“No podemos como gobierno poner en tela de juicio lo que sostiene el Tribunal Constitucional”

— Usted acudió en representación del Perú a la ceremonia de investidura del presidente de Argentina, Javier Milei. Se vio que intercambiaron palabras. ¿De qué conversaron?

En el saludo al presidente Milei le ofrecí una calurosa felicitación de la presidenta Boluarte, pero esto vino precedido de una reunión con la canciller argentina [Diana] Mondino un día antes, esta cita que duró una hora y se repasó el estado de las relaciones bilaterales entre Argentina y el Perú y precisamos cuáles eran los puntos de interés de ambas partes. En los breves minutos que tuve para conversar con el presidente Milei, le ratifique el interés de incrementar las relaciones toda vez que Argentina inicia un período de apertura de su economía y comercio respecto al mundo […] También hemos acordado con la Argentina aumentar el nivel del diálogo político en función a intereses regionales.

— ¿Qué significa la elección y toma de poder de Milei para la región?

Un país de la región está ratificando que la democracia es el único camino para que los gobiernos tengan legitimidad y apuesten por las libertades, por los derechos humanos, por la integración económica y comercial y, de esa manera, puedan proyectar al mundo que somos una zona que prioriza el respeto a los derechos y libertades.

— El Perú ha tenido una buena relación con Colombia en las últimas décadas. ¿Se ha llegado a recomponer las relaciones con Bogotá tras los cruces de palabras entre Boluarte y Petro?

Ha habido un primer contacto informal en el marco de la transmisión presidencial del Ecuador entre el canciller colombiano y mi persona, en Argentina también tuvimos la oportunidad de un encuentro informal, de abordar qué pasos se podrían dar de buena fe para progresivamente restablecer las relaciones.

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— ¿Y en el caso de México? ¿Cómo evalúa el rol que tuvo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la crisis política y social peruana?

El gobierno del Perú ya se ha manifestado al respecto y lo que yo puedo decir como canciller es que lamentamos profundamente que dos países que están históricamente entrelazados y hermanados y que tenemos ideales comunes [continúen con discrepancias], este impasse con México sigue en donde se estancó hace largos meses, no vemos desde el Perú ningún indicio de mejora.

— Con Colombia y México se mantienen vínculos diplomáticos a nivel de encargados de negocios desde inicios de año. ¿Se evalúa el regreso de los embajadores a esos países?

Por ahora, no […] El canciller colombiano me ha manifestado su interés de aproximarse al Perú para que progresivamente restablecer un diálogo político que produzca un incremento de las relaciones bilaterales, pero lo que ha habido son encuentros casuales y no una reunión bilateral.

— Tras la no cita bilateral entre Boluarte y el presidente de EE.UU., Joe Biden, que había sido anunciada por la Cancillería bajo la conducción de su antecesora, ¿hubo una pérdida de confianza entre el Congreso y Torre Tagle?

Yo miro hacia adelante y cuando concurrí al día siguiente de haber sido designado canciller al Congreso me ofrecieron la oportunidad de sustentar la importancia de la presencia de la presidenta Boluarte en la APEC, lo que fue aprobado por el Parlamento, tuvo la más alta votación respecto a otros requerimientos. Nosotros estamos enfocados en el futuro.

— Boluarte no ha acudido a tomas de mando, como en Ecuador y Argentina, tras ese impasse con el Parlamento. ¿El Ejecutivo no ha tenido ánimo para solicitar nuevos permisos?

No es que falte el ánimo, sino que la presidenta prioriza la atención de las necesidades urgentes en el país, que son muchas. Y también las tomas de decisión respecto a lo que se dispone desde el gobierno para atender esas urgencias en la economía, seguridad alimentaria, coberturas sociales, y atención a los más vulnerables. Si uno observa la agenda de la presidenta, por ejemplo el último miércoles hubo un consejo de Estado regional, esa es la prioridad por la cual Boluarte ha decidido enfocarse en la solución conjuntamente con su Gabinete y encaminar algunas reformas, no es falta de interés respecto a lo que sucede en el mundo, sino es priorizar lo interno respecto a lo externo. Esto no quiere decir que no vaya a viajar el próximo año a algunas citas muy puntuales. El próximo año está previsto la concurrencia de la presidenta al exterior tres o cuatro veces, no más.

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— ¿Qué piensa Boluarte de América Latina y el rol que debe tener el Perú en la región?

La presidenta Boluarte se ha expresado en diferentes oportunidades y foros respecto a que América Latina, no puedo citar textualmente sus palabras, pero que es un subcontinente de enormes potencialidades que tiene mucho que ofrecer. Y ha hecho especial referencia a la apertura del Perú.

