El 28 de febrero, Gerardo Sepúlveda acudió a la citación del equipo especial para que participe en una diligencia de reconocimiento de documentos, vinculada al caso Westfield Capital, donde es investigado por presunto lavado de activos. (Foto: GEC)
El 28 de febrero, Gerardo Sepúlveda acudió a la citación del equipo especial para que participe en una diligencia de reconocimiento de documentos, vinculada al caso Westfield Capital, donde es investigado por presunto lavado de activos. (Foto: GEC)
María Isabel Álvarez

El Poder Judicial evaluará este martes un recurso con el que el equipo especial de la fiscalía busca que se dicte prisión preventiva contra el empresario chileno , por el caso Westfield Capital.

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Sepúlveda, a quien se le imputa lavado de activos, permanece en Lima, impedido de salir del país hasta el 26 de junio, por decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, para asegurar su declaración como testigo en el caso Interoceánica.

La Sala Penal de Evaluaciones escuchará al equipo especial y al abogado de Sepúlveda, Percy García, durante la audiencia donde se revisará la apelación de la fiscalía a la orden que dispuso restricciones contra el empresario y rechazó el pedido fiscal.

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A continuación un repaso por los incidentes e investigaciones que han marcado el proceso que Gerardo Sepúlveda afronta en el país.

El 27 de abril, fuentes de El Comercio informaron que Gerardo Sepúlveda quiso salir del país, pero Migraciones impidió el viaje. Según se pudo conocer, le indicaron que era el Poder Judicial el que debía determinar si el plazo transcurrido durante el estado de emergencia iba a ser contabilizado o no. Al final, se le amplió el impedimento para viajar.
El 27 de abril, fuentes de El Comercio informaron que Gerardo Sepúlveda quiso salir del país, pero Migraciones impidió el viaje. Según se pudo conocer, le indicaron que era el Poder Judicial el que debía determinar si el plazo transcurrido durante el estado de emergencia iba a ser contabilizado o no. Al final, se le amplió el impedimento para viajar.

Pedido de prisión preventiva en espera

En febrero de este año, el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó el pedido de prisión preventiva que presentó la fiscalía contra Gerardo Sepúlveda, requerimiento solicitado en el marco de las investigaciones por el caso Westfield Capital.

Una sala de apelaciones se encargará de revisar el recurso del equipo especial que busca revertir la orden dictada en primera instancia y que se determine la prisión preventiva, medida con la que fiscalía insiste desde abril de 2019.

De hecho, el Poder Judicial revisó el pedido fiscal 10 meses después de haberse presentado. El juez pudo programar audiencia luego de que Sepúlveda, quien residía en Santiago de Chile, acreditara a su defensa en Perú.

Cuando el juez Chávez rechazó el pedido de prisión preventiva, el empresario pasaba sus días en el país del sur. En esta ocasión, Sepúlveda aguardará la resolución sobre el requerimiento fiscal en Lima, donde cumple con impedimento de salida del país por su papel como testigo el caso Interoceánica.

Impedido de salir del país

Después de ser considerado como un testigo importante en el caso Interoceánica, el fiscal José Domingo Pérez solicitó una orden de impedimento de salida del país contra Gerardo Sepúlveda, que el juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundada.

El empresario permanece en el país desde fines de febrero de este año hasta la fecha. Cuando terminó el plazo de la medida otorgado por el juez, la fiscalía solicitó que se repongan los días que no pudo utilizar por el estado de emergencia en el país.

Ese plazo ha vuelto a ampliarse por unas semanas más, por lo que Sepúlveda deberá permanecer en el país hasta el 26 de junio. El impedimento de salida del país se dictó con el fin de asegurar las declaraciones de Sepúlveda como testigo en el caso de la carretera Interoceánica Sur.

Caso Westfield

Gerardo Sepúlveda es investigado por el caso de la empresa Westfield Capital y los pagos de la constructora brasileña Odebrecht. La fiscalía le imputa el delito de lavado de activos.

De acuerdo a la tesis fiscal, Westfield Capital, de Pedro Pablo Kuczynski, recibió dinero de Odebrecht para que el exmandatario ayudara a obtener la buena pro del Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil y el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, Trasvase e Irrigación Olmos cuando formaba parte del gobierno de Alejandro Toledo.

