Jorge Barata ratifica aportes de campaña por más de US$ 7 millones: Todo lo que dejó su testimonio

Desde el estallido del caso en el 2016, el exdirectivo ha sido frecuentemente señalado por su cargo durante ese años como el principal testigo de esta compleja trama de corrupción en el Perú. Y si bien ya había declarado en varias ocasiones ante fiscales, procuradores y abogados de los procesados, al rompecabezas del caso Odebrecht aún le faltaba una pieza estelar: su primera declaración en un juicio desarrollado en el Perú e impulsado por el equipo especial Lava Jato.

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La constructora brasileña, Jorge Barata y otros tres exdirectivos de Odebrecht firmaron en el 2019 un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía y la procuraduría peruana, el cual fue aprobado ese mismo año por el Poder Judicial. Como consecuencia, todos ellos están obligados a concurrir a las citaciones de la justicia peruana para dar su testimonio. Así, el exdirectivo cumplió con presentarse este jueves ante su citación como testigo en el juicio por el Metro de Lima.

En este proceso, la fiscalía acusa a Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García, y a otras ocho personas. Se les atribuye delitos de corrupción y lavado de activos en torno al presunto pago de más de US$ 8 millones de parte de Odebrecht para ser favorecida en los procesos de licitación de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima.

Sin embargo, su declaración también abordó cómo operaba la constructora para “conquistar” proyectos en el Perú que eran de particular interés para el gobierno o la autoridad de turno. En medio de esto, aseguró que algunos funcionarios solicitaban “pagamientos” o “contrapartidas” clandestinas a cambio de favorecerlos y que también recurrían a financiar campañas electorales, lo cual les “abría las puertas” al poder político.

En total, Jorge Barata ratificó que autorizó el pago de US$ 8,1 millones para que Odebrecht se haga con la licitación del Metro de Lima. Y en cuanto a aportes a campañas políticas, se refirió a la entrega de al menos US$ 7,2 millones y mencionó a cinco políticos: los expresidentes Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski; la excongresista y tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori; y a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

La audiencia fue ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, tribunal que preside la jueza Fernanda Ayasta y que desarrolla este juicio desde diciembre del 2022. Jorge Barata comenzó a declarar a las 9:50 a.m de este jueves. La cita era para las 9:00 a.m., pero antes de que se pueda comenzar el interrogatorio, el juzgado tuvo que rechazar dos recursos de la defensa del acusado Jorge Cuba para postergar la diligencia. Su argumento era que recién había conseguido un nuevo abogado, quien necesitaba más tiempo para leer todo el expediente del caso.

La presentación se hizo de forma virtual desde una oficina en Sao Paulo, Brasil. El exejecutivo, ingeniero mecánico de profesión y de 60 años de edad, estuvo acompañado por su abogado en ese país, Carlos Kauffmann. Luego de que dio sus datos y juró que iba a decir la verdad, el fiscal José Domingo Pérez pudo comenzar su interrogatorio, para el cual no requirió un traductor. Ante sus preguntas, Jorge Barata relató que Odebrecht ingresó al Perú a inicios de los ochenta y desde entonces “ejecutó más de 76 proyectos en el país”. En su caso personal, él llegó al Perú en 1997 para trabajar para la constructora, específicamente “en unos proyectos en el norte del país”.

En enero del 2001, asumió la jefatura de la empresa en el Perú bajo el título de “director superintendente”. “Teníamos varios contratos con diferentes instituciones, públicas y privadas [...] Llegamos a tener al mismo tiempo más de 17, dispersos a lo largo del país”, dijo . En el 2012, lo nombraron al frente de Odebrecht Latinvest, empresa de inversiones del mismo grupo para el Perú y otros países de la región, con sede en Lima. Dejó ese cargo y regresó a Brasil en el 2016, cuando la trama Lava Jato ya causaba revuelo en su país, pero no terminaba de estallar en el nuestro.

