Editorial: Si de reformar se trata…

La última encuesta de El Comercio-Ipsos ha traído consigo una seguidilla de datos que seguramente seguirán siendo material de análisis durante los próximos días. Ahí están, por ejemplo, el incremento en once puntos de la aprobación del presidente Martín Vizcarra, la caída estruendosa de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori o las preferencias para suceder al alcalde de Lima, Luis Castañeda, en las elecciones de octubre. Y están también aquellas que ahora nos invitan a la reflexión: el nulo respaldo de dos de las cabezas más visibles de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial, respectivamente.

Según los resultados del estudio, el 67% de los ciudadanos están enterados de la participación del fiscal de la Nación Pedro Chávarry en los ya famosos audios que vienen destapando las malas prácticas de nuestro sistema de justicia. A su vez, un 58% sabe de la conversación entre el juez supremo César San Martín y el hoy detenido ex presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos. En cada uno de los casos, el 94% de la población informada cree que las autoridades en cuestión deben dimitir. Por lo que cabría quizás hablar, más que de una opinión, de un genuino clamor ciudadano.

En el caso del magistrado San Martín, como se recuerda, su diálogo con Ríos –hecho público el 6 de agosto– solicitándole que “presione” a una jueza de menor rango para que expida un documento, lo obligó a ofrecer disculpas un día después de la difusión por, según explicó, “el uso de palabras inadecuadas”. Ello a pesar de que, en un inicio, el juez se había negado a aceptar algún resquicio mínimo de responsabilidad ante lo que a ojos de los demás lucía como un evidente intento de obtener un beneficio valiéndose de su posición.

En el caso del fiscal Chávarry, por otro lado, el escenario es bastante más complejo. Como se recuerda, las sombras que se ciernen sobre el titular del Ministerio Público (MP) –y que datan incluso de antes de su juramentación– incluyen desde sus conversaciones con el suspendido juez César Hinostroza (nexo revelado a través de los audios) y sus mentiras luego aceptadas sobre una reunión con periodistas que fue gestionada por el hoy detenido empresario Antonio Camayo, hasta la denuncia de que su hijo fue contratado en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) mientras se desempeñaba como fiscal supremo. Es decir, un historial que enfrenta al fiscal Chávarry con la exigencia de una “conducta intachable” que la ley impone a quien dirige el MP.

Ahora bien, ¿por qué debería preocupar que Chávarry y San Martín no hayan acogido hasta ahora los pedidos de dar un paso al costado? Pues porque la casi nula confianza que le tiene la población para que sigan desempeñando sus funciones incidirá, inevitablemente, en la imagen tanto de la fiscalía como del Poder Judicial. Una imagen que, valgan verdades, está ya por los suelos: en este último sondeo la primera tenía únicamente 14% de aprobación, mientras que la segunda, 10%. Y dada la crítica situación de la judicatura que atraviesa el país ninguna posibilidad de reforma lucirá verosímil mientras mantenga elementos con tan baja confianza de la ciudadanía en su interior (y en posiciones tan encumbradas).

Todo esto, claro está, no debe en ningún momento interferir con las posibles sanciones administrativas –o, de darse el caso, hasta penales–, que puedan desprenderse de las conductas de ambos y que deberán ser resueltas en los fueros de la justicia. Empero, sumergirse en la espera solo terminará por debilitar el ya famélico saldo de credibilidad que le queda a ambas instituciones. Y esto no favorece a nadie.