Juez dicta 18 meses de prisión preventiva para José Miguel Castro

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex gerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima José Miguel Castro.

Castro, ex hombre de confianza de la ex alcaldesa Susana Villarán, es investigado junto con ella por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho pasivo y asociación ilícita para delinquir.

El juez sostuvo en su resolución que se cumplían los requisitos para dictar una prisión preventiva contra Castro. Precisó que hay graves y fundados elementos de convicción de la responsabilidad del ex funcionario edil.

Igualmente, el magistrado indicó que había sobrados ejemplos de la existencia de peligro procesal. No solo porque Castro no cumplió con asistir a varias citaciones de la fiscalía, sino también porque ha ejercido presión en los testigos, ya sea atemorizándolos o instruyéndoles en qué forma deben declarar.   

Sobre su decisión de otorgar la prisión preventiva por 18 meses y no por 36 meses como solicitó la fiscalía, manifestó que un año y medio resulta razonable. Dijo que se da los tres años cuando se formaliza una investigación preparatoria. Precisó que este caso la investigación se formalizó hace casi un año, está avanzada y ya está identificada la ruta del dinero. "Un año y medio parece razonable para terminar la investigación", acotó.

La defensa de Castro apeló la resolución del juez. La representante del Ministerio Público también interpuso ese recurso contra la medida dictada por el magistrado. Terminada la audiencia, el ex gerente municipal fue conducido a la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)-

La fiscalía le imputa haber solicitado dinero a las empresas Odebrecht y OAS para la campaña contra la revocación y para financiar el intento de reelección de la ex burgomaestre, hasta por la suma de $10 millones.

-Nuevos elementos-

La fiscalía presentó cerca de una decena de elementos nuevos para sustentar la variación de la comparecencia con restricciones por la de prisión preventiva de 36 meses, contra del ex gerente municipal de Lima, José Miguel Castro, por la presente solicitud y recepción de dinero presuntamente ilícito de Odebrecht y OAS.

Entre los nuevos elementos resaltan las declaraciones de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los proyectos Rutas Nuevas de Lima y Línea Amarilla, el informe 033-2014 sobre Vías Nueva de Lima y las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces 101-2019, 105-2019, 110-2019, 120-2019 y 130-2019.

La fiscal adjunta del Equipo Especial recordó que según las planillas de contabilidad entregadas por Odebrecht, aparece el codinome "Budián", que según funcionario de la misma empresa correspondía al nombre de José Miguel Castro. Dicho seudónimos estaba vinculad a montos de dinero bajo el programa Vías Nuevas de Lima.

La fiscalía sostiene que, según el aspirante colaborador 101-2019, Castro Gutiérrez, pidió "entrega de recursos ilícitos para la campaña del No de Susana Villarán” por medio de contratos en Brasil a Valdemir Garreta y la empresa Ogilvi; además de los ingresos de dinero a través de Luis Gómez Cornejo.

Además, dijo la fiscal, según aspirante a colaborador 120-2019, fue Castro Gutiérrez quien señaló a César Meiggs Rojas como la persona con quien se iban a realizar los contratos ficticios para hacer el link de la entrega de dinero. Mientras que el aspirante a colaborador 130-2019 ratificó que Castro Gutiérrez acordó ayudar a OAS para resolver los impases de la Línea Amarilla

La fiscalía explicó que en casa de José Miguel Castro, durante un allanamiento del 25 abril del 2019, se halló una tarjeta a nombre de César Meiggs Rojas y de la empresa CMR. Es decir, la misma persona señalada por Castro para recibir dineros de OAS, según el aspirante a colaborador.

A ello, se suma el hallazgo de una tarjeta con el nombre de Lima No Puede Parar y esto verifica que Castro sí tenía que ver con la campaña a la revocatoria, pese a que él lo negó.

Sobre el delito de lavado de activos, dijo la fiscal, se corroboraría en el caso del No a la Revocatoria, con los pagos realizados a los publicistas extranjeros Luis favre y Valdemir Garreta. También con los contratos ficticios con Ogilvy.

Mientras que, en el caso de la reelección del 2014, sobre el dinero de OAS, la fiscalía presentó los contratos con CMR y Constructora y Consultores Generación de César Meiggs y el ingreso de dinero a través de Luis Gómez Cornejo vía los ‘doleiros’.

En la prognosis de pena la fiscal le imputa concurso real de delitos de asociación ilícita, cohecho y lavado de activos lo cual lo llevaría a cumplir una pena probable mayor a 15 años.

Para sustentar el peligro procesal, la fiscal indicó que en otras investigaciones que no están vinculadas a Lava Jato, Castro Gutiérrez no asistió a rendir su declaración o pedía la reprogramación de la misma.

“Otra muestra del comportamiento procesal de que el señor Castro Gutiérrez querría sustraerse de la investigación, es la transferencia de su vivienda a su cónyuge”, indicó la fiscal. Acotó que dicha transferencia se hizo cuando el ex gerente municipal ya estaba siendo investigado por los aportes de Odebrecht y OAS.

Sobre el peligro de obstaculización, la fiscal rescató la entrevista de Susana Villarán, donde Villarán aceptó responsabilidad de OAS y Odebrecht.

"Entonces, existían coordinaciones de lo que se iba a decir para generar coartadas frente a la investigación del Ministerio Público", dijo la fiscal.

También presentó el informe sobre el audio de conversaciones entre Villarán, Castro y Prado.

"Existían coordinaciones de los investigados sobre hechos de la investigación y hechos de lo declarado por terceras personas", dije la fiscal.

Sobre lo declarado por el colaborador 145-2019, aseveró la fiscal, Oscar Vidaurreta (gerente de Ogilvy) escribió en un documento afirmando que Castro fue quien lo contrató para sus servicios publicitarios. Fue por ello que Castro le reclamó y le dijo por qué lo involucra.

El colaborador narró que José Miguel Castro lo citó al Hotel Park Plaza en agosto del 2018, donde "le instruyó que diga que solo lo conocía de una reunión social y le dijo que sus abogados lo iban a acompañar en declarar lo cual generó temor al declarante".

Agregó la fiscal que el aspirante a colaborador 140-2019, también "corrobora que Castro Gutierrez presionaba y amenazaba a OAS, que si no se le pagaba tenía los medios para hacerse pagar".

►Villarán: Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva
►Villarán: "No soy de las personas que se fugan, ni evaden a la justicia"

-No se incrementó peligro-

A su turno, Benji Espinoza Ramos, abogado de Castro Gutiérrez, no rebatió los elementos de convicción presentados por la fiscalía. Sin embargo, sí cuestionó los elementos vinculados al riesgo procesal (peligro de fuga y obstaculización).

En esa línea, el abogado sostuvo que según la norma, para variar una comparecencia por prisión preventiva, debe tomarse en cuenta elementos nuevos desde que se dictó la comparecencia del imputado.

Por tanto, aseveró, en la investigación del caso Odebrecht, Castro Gutiérrez cumplió las normas de le impuso el Poder Judicial tras dictar la comparecencia que se le impuso en 2018 y acudió a todas las citaciones del Equipo Especial.

El abogado remarcó que las declaraciones de los aspirantes a colaborador 140-2019 y 145-2019, son de ayer y hoy. Y que, estos no afirman haber sido intimidades o que sus declaraciones evidencien obstaculización de parte de su patrocinado.

Sobre el audio grabado por Gabriel Prado junto a Susana Villarán y José Miguel Castro, sostuvo que este estaría editado y agregó que "no hay prueba pericial y que la voz no corresponde a mi cliente".

"No se ha incrementado sustancialmente los elementos para acreditar peligro de obstaculización (…) No hay evidencia de peligro procesal”, dijo Espinoza para agregar que por ello no se puede dictar prisión preventiva en contra de Castro.

José Miguel Castro, quien hizo uso de la palabra, aseveró que su conducta “ha sido impecable”.

Castro aseguró que cometió “errores” que deberá “afrontar ante la justicia” y aseveró que se cometerá ante la justicia.

"Quiero pedir disculpas a las personas afectadas de mi entorno. Yo asumo la responsabilidad de forma personal que es lo que corresponde", dijo ante el juez Chávez Tamariz.

Aseguró no haber sido parte de “un pacto de silencio” junto a sus coprocesados Susana Villarán y Gabriel Prado.

Además, confirmó haberse sometido a un proceso de colaboración eficaz, pero que este no llegó a buen puerto.

"Hace dos semanas acepté someterme a un proceso de colaboración con la fiscalía. Desafortunadamente, este proceso colapsó el lunes en la noche, cuando ya teníamos un cuerdo con la fiscalía", afirmó.

Economista e hijo del ex diputado de Izquierda Unida Julio Castro, el ex gerente general de la Municipalidad de Lima tuvo conocimiento detallado sobre la inversión en infraestructura de la comuna.

De acuerdo a la fiscalía, José Miguel Castro fue quien negoció que Odebrecht entregue US$3 millones y OAS pague US$7 millones. La fiscalía asegura que él era la persona que se encargaba de coordinar la campaña en la que Villarán se jugaba su cargo de alcaldesa.

Jorge Barata ha declarado a los fiscales peruanos que cuando empezó el proceso de revocatoria contra Villarán (fines del 2012) recibió una llamada de Castro para reunirse con él en la Municipalidad de Lima. El ex jefe de Odebrecht en Perú acudió junto a Raúl Ribeiro, representante del consorcio Rutas de Lima, pues pensaba que iban a hablar sobre el proyecto Vías Nuevas de Lima.

Aquel día, Castro le habría pedido una contribución de US$3 millones. Ribeiro ha confirmado que Castro le hizo ese pedido a Barata. El dinero se distribuyó de dos maneras: US$2 millones se pagaron al publicista de la campaña Valdemir Garreta y US$1 millón se pagó en efectivo a Castro, según Barata.

Al inicio de la audiencia del martes, Castro anunció que su abogado José Orrego había renunciado a última hora a encargarse de su defensa legal. El juez Chávez Tamariz dispuso que en dicha sesión el ex funcionario edil sea asistido momentáneamente por un defensor público y que para la audiencia del miércoles consiga un letrado particular de su confianza.

El juez advirtió a Castro que su nuevo abogado tiene que estar al tanto de su caso y que si en la audiencia del miércoles pide tiempo para prepararse, "sencillamente lo excluyo y continúo con la defensa pública que fue designada", enfatizó.

Cabe anotar que si bien la fiscalía ha requerido 36 meses de prisión preventiva para Castro, lo más probable es que, en el caso de que el juez decida variarle la actual comparecencia, le dicte prisión preventiva pero solo por 18 meses, al igual que lo dispuesto a Villarán. El magistrado considera que es un tiempo prudencial porque la investigación está bastante avanzada y no requerirá de tres años para su finalización.