Para la fiscalía, Westfield Capital prestó el servicio de consultoría para la obra Interoceánica, a través de Gerardo Sepúlveda, quien ya ha manifestado que los trabajos que realizó para la empresa Odebrecht sobre el proyecto Interoceánica fueron “eminentemente técnicos”.

En un inicio, Sepúlveda fue considerado solo testigo del caso Westfield. Es así que en marzo de 2018 declaró ante el entonces fiscal a cargo del caso, Hamilton Castro, en Santiago de Chile.

Es por este mismo caso que Kuczynski cumple con una orden de arresto domiciliario.

TIEMPOS LEJANOS. Gerardo Sepúlveda acudió a la ceremonia de asunción al mando del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
TIEMPOS LEJANOS. Gerardo Sepúlveda acudió a la ceremonia de asunción al mando del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Caso Interoceánica

Es una investigación que se encuentra en su etapa final y que tuvo su inicio en febrero de 2017. El equipo especial indaga sobre los presuntos pagos ilícitos de Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo a cambio de facilitarle la buena pro de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur.

El exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, precisó que las coimas entregadas a Toledo no fueron solo US$20 millones como se dijo en un inicio, sino un total de US$31 millones.

La justicia considera que el testimonio de Sepúlveda es importante para esclarecer las presuntas negociaciones que se habrían dado entre Toledo y Odebrecht.

“Sin el testimonio de Gerardo Sepúlveda no se podrá garantizar el derecho a la verdad de la sociedad agraviada por el delito”, manifestó en su momento el fiscal José Domingo Pérez.

Una vez finalizadas con las últimas diligencias previstas en la investigación, como la declaración de Sepúlveda, el fiscal cerrará la pesquisa y formularía acusación contra Toledo y otros investigados.

Rutas de Lima

José Miguel Castro -hombre clave del caso Susana Villarán- señaló al equipo especial del Caso Lava Jato que recibió en agosto de 2013 a Raúl Pereyra, representante de Odebrecht y Gerente General de Rutas de Lima, acompañado del empresario Gerardo Sepúlveda, a quien presentó como su asesor financiero, según pudo conocer este Diario. (Archivo El Comercio)
José Miguel Castro -hombre clave del caso Susana Villarán- señaló al equipo especial del Caso Lava Jato que recibió en agosto de 2013 a Raúl Pereyra, representante de Odebrecht y Gerente General de Rutas de Lima, acompañado del empresario Gerardo Sepúlveda, a quien presentó como su asesor financiero, según pudo conocer este Diario. (Archivo El Comercio)

El empresario chileno también se ha visto implicado en otra investigación del equipo especial luego de ser mencionado por el exfuncionario edil José Miguel Castro, quien declaró en calidad de aspirante a colaborador eficaz por el caso Rutas de Lima.

Castro señaló al equipo especial del Caso Lava Jato que recibió en agosto de 2013 a Raúl Pereyra, representante de Odebrecht y Gerente General de Rutas de Lima, acompañado del empresario Gerardo Sepúlveda, a quien presentó como su asesor financiero, según pudo conocer este Diario.

MIRA: Lava Jato: ¿Cuál fue el papel de José Miguel Castro en el caso Susana Villarán?

“Ambos [Pereyra y Sepúlveda] solicitaban beneficios adicionales a la Concesionaria Rutas de Lima, que se materializarían en la Adenda de Bancabilidad”, dijo José Miguel Castro tras indicar que el municipio dejó abierta la posibilidad de elevar la tarifa para financiar las obras adicionales y posibles expropiaciones.

Agregó que Pereyra planteó la necesidad de implementar el concepto de “Puesta a punto” en las vías Panamericana Norte y Sur, lo que implicaba una inversión adicional de US$200 millones que serían ejecutados por Odebrecht, y pasaría a US$700 millones, “beneficiando a Odebrecht con la supuesta ejecución de esta infraestructura adicional y beneficiando a Gerardo Sepúlveda, Westfield Capital y Pedro Pablo Kuczynski que eran los comisionistas del cierre financiero”.

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