— Usted refirió que el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitución que ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori no representa el desconocimiento de las obligaciones del Perú “que se derivan de tratados internacionales”. Pero la titular de la Corte IDH pidió expresamente al Estado peruano abstenerse de ejecutar ese fallo. ¿No existe una evidente contradicción?

No, porque en las instancias del sistema interamericano de derechos humanos nunca se cuestionó al indulto como una facultad presidencial y en este caso la comunicación vino del presidente de la Corte IDH y se le dio una respuesta acorde al requerimiento. Y el requerimiento nos obligaba a cumplir el auto del Tribunal Constitucional porque de acuerdo al inciso 9 del artículo 118 de la Constitución, el Ejecutivo debe dar cumplimiento a las sentencias y resoluciones jurisdiccionales. No teníamos un margen de acción para incumplir con la Constitución. Pero también ratificamos nuestra voluntad e interés de seguir garantizando la vigencia de los derechos humanos.

Pero, permítame señalar que el Estado peruano ha indultado a lo largo de los últimos 20 años y haciendo la diferencia entre las condiciones de un condenado como Fujimori, de 85 años, ha indultado aproximadamente a 900 personas de distintos rangos de edad por delitos de terrorismo y traición a la patria, hay que poner en perspectiva lo que resuelve el Estado peruano, que debe cumplir con un criterio de racionalidad. Obviamente, los institutos que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos pueden seguir accionando y el Estado verá caso por caso las respuestas acordes. Y hay ejemplos en la región de pronunciamientos de los estados de manera soberana.

— Usted dice que no tenían margen de acción, porque la Constitución establece que el Ejecutivo debe cumplir con sentencias. Pero la misma Carta Magna reconoce los acuerdos internacionales. ¿Por qué pesó más la decisión del TC y no el llamado hecho desde la Corte IDH?

Porque en los estándares de los derechos humanos, una de las prioridades, diría yo la principal, es garantizar la vida e integridad de las personas. Y también existe en el derecho penal el principio de la reinserción, y más aún en el caso de una persona [Alberto Fujimori] que ha sido diagnosticada, tratada y operada siete veces por cáncer, con insuficiencia respiratoria e insuficiencia cardíaca. Pero no han sido esos los considerandos principales para que el Estado tome la decisión, sino hacer valer lo actuado por el Tribunal Constitucional.

Repito, dentro de los estándares de los derechos humanos, está los derechos de todos sin excepción, hay normativa internacional que establece que no se puede hacer discriminación por condiciones. Si se ha indultado en otros momentos a una cantidad importante de personas, incluyendo terroristas, por qué habría que tener un criterio distinto en adición a lo resuelto por el TC por una persona, que en este caso tiene condiciones muy especiales de salud.

— Diferentes expertos han referido que el Perú al no cumplir una sentencia de la Corte IDH de manera expresa, se ha puesto al margen del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Es así?

Yo discrepo de esas interpretaciones, porque si eso fuera de esa manera estaríamos en una situación de un estado inconstitucional, de un régimen no democrático, y estamos en un régimen constitucional que respeta los derechos humanos de todos los peruanos y de los extranjeros que viven en el país.

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— En su fallo, el TC sostiene que “queda fuera de competencia [de la Corte] ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional”. ¿Usted comparte esta postura?

Si lo dice el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución del Perú, y lo ha fundamentado, el Poder Ejecutivo no tiene nada que agregar ni que objetar al respecto.

— ¿Para usted, el TC está por encima de la Corte IDH? ¿Esta instancia supranacional no es jerárquicamente superior?

Nosotros nos hemos adherido a las instancias internacionales como Estado, pero el último intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional y, en el sentido que se ha pronunciado y que usted me ha citado, que [la Corte IDH] no tiene esas atribuciones [ordenar no ejecutar un fallo], qué puede decir el Poder Ejecutivo. Nosotros no podemos como gobierno poner en tela de juicio lo que sostiene el Tribunal Constitucional en esta materia.

— No es un secreto que una de las bancadas que respalda al gobierno en el Congreso es la de Fuerza Popular. Tienen 22 votos. ¿El cálculo político influyó más que el aspecto jurídico al momento de decidir acatar el fallo del TC sobre Fujimori?

Usted bien lo ha dicho, no es un secreto, si me permite corregirlo, no existe, no existe una coordinación del Ejecutivo y menos aún un cálculo en cómo repercute o no una decisión del gobierno con alguna bancada en especial cuando tiene que respetar lo resuelto por el Tribunal Constitucional.