Como jefe de la compañía en el Perú, su función era “identificar las oportunidades de proyectos, de contratos, de negocios; identificar a las personas responsables para la conducción, conquista, ejecución de esos proyectos; gestionar toda la parte financiera, legal, administrativa del país; y hacer la interlocución de la empresa en el Perú con la empresa matriz en Brasil”. Sus jefes eran Marcelo Odebrecht, presidente del Grupo Odebrecht, y Luiz Antonio Mameri, presidente de Odebrecht para Angola y América Latina; mientras que debajo de él estaban los directores de contratos o proyectos. En el caso del Metro de Lima, ese cargo lo tuvo Carlos Nostre.

Según dijo, “conquistar” era participar de un proceso de licitación público o privado, competir con otras empresas y eventualmente ganar. En ese camino, interactuaban con entidades como ProInversión o los ministerios de Transportes, de Vivienda y de Energía y Minas, los “grandes contratantes de obras públicas en el país”. De sus largas listas de proyectos, Odebrecht identificaba cuáles les interesaban por su “importancia” y “trascendencia” para presentarse en las licitaciones. Agregó que la “trascendencia” la medían por la prioridad o el interés que mostraba el gobierno para sacar adelante la obra.

“Podría dar un ejemplo. El Tren Eléctrico había sido iniciado en el primer gobierno de Alan García y había sido interrumpido. Naturalmente, en cualquier ciudad del mundo con determinada cantidad de habitantes, son proyectos trascendentes los de transporte masivo. Sabíamos que era un proyecto que iba salir de todas formas, porque era importante y necesario para el desarrollo de la ciudad, y tenía la intensidad [sic] del gobierno. Era un proyecto [del] que este gobierno ya había sido responsable. Ya había sido este proyecto materia de crítica por ineficiencia por parte de un primer gobierno del señor García. Identificamos el Tren Eléctrico como un proyecto que iba a ser priorizado”.

Tras esto, Jorge Barata pasó a referirse a las actos ilegales que ya han sido admitidos por él y por la empresa. Para eso, dijo que en las licitaciones de algunos proyectos había personas o funcionarios, usualmente con puestos o vinculadas al gobierno, que “solicitaban que se pagara por algunos beneficios”. “Que se pagara para que pudiera tener alguna facilidad en el proceso de licitación, que pudiera tener alguna preferencia. Los pagamientos se daban cuando este tipo de acción o de actitudes de presentaban”.

Los “pagamientos” o “contrapartidas” eran a cambio de un “servicio prestado” que se buscaba ocultar. “Se podían hacer a través de dinero en efectivo o transferencias de empresas offshore, que estaban en paraísos fiscales [...] Teníamos un ‘doleiro’ que nos entregaba esos recursos y nosotros los entregabamos a la persona. ‘Doleiro’ es una persona que normalmente operaba con dólares, con efectivo, que recibe recursos fuera del país y lo trae en efectivo, de forma no registrada”.

Agregó que “había un Departamento de Operaciones Estructuradas en Odebrecht que era responsable de estas operaciones”. “Hacíamos una solicitud de determinados recursos para una determinada fecha y ese departamento tenía sus operadores que se encargaban de hacer llegar ese recursos a mi oficina. Lo traían en bolsas, lo traían en sobres, y nos entregaban en mi oficina. No tengo tanto detalle porque el Departamento de Operaciones Estructuradas hacía estas operaciones sin dejar mucha evidencia. No sabíamos quién lo iba a traer, cuándo lo iba a traer, pero sabíamos que íbamos a recibir el recurso en la oficina”.

Cuestionado por el fiscal, Jorge Barata indicó que se buscaba no dejar rastro porque eran pagos que no podían ser declarados ya que sus destinatarios finales “tenían conflictos de interés”. “Estaban trabajando para una institución pública y a la vez, estaban prestando algún servicio privado para nosotros. No podía haber evidencia de este pago. [Eran] normalmente funcionarios, personas que trabajaban con el Estado, que si se registrasen los recibimientos, iban a tener dificultades y problemas para justificar esos ingresos”.

Los “servicios” eran para ayudarlos a obtener ventajas en el proceso de licitación: darles mejores puntajes, condiciones de selección más exigentes para perjudicar a las empresas competidoras o plazos ajustados para “desmotivarlas”.

