre lo que aprenden y lo que necesitan aprender es dramática.

Se podría argumentar que el momento para debatir un aumento de la remuneración mínima vital (RMV) es bastante inadecuado. La inflación se encuentra a niveles mínimos, la productividad no sube desde hace años, el crecimiento económico es débil, y el mercado laboral pasa por su etapa más complicada en diez años. Más aun, la actual RMV –aunada a los sobrecostos laborales– ya es causa de informalidad y baja productividad. Subirla solo empeoraría el problema. 

Se podría argumentar que la resolución de Indecopi que autoriza el ingreso con alimentos obtenidos fuera del local a las salas de cine tendrá un impacto económico negativo. El margen de ganancia que se lograba obtener con la confitería permitía mantener los precios de las entradas relativamente bajos y dar la posibilidad a más gente de asistir a las funciones. El precedente también es peligroso para otros negocios de entretenimiento con estructuras de ingresos similares (discotecas, estadios, conciertos, etc.) 

Se podría argumentar todo eso, y sería correcto. Pero no se trata de eso. No se trata, por esta vez por lo menos, de sumas y restas económicas. Se trata de principios. Y de un tiempo a esta parte los liberales se han malacostumbrado a debatir sin ellos.  

En el caso de la LMFL, ¿cuánta autoridad se le quiere dar a los burócratas y políticos para restringir el libre acuerdo entre un alumno que quiere aprender y una empresa que quiere enseñar? El caso de la RMV no es un muy distinto: independientemente de las consecuencias económicas, ¿es que el Estado sabe y tiene derecho a definir por millones de empleadores y trabajadores libres qué es un salario aceptable? Finalmente, y solo por citar el tercer tema que ha estado presente en la última semana, ¿debe el sector público fijar las reglas sobre lo que se permite o no se permite comer en un negocio privado? Al margen de lo que pase o no pase con el precio de las entradas al cine, no existe tal cosa como ‘derecho a comer’ en un local ajeno. Punto. 

Puede que entre los mismos liberales haya matices y diferentes interpretaciones válidas de un mismo hecho, pero la verdad es que los principios básicos que dicen defender se esbozan por lo general de manera muy tenue o soterrada. Es cierto que su aplicación conduce a mejores resultados económicos (como mencionaba en los tres párrafos iniciales) pero eso es una consecuencia adicional. La libertad de consumo en un mercado competitivo y abierto, la libertad de trabajo, la libertad de contratación, la libertad de empresa: la libertad, en general, es un principio que apenas se susurra y que sus mismos defensores opacan –a veces con buena intención, a veces con miedo– a través de cifras económicas (‘tecnocráticas’) que en ocasiones terminan por convencer solo a los ya conversos. 

No dudo de la buena intención de la gran mayoría de las personas que se paran en la orilla opuesta de estos principios; de aquellos que creen que en la búsqueda de la equidad y otros objetivos similares hay razón suficiente para el intervencionismo público. Ellos, correctamente, defienden su causa en base a principios. El camino puede estar equivocado –y quizá la meta también– pero cuanto menos son claros en ponerlos por delante.

De los liberales, en cambio, pocas veces se presume buena intención: si no son insensibles, son asalariados de la gran empresa, o llanamente mercantilistas. La culpa de esto la tiene en parte la distorsión de imagen generada por la orilla opuesta, pero también los mismos liberales que parecen en ocasiones avergonzados o acomplejados para defender las libertades y derechos de elección mínimos de las personas y de las empresas. No vaya a ser que Twitter se moleste.