Condenan a Rómulo León a cuatro años de prisión por el Caso Hospitales

La jueza Nayko Coronado, del Tercer Juzgado Unipersonal de Lima, leyó este viernes un resumen de su sentencia en la que se condena al ex ministro del primer gobierno aprista Romúlo León y al empresario dominicano Fortunato Canaán a 4 y 5 años de prisión efectiva, respectivamente, por el delitos de colusión en el denominado Caso Hospitales.

El juicio oral se inició en julio del 2017 y en él también estuvo procesado el ex director general de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Salud Luis Sifuentes Valverde, quien ha sido condenado a siete años de prisión. 

El fiscal José Domingo Pérez estuvo a cargo de investigar el caso desde el principio. Tras las correspondientes investigaciones, llevó el caso a juicio oral, el mismo que se inició el 18 de julio del 2017. Por dicho proceso, pidió una pena de cinco años y cuatro meses de prisión contra Rómulo León y Fortunato Canaán.

La fiscalía atribuyó a Fortunato Canaán haber querido beneficiarse irregularmente con la licitación de proyectos de construcción de hospitales entre el 2007 y 2008 con la colaboración de Rómulo León.

También se mencionó que en el año 2007, durante el segundo gobierno de Alan García, había siete proyectos bajo el sistema de inversión pública para construir hospitales en Lima e Ica.

La fiscalía sostiene que Canaán diseñó un proyecto con la intención de que su empresa Fortluck se adjudicara y ejecutara esos proyectos.

A la lectura del resumen de la sentencia no se presentó Rómulo León, quien se encuentra delicado de salud desde mayo. Su abogado José Orrego informó que ha sufrido tres infartos cerebrales y tiene gran parte de su cuerpo paralizado.

En su caso, la pena entrará en vigencia una vez que sea confirmada  la sentencia por una sala superior. Cabe anotar que la defensa del ex ministro de Pesquería recién podrá presentar un recurso de apelación el próximo miércoles, en la audiencia en la que se leerá el fallo completo. 

Tampoco se hizo presente Canaán, quien radica en República Dominicana. A este se le impuso también una reparación civil de S/200.000.  Para él se ha pedido su ubicación y captura.