Pero si normalmente las entregas de “pagamientos” eran por esos “servicios”, Jorge Barata también dijo que estos también iban destinados a políticos. Según explicó, ellos tampoco querían ser “reconocidos o identificados como receptores de este recurso” y la empresa tampoco quería que se les identifique como aportantes para no dificultar que ganen futuras licitaciones: “Inmediatamente se iba a hacer la vinculación de los aportes con el proceso o iba a generar exposición a este persona”

Fue allí que el fiscal José Domingo Pérez le pidió especificar a qué campañas políticas se refería. “Hemos aportado a varias campañas políticas. Principalmente de presidentes, congresistas, alcaldes”. El abogado de Magdalena Bravo, una de las acusadas, objetó esta y otras preguntas del Ministerio Público referidas a aportes de campaña al no estar vinculadas a la acusación. Sin embargo, el fiscal defendió que se vinculaban a la comisión del delito de lavado de activos al tratar sobre la procedencia ilícita del dinero. “Hay una empresa que se dedica a actos ilícitos y por lo tanto, estamos graficando cómo se dieron estas actividades”.

El juzgado le dio la razón a la fiscalía y dio luz verde para que Jorge Barata responda las preguntas sobre aportes a campañas. “Hemos aportado a la campaña del señor [Ollanta] Humala, de la señora Keiko Fujimori, a la campaña del señor [Pedro Pablo] Kuczynski, a la campaña del señor Alan García, a la campaña en contra de la revocatoria de la doctora [Susana] Villarán. Esa son las que me acuerdo”, respondió el testigo. Consultado por los montos y receptores, indicó que “los montos han sido variados, de US$ 100 mil, US$ 200 mil, hasta US$3 millones”.

“Fueron varios montos distintos. Sin haber preparado o tener un papel con los montos exactos de cada campaña, temo que pueda estar cometiendo algún error. Me acuerdo del monto del señor Humala, que era US$ 3 millones; me acuerdo del monto de la señora Fujimori, que era US$ 1 millón; de la señora Villarán, US$ 3 millones. Los otros, exactamente, no me acuerdo”, afirmó. También refirió que no los todos aportes se entregaron con dinero en efectivo, sino también mediante cuentas offshore cuando los montos eran más significativos”.

En otro momento, refirió que tuvo una relación “bastante fluida, bastante próxima” con Alan García, presidente durante la licitación del Metro de Lima que ganó Odebrecht. Afirmó que esta comenzó en la campaña del 2001, cuando se lo presentaron a través de el excongresista Luis Alva Castro. “Hemos aportado a la campaña del señor García en dos veces, dos ocasiones. La primera campaña, si no me equivoco, ha sido US$ 200 mil [...] Una que no salió ganador y la segunda que sí salió ganador. No tengo claro exactamente los montos, pero no han sido montos como en otros campañas”, declaró.

Más adelante, uno de los abogados de los acusados le preguntó a Jorge Barata cuál era la finalidad detrás de los aportes a campañas. “Todos los empresarios financian las campañas de los partidos políticos, así sobreviven los partidos. La finalidad era apoyar a que puedan hacer sus campañas, expresas sus ideas, convencer a la gente y ser elegidos. Como consecuencia de esto, también se abrían puertas para tener una relación con el partido político y con los políticos”, replicó.

Jorge Barata también contó que durante su gobierno, Alan García solía visitar frecuentemente las obras que tenía Odebrecht y que las coordinaciones se hacían con su secretario, Luis Nava. En el caso particular del Metro de Lima, dijo que “le gustaba llegar de sorpresa a la obra para verificar cómo avanzaba. Se veía que era un proyecto que lo tenía muy preocupado, con bastante atención”. Sin embargo, dijo que si bien “hubo otros pagamientos al señor Nava”, estos no se relacionaron con ese proyecto.

La licitación de ese proyecto estuvo inicialmente a cargo de Proinversión. Según Jorge Barata, Odebrecht decidió no ser parte de la licitación en ese momento porque las condiciones estaban “desequilibradas”. Tras esto, aseguró, Alan García le preguntó por qué no participaron y él le explicó que las condiciones eran inviables. “Me preguntó también qué necesitaba para que este proyecto pudiera tener éxito. Yo debo haber dicho algunas condiciones que entendíamos que eran fundamentales para que la empresa pudiera visitar [...] El presidente tenía un estilo peculiar, normalmente decía ‘ustedes quieren las cosas muy fácil’.

