Los peajes del soborno, la columna de Diana Seminario

La corrupción afecta nuestros bolsillos. No es cosa de las grandes empresas y los funcionarios públicos que asaltaron al país coludidos con las constructoras. Pagar peajes que ahora sabemos fueron producto de un vil soborno indigