Lucha contra la delincuencia: La agenda sobre la seguridad ciudadana no avanza en el Congreso | INFORME

El pleno temático de setiembre pasado representaba una gran oportunidad del Congreso para meterse en la agenda de seguridad ciudadana. Sin embargo, lo único que se destacó en la jornada fue la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Es con base en esta delegación que el Gobierno emitió un decreto legislativo con una pena más severa para el robo de celulares.

Además de la delegación de facultades, se aprobó una norma declarativa y dos modificatorias a normas ya existentes, siendo una de estas la referida a los alcances de responsabilidad penal en los casos de legítima defensa.

Esta última fórmula fue aprobada pese a que en el dictamen se consignan las opiniones técnicas del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público, las cuales coinciden en que la propuesta no es viable. La autógrafa recién fue remitida hace dos semanas, por lo que el Ejecutivo tiene hasta el 13 de noviembre para promulgarla, observarla o no pronunciarse y dejar que el Congreso la publique en el diario “El Peruano”.

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El otro grupo

La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana

 El Congreso tiene una Comisión Especial de Seguridad Ciudadana que, si bien no posee facultades para dictaminar, podría presentar iniciativas a la Comisión de Defensa Nacional.

Al ser consultado sobre qué temas deberían priorizarse, el equipo del legislador Alfredo Azurín (Somos Perú), titular del grupo, indicó que su labor está centrada tanto en la “fiscalización” como en “la corrupción de los ascensos de coroneles a generales en la PNP”.

Más allá del pleno temático, el Congreso no ha brindado mucho espacio en su agenda para la seguridad ciudadana. Tras una revisión del acervo documentario de la Comisión de Defensa Nacional —el grupo especializado en la materia— se pueden observar cuatro normas aprobadas.

Entre las fórmulas que se convirtieron en ley se encuentra la que autoriza el uso de armas no letales por parte de serenos. Sin embargo, la ley fue cuestionada por diversos alcaldes de Lima debido a que se modificó el texto para retirar equipos como las pistolas de descarga eléctrica o de perdigones, y solo se autorizó el uso de chalecos, gas pimienta y bastones tonfa.

Otra de las normas aprobadas es un dispositivo declarativo —no vinculante— para la participación de mototaxistas en el apoyo a la labor de seguridad ciudadana.

En agenda, la Comisión de Defensa tiene fórmulas para debatir en el pleno, pero algunas permanecen estancadas. En enero pasado, el grupo de trabajo aprobó el dictamen para autorizar al Gobierno a restringir el transporte de pasajeros en motocicletas como una medida excepcional. En setiembre esta fórmula se incluyó en la agenda del pleno, pero aún no se debate.

Otros proyectos continúan en la Comisión de Defensa sin tener todavía dictamen para ser elevados al debate en el pleno. Este es el caso de la iniciativa del Poder Ejecutivo para crear una policía del orden, el cual lleva 90 días sin ser dictaminado. Para autoridades locales como Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar, esta iniciativa es la más importante entre las que están pendientes en el Parlamento.

“Necesitamos más presencia policial en las calles, que que vaya de la mano y forme parte de un plan integral contra la delincuencia liderado desde el gobierno”, señaló Allison a este Diario.

Antes del proyecto del Ejecutivo, la legisladora Digna Calle (Podemos) había presentado uno que proponía crear la policía municipal. En noviembre esa propuesta cumplirá seis meses sin ser debatida, pese a que fue un tema replicado por el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Consultada sobre las prioridades de la Comisión de Defensa antes de que acabe el año, la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País), presidenta del grupo, informó a El Comercio que tienen en agenda la iniciativa de la policía del orden, además del fortalecimiento de las juntas vecinales, algunas precisiones sobre la calidad migratoria, modificaciones a la normativa sobre reglas de empleo y el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, así como cambios a la legislación de la Policía Nacional para “mejorar su organización”, lo cual se vería en la próxima sesión de la comisión.

El Congreso también tiene en agenda proyectos de otras entidades como la Municipalidad de Lima, que ha presentado iniciativas para tipificar el “terrorismo urbano” y la expulsión de extranjeros.

Ambos proyectos han sido calificados como “inadecuados” por el alcalde Allison. “El primero, respecto al terrorismo urbano, sin darse cuenta baja las penas a varios delitos”, acusó.

A su vez, el legislador Diego Bazán (Avanza País) ha propuesto incorporar el delito de “terrorismo apolítico” en el Código Penal.

Otros congresistas vienen preparando nuevas iniciativas. Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) adelantó que presentará un proyecto para devolver a la Policía Nacional la facultad de la investigación criminal.

“La fiscalía no sabe investigar, es un desastre. Esta semana [de representación] he estado con policías y es unánime la queja sobre las dificultades que tienen con fiscales que no saben investigar o se demoran. Se requiere un cambio en el Código Procesal Penal”, manifestó el legislador fujimorista, quien aseguró que esta propuesta se viene discutiendo desde el 2020.

También anunció una iniciativa para reforzar a la Sucamec. “Hay choferes de combis que sacan licencias y venden armas”, denunció.