Tras esto, la licitación pasó a depender del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El director del contrato destinado a ese proyecto era Carlos Nostre. De acuerdo con Jorge Barata, él le informó que el viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba lo buscó para hacerle una propuesta: favorecer a la empresa en la licitación del tramo 1 del Metro de Lima a cambio de US$ 1,4 millón. Indicó que aceptaron porque el pago recién se iba a hacer luego de que ganen el proceso, por lo que “no había mayor riesgo”. “¿Hubiéramos sido ganadores sin la ayuda del señor Cuba? Sí, es probable”, acotó.

El testigo sostuvo que la relación entre Jorge Cuba y Carlos Nostre se extendió hasta la licitación del tramo 2, donde también hubo un pago similar, pero esta vez de US$ 6,7 millones. Así, el total de los pagos habría sido de US$ 8,1 millones por ambos tramos. No obstante, en su declaración como testigo por este mismo caso semanas atrás, Carlos Nostre refirió que los montos fueron incluso superiores porque también hubo pagos directos a miembros de los comités de licitación.

En ambos casos, se consorciaron con la constructora peruana Graña y Montero. También afirmó que luego de la “conquista” de ambos tramos, dijo a Nostre que proceda con la entrega del dinero: “[Me dijo] que iba a empezar a hacer los pagos. Informé eso al Departamento de Operaciones Estructuradas para que los recursos se entreguen al señor Carlos Nostre para que pueda cumplir [...] Parte en efectivo, otra parte a través de transferencias en empresas offshore”.

El fiscal José Domingo Pérez cerró su interrogatorio luego de casi dos horas. Luego, ante una pregunta posterior de la Procuraduría del Caso Lava Jato, dijo que las ventajas ofrecidas por Jorge Cuba fueron ayudarlos con la calificación técnica para que obtengan un mejor puntaje. También dijo que el viceministro le mencionó que otras personas, del comité de licitación, lo “estaban ayudando” en el proceso, pero que no le informó si les pagó o no.

Por otro lado, sobre el cierre de la audiencia, otro de los abogados de los acusados le preguntó a Jorge Barata si Alan García expresamente “le ofreció entregarle la buena pro del tramo del Tren Eléctrico”. El testigo respondió que no, a pesar de que la fiscalía objetó la pregunta.

El juicio continuará el próximo jueves 14 de septiembre con la declaración de otro testigo brasileño: Luiz Eduardo da Rocha Soares, extesorero internacional de Odebrecht.

El monto atribuido a la campaña de Ollanta Humala es el mismo mencionado por Marcelo Odebrecht durante la investigación fiscal a la campaña del Partido Nacionalista del 2011, con la que fue elegido presidente. Dicho proceso actualmente está en fase de juicio oral, donde el equipo especial Lava Jato pide 20 años de prisión para el expresidente por lavado de activos. Jorge Barata ha sido citado a declarar como testigo de forma presencial en ese juzgamiento para el próximo 10 de octubre.

Jorge Barata, Marcelo Odebrecht y otros exdirectivos de Odebrecht fueron citados en cuatro ocasiones a declarar en el juicio de Ollanta Humala, pero las últimas tres fueron bloqueadas por recursos judiciales obtenidos en Brasil por la defensa legal de Ollanta Humala. Tras la última, ordenada por un magistrado supremo de dicho país, el juzgado del caso decidió el último lunes prescindir de la declaración de todos ellos y facultó a la fiscalía para que pueda leer las declaraciones que dieron durante la investigación. Pese a que así lo buscó el expresidente, no ocurrió lo mismo con Jorge Barata.

Consultado por el testimonio de Jorge Barata en el juicio por el Metro de Lima, el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, dijo a El Comercio que “no ha dicho nada nuevo, eso ya lo dijo antes, y nosotros hemos negado que haya ocurrido”. Agregó que su declaración “no tiene ningún efecto” en el juicio a su defendido. “No solo es un proceso diferente, sino, para que tenga valor, los defensores tendríamos que haber tenido la oportunidad de contrainterrogar. Es solo el dicho de antes, con ruido, pero, sin trascendencia procesal”.

