¿Se cae el Lava Jato? Crónica de Fernando Vivas

Las cámaras estaban a la salida de la audiencia –que fue televisada- para inquirir al fiscal Germán Juárez Atoche, qué fue lo que se oyó en boca de la jueza Nayko Coronado ¿Cóoomo, que no llamen a Marcelo Odebrecht ni a su gente, que se borre todo lo que han dicho, queéee cooosa? Juárez hizo el ‘damage control’: Que los testimonios ya recogidos acá sí valen y que muchos se tomaron antes de recibir las pruebas de Drousys y MyWebDay que se cuestionan en Brasil; que no todo se basa en esos servidores de marras.

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Como para curarse, temporalmente, del susto; el fiscal José Domingo Pérez, del mismo equipo, pudo interrogar el jueves 7 a Jorge Barata sobre el caso de la Línea 1 del metro. Barata sí podía y debía hablar porque, a diferencia de los otros brasileros, tiene un acuerdo personal de colaboración eficaz con la justicia peruana. De paso, Pérez, aprovechando las preguntas de contexto, le pidió hacer el ‘name dropping’ de las campañas a las que contribuyó y que tienen a nuestra política judicializada hasta las cachas: Keiko, Alan, PPK, Ollanta, Susana Villarán fueron cantados, a capela, por Barata, algunos años después de que lo hiciera por primera vez.

El Lava Jato se tumbó a Lula, Lula renació, Lula se tumba al Lava Jato. Ese es el círculo vicioso en el que, si fuéramos deterministas, pensaríamos que estamos fatalmente atrapados. Como no lo somos, sabemos que hay factores que pueden relativizar, revertir o desviar el movimiento circular. Sin embargo, el ciclo se está cumpliendo. La justicia brasilera, espejo en el que se mira la peruana para este affaire, logró gran prestigio y fortaleza institucional, procesando a los más importantes políticos, incluido el ex presidente Lula. Que se pasara de la era del Partido de los Trabajadores (PT) lulista a la de su opuesto Jair Bolsonaro en el 2019; no permitió decir que fuese el fin de la ecuanimidad judicial.

De todos modos, que el juez más célebre de la ‘delacao do fim do mundo’, Sergio Moro, se convirtiera en ministro de Justicia de Bolsonaro, era una señal de que los principales actores de la justicia podían perder los estribos ante el poder. Moro sentenció a Lula a 9 años de prisión en el 2017 (se hizo efectiva entre abril del 2018 y noviembre del 2019), impidiéndole participar en las elecciones del 2018. La defensa del ex y a la vez futuro presidente no solo logró su libertad, sino que lo absolvió en marzo del 2022, dejándolo expedito para ganar las elecciones de ese año y esparciendo precedentes que fueron recogidos por otros procesados. El ‘contra Lava Jato’ ya estaba en marcha.

Un nuevo hito se dio en diciembre, cuando el juez Ricardo Lewandowski, el mismo que marcó el primer ‘contra hito’ a favor de Lula, dio un fallo que benefició a Geraldo Alckmin, actual vicepresidente brasilero. La defensa de Lula, de Alckmin y de otros procesados habían logrado introducir dos cuestionamientos medulares que fueron acogidos en algunos fallos en los últimos meses ¿Cuáles son? Que el acuerdo entre Brasil, Estados Unidos y Suiza que dio origen al proceso internacional del Lava Jato, tendría irregularidades; y que los sistemas Drousys y MyWebDay, donde se registraron las coimas y los coimeados con ‘codinomes’, habrían sido mal custodiados. Se difundió la narrativa de que fueron llevados de Suiza a Brasil en ‘sacolas’ (bolsas) de supermercado. Lo de las ‘sacolas’ pegó tanto, que el pasado miércoles 6, el juez José Dias Toffoli, puesto por la administración de Lula para presidir el Supremo Tribunal Federal (STF), ha dado una sentencia prohibiendo el uso de pruebas obtenidas de esos sistemas para todos los casos.

Toffoli ha ido más lejos. Folha de Sao Paulo cita las consideraciones del juez en su edición del viernes: “Tratou se de uma armacao fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos en seu objetivo de conquista del Estado por medios aparentemente legais”. Esa ‘armacao’, en otro pasaje, es llamada por el juez: “un verdadero ovo da serpente dos ataques a democracia”. Más allá de frases tan duras, aunque retóricas, la sentencia da municiones al contrataque: el juez pide a la PGR (Procuraduría General do Estado, equivalente a nuestra fiscalía) los nombres de los involucrados en lo que considera excesos, para que se les procese. ¿Podría pasar algo equivalente a todo esto en el Perú?

La pregunta clave que he dejado en suspenso se la hago a un peruano que nos ve de lejos, desde España, donde se dedica al análisis de los sistemas judiciales iberoamericanos. Luis Pásara me hace, primero, una observación tranquilizadora para los fiscales: “Ningún juez brasilero podrá decidir qué prueba es lícita o no en Perú. Será el juez peruano el que lo evalúe y lo decida”. Todo lo que dice a continuación sí es alarmante: “Pero el juez promedio se arredra ante quien tiene poder o ante quien podría volver a tenerlo. Si no tenemos jueces parados con pies firmes, que no sean mediocres, entonces no podemos esperar mucho”.

¿Y qué dice Luis sobre los fiscales?. “Hicieron mucha bulla y se basaron demasiado, confiaron demasiado en lo que se hacía en Brasil. Y como dependen mucho de lo que sucede en Brasil, mira ahora lo que les pasa. Faltó más investigación propia para sustentar sus casos”. Ciertamente, los casos que mejor se defenderán de la contra ofensiva, serán lo que tengan sólidas pruebas obtenidas por mano propia, como el de Toledo, que incluye el pormenorizado relato de Josef Maiman, con registro de la ruta de la coima que recibió de Odebrecht.

El acuerdo de colaboración con Barata, al margen de aquel con Odebrecht, fue otra gestión que puede proteger parcialmente el trabajo de los fiscales frente a la contraofensiva que ya se ve venir, inspirada en los brasileros, de las defensas de Humala, Fujimori y Villarán, entre otros. Ahora, más que nunca, el equipo coordinado por el fiscal Rafael Vela y el de nuestra procuraduría, se estará preguntando si resolvieron bien el dilema entre la obtención de la verdad y el castigo o reparación. Es perfectamente legítimo haber privilegiado la obtención de la verdad; pero todo es tan relativo que se puede argumentar que una acción ofensiva, de allanamientos y duras medidas restrictivas contra los funcionarios locales de Odebrecht, hubiera podido obtener similares o hasta mejores resultados. Como para pensarlo varias veces.