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— Usted, en una columna que escribió en El Comercio, cuestionó duramente el informe de la CIDH sobre las protestas contra el gobierno de Boluarte y el Congreso. Afirmó entonces que era “una inaceptable violación a nuestra soberanía política”. ¿Se reafirma en esta postura?

El informe omitía algunas verdades de la realidad peruana y calificó de “masacre” y que hubo ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias [en las protestas], y eso no existió jamás, porque eso significa una acción sistemática del Ejecutivo o del Estado. Por eso, califique de esa forma al informe entonces y no veo elementos por los cuales yo tuviera que rectificar lo que suscribí.

El documento no se pronuncia con toda claridad y condenando los actos que fueron materia de violencia por quienes, pese al estado de emergencia, quemaron instalaciones públicas, comisarías, edificios de autoridades judiciales y que corrieron a militares a un río que término cargándose con la vida de estas. Es un informe que decía medias verdades. No existió ni jamás podría existir en un estado democrático una política que perseguía una masacre.

— El informe calificó como “masacre” las muertes en Ayacucho. Este y otros casos aún están siendo objeto de investigación en la fiscalía…

Según la RAE, una masacre es una matanza conjunta de personas, generalmente indefensas. ¿En algún momento en la televisión se pudieron ver imágenes de una matanza conjunta? Jamás. ¿Se pudo decir que eran personas indefensas en términos generales? La policía tenía órdenes en su momento de prácticamente contener, vimos cómo quemaron un edificio en el centro de Lima y fuera de la capital acciones muy violentas.

— ¿El Perú debe renunciar al pacto de San José? ¿El gobierno lo evalúa?

No está en la agenda del gobierno del Perú [una renuncia al pacto de San José].

— ¿Usted tiene una postura sobre este tema?

La postura de Javier González-Olaechea no es la postura del canciller del Perú. Sin embargo, no me desdigo de una sola palabra de lo que suscribí en el artículo “El informe”. Pero mi obligación como canciller es continuar con la política de defensa de los derechos humanos de forma integral y objetiva. Y responder con argumentos cualquier señalamiento, principalmente si proviene del exterior.

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— ¿Le preocupa que en el Congreso haya diferentes proyectos que buscan la renuncia al pacto de San José?

El Ejecutivo y la cancillería en especial en esta materia respetan lo que pudiera ser cualquier iniciativa de un legislador, de una bancada o de varias bancadas respecto a la política exterior, en su momento cuando pidan la opinión consultiva de la cancillería la ofreceremos formalmente.

— Usted ha sido crítico de la izquierda, y ahora trabaja para un gobierno que surgió de un partido de esa tendencia. ¿Se siente cómodo en este Ejecutivo? ¿De qué corriente es la presidenta Boluarte?

El gobierno que preside Dina Boluarte es constitucional y ha sabido desde el principio interpretar cuáles son las urgencias nacionales y con esa orientación ha ido a los foros, especialmente APEC, y ha sostenido claramente que el Perú es un país que respeta el tratamiento de inversión extranjera en igualdad de condiciones que la inversión nacional. Ha sostenido que el país necesita y abraza el libre comercio. Yo no puedo estar menos de acuerdo con esa visión. No tengo ni fue materia de mi primera reunión con el primer ministro y luego con la presidenta, no tengo ninguna discrepancia con la visión con la que hoy manifiesta el gobierno tener con el mundo y las inversiones.

— ¿Por qué el gobierno no ha sentado o expresado una posición sobre el enfrentamiento que existe entre el Congreso y la JNJ?

Porque respetamos los fueros de cada institución, en este caso del Congreso y de la JNJ, el Ejecutivo hoy no tiene nada que añadir.

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— Cómo se podría interpretar si el Congreso termina destituyendo a todos los miembros de la JNJ. La junta ha advertido que esto sería un quiebre al orden democrático…

El Congreso tiene facultades exclusivas y excluyentes respecto a los magistrados de la república en el caso de su remoción. Como canciller yo no puedo ni debo pronunciarse sobre lo que resuelva el Congreso sea en un sentido u otro. Solo puedo decir que estando dentro de sus facultades se ratifica el estado democrático del Perú decida lo que decida.

— Dentro de la libertad de expresión que tienen las autoridades del Ejecutivo, ¿no puede sentar una postura sobre este conflicto?