En cuanto a Keiko Fujimori, el presunto aporte de US$ 1 millón es una parte central de la acusación con la que el fiscal José Domingo Pérez pide 30 años de prisión para ella por delitos de lavado de activos y organización criminal. El caso ya superó la etapa de control de acusación, la fase previa al juicio. Se está a la espera de que el magistrado Víctor Zúñiga emita su auto de enjuiciamiento para que se designe a un juzgado que vea el fondo del caso y programe el inicio del juzgamiento.

Sobre lo dicho por Jorge Barata en el juicio, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, dijo a El Comercio que “es la misma declaración que ha venido ofreciendo desde el inicio de las investigaciones, no es nada nuevo, es más de lo mismo. Sin haber sustentado ni corroborado en ningún momento un solo dicho”. “En una declaración anterior, el Sr. Barata ha indicado que no le consta que el supuesto aporte haya ingresado a las cuentas del partido Fuerza Popular. Es importante destacar que nunca pudo corroborar consistentemente a quien, cómo y dónde se habría realizado la supuesta entrega de dinero que refiere. Nada de lo que dijo sobre ello tiene sustento.

“El día de hoy [este jueves] Barata sostuvo que ni él mismo tenía conocimiento de que existía una operación estructura (conocida como Caja 2) mediante el cual se hacían supuestamente pagos a los funcionarios del Estado. En efecto, sostuvo que, recién tuvo conocimiento de este sistema luego de las investigaciones fiscales, afirmando que, no conoce si la contabilidad de la Caja 2 provenían de fuente ilícita [...] Indicó que las actividades ilícitas a la que se refería era, respecto al pago que hacían a los funcionarios del Estado para que le puedan apoyar en las licitaciones a las que se presentaba Odebrecht. Tema totalmente ajeno a Keiko”, afirmó.

En el caso de Susana Villarán, la exalcaldesa admitió en el 2019 haber buscado y aceptado los aportes de la constructora para su campaña del No a la Revocatoria, en el 2013. Sin embargo, negó haber cometido actos de corrupción. En agosto del año pasado, el fiscal Pérez pidió 29 años de prisión en su contra por presuntamente haber lavado US$ 11,2 millones de las brasileñas Odebrecht y OAS, tanto en esa campaña como la de su reelección en el 2014. El caso está hoy en etapa de control de acusación. Este Diario buscó la versión de su abogado ante lo declarado este jueves por Jorge Barata, pero no hubo respuesta.

Actualmente, la fiscalía investiga las finanzas de las campañas de Pedro Pablo Kuczynski en el 2011 y 2016. Su abogado, Julio Midolo, declaró a este Diario que el expresidente “desconoce que haya existido algún aporte de la empresa Odebrecht”. “Barata nunca ha declarado haberle entregado algo (no existe nada al respecto en su colaboración eficaz) y menos aún se ha presentado algún documento/prueba que acredite ello. La declaración testimonial que brindó -en un juicio que no tiene relevancia alguna con los temas por lo que se le investiga a PPK- es además totalmente gaseosa e imprecisa respecto a mi cliente”.

En el caso de Alan García, en todas las investigaciones que lo involucraban se extinguió la acción en su contra tras su suicidio en el 2019. Su abogado al momento de su fallecimiento, Erasmo Reyna, afirmó que con lo dicho en el juicio por Jorge Barata “ha quedado corrobrado que no entregó absolutamente nada a Alan García, ni como aporte ni como coima”.

“En ningún momento se ha afirmado que el pago de estas coimas para el Tren Eléctrico haya sido con destino para Alan García. Además, la obra nunca le fue prometida como que se le iba a adjudicar a esta empresa. Respecto a los aportes, ya fue señalado antes que la presunta entrega de dinero habría sido a Luis Alva Castro, no a Alan García. No hay forma cómo pueda corroborar este hecho Barata y menos aun pueda corroborar que este dinero haya sido entregado a la campaña de Alan García o al propio Alan García”, dijo . Agregó que es falso el supuesto aporte a la campaña del 2001 y que se contradice con declaraciones previas de él mismo.