¿Y la antielusiva?, por Enzo Defilippi

La semana pasada, la ministra de Economía firmó la adhesión del Perú a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria, un instrumento que permite detectar ingresos no declarados mediante el intercambio automático de información con más de 100 países. Es una buena noticia y más en la coyuntura actual, cuando la recaudación ha caído con respecto a los años anteriores. De hecho, lo que ocurra con esta variable y el compromiso que se muestre con su incremento serán determinantes para que el Estado pueda seguir financiando los servicios públicos que necesita el país (especialmente a partir del 2019, cuando la situación fiscal esté bastante más complicada).

En paralelo, el Gobierno expresó su rechazo al proyecto de ley que busca restituir beneficios tributarios a la aviación comercial, sustentando su posición, entre otras razones, en las necesidades de la caja fiscal. Yo lo apoyo en esto y no solo porque es necesario mantener la recaudación. También porque si bien creo que en un país con una geografía como la nuestra y con niveles de tráfico aéreo relativamente reducidos, la aviación aún necesita de medidas de promoción, dudo de que la política tributaria sea la herramienta correcta. Más aun cuando no está claro si las exoneraciones generaron algún efecto importante mientras estuvieron vigentes.

Pero si el objetivo es defender la caja fiscal y ampliar la recaudación, ¿dónde está la antielusiva?

Como se recordará, en el 2012 el Gobierno promulgó un decreto legislativo mediante el cual incorporó una norma antielusiva general al Código Tributario. Esta tiene por objeto penalizar el armado de esquemas corporativos artificiales (que usualmente involucran empresas cascarón en diversos paraísos fiscales) que tengan como fin dejar de pagar impuestos. Meses después, en julio del 2014, ante el (razonable, creo yo) temor de que la Sunat pudiese abusar de esta norma, el Congreso suspendió su implementación hasta que el Ejecutivo estableciera criterios claros de aplicación. Después de larguísimas discusiones técnicas, el decreto supremo que los establecía estuvo listo a mediados del 2016, pero no fue promulgado por pedido expreso de quienes asumirían la conducción del Estado pocas semanas después. La idea era analizar los criterios bajo otra mirada y aprovechar la mayor legitimidad de cualquier gobierno entrante (lo cual es razonable), pero ya han pasado 15 meses desde que se inició esta administración y el decreto supremo aún no se promulga.

Sería bueno que la ministra de Economía informe sobre el estado actual de la antielusiva. Quince meses es un período más que suficiente para hacer cualquier ajuste. Y si la intención es no implementarla, debería explicar por qué. De poco sirve suscribir convenios como el de la semana pasada si sigue siendo legal usar tinglados para eludir el pago de impuestos.

Las normas antielusivas son siempre controversiales y pueden ser una papa caliente en términos políticos. Si es por ello que esta no se promulga, habría que recordar que el Congreso ya la discutió y accedió a que sea el Ejecutivo quien determine sus criterios de aplicación. No cabría pedirle ahora a los congresistas que lo hagan ellos. Así que, le guste o no, al Gobierno solo le queda agarrar esa papa y comérsela, por más caliente que esté. Es lo que le toca hacer.