El Ejecutivo no tiene libertad de expresión, el Ejecutivo gobierna al país y lo hace interpretando el sentir de las necesidades nacionales. No son opiniones sueltas, el Ejecutivo cuando lo estima pertinente se manifiesta y a través del presidente del Consejo de Ministros, que es el vocero del gobierno frente al Congreso.

— ¿Puede ser la Cumbre APEC 2024, que se realizará en Lima un factor diferencial para la reactivación económica?

El Perú ejerce la presidencia de la APEC desde hace dos semanas. Ya se han iniciado los primeros pasos formales, se van a tener más de 130 reuniones que tendrán lugar en Lima, Arequipa, Trujillo, Pucallpa y Urubamba (Cusco). Es una larga operación y representa un gran esfuerzo del Estado peruano que cumple con su palabra ofrecida. Todo esto va a terminar en la cumbre que se realizará en noviembre próximo. Y yo estimo que va a ser histórica por el nivel de participación y por la agenda que hemos propuesto […] Será la gran oportunidad, después de varios años de inestabilidad y de indefiniciones, respecto a la importancia de la inversión privada para que culmine en un proceso de reinserción económica internacional del Perú.

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— Usted le propuso al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, un Plan Perú para combatir la criminalidad transfronteriza. ¿Obtuvo una respuesta concreta? ¿Cómo es que se aplicaría?

Con el secretario de Estado Blinken tuvimos un encuentro formal, con el staff mayor de su secretaría, un diálogo muy sincero y productivo, donde se ha reafirmado la calidad de ambas partes como socios estratégicos. A nosotros nos preocupa la producción y la exportación de la cocaína y sus derivados, por eso le planteé la posibilidad de tener un Plan Colombia adecuado a nuestra realidad nacional. Yo estaría viajando en febrero para mantener la relación al alto nivel y para darle contenido y forma a este acuerdo que espero podamos suscribir. El Perú es un país exportador de cocaína y Estados Unidos tiene a una población que demanda la droga.

— En concreto, ¿qué significa la aplicación de un eventual Plan Perú? ¿Se daría el ingreso a tropas estadounidenses?

No lo hemos discutido, y si se presentará el caso seguiríamos el camino establecido por la Constitución, que el Parlamento autorice el ingreso de personal especializado para capacitar a la policía y las Fuerzas Armadas, necesitamos equipamiento de alta tecnología y muchas cosas de las cuales el Perú carece.

— ¿Cuál es la postura de Torre Tagle frente al conflicto entre Israel y Palestina?

La misma que históricamente plantea desde 1947 la resolución de las Naciones Unidas, a través de la cual se reconoce el derecho de los pueblos de Israel y de Palestina a tener dos estados. Con respecto al conflicto actual, el gobierno peruano ha expresado su preocupación condenando el terrorismo venga de donde venga, en este caso de Hamás. En Buenos Aires tuve una visita que me realizó el canciller de Israel en la embajada peruana allá, y hemos hecho un llamado al cese al fuego, y a sostener un corredor humanitario y a evitar las víctimas civiles, así como una pronta resolución del conflicto de forma pacífica. El canciller de Israel valora nuestra posición. Estamos a toda disposición de colaborar con cualquier mecanismo.

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— El primer año de gobierno de Boluarte no solo ha estado marcado por las muertes en las protestas, sino también por la recesión y los altos índices de inseguridad. ¿Al gobierno le ha faltado autocrítica ante estos resultados?

El primer año de gobierno de la señora Boluarte no ha estado marcado por las muertes que hemos lamentado. Y en lo que le corresponde al Ejecutivo se ha iniciado procesos de investigación y eventualmente de sanción de manera individualizada en lo que comprende a las fuerzas del orden. El gobierno progresivamente se ha ido consolidando respetando los fueros institucionales y manifestando su voluntad de tener una mayor presencia en el escenario internacional. Esto se ha fortalecido con una nueva cancillería.

— Solo el 9% aprueba a la presidenta Boluarte, de acuerdo a Datum. ¿Qué piensa sobre la poca popularidad de la jefa de Estado?

Las encuestas normalmente reflejan un estado de situación, yo como canciller no puedo poner en tela de juicio este estudio de opinión. Lo único que puedo afirmar es que observo que el Ejecutivo está tomando acciones, por ejemplo se ha aumentado las penas sobre el robo de celulares. También las fuerzas del orden han capturado al menos 900 bandas u organizaciones criminales entre enero y noviembre, esto prácticamente debe ser un récord histórico. Y, subrayo, que desgraciadamente algunas disposiciones de las autoridades del Poder Judicial han liberado a mucho de los capturados y eso no preocupa y merece un llamado a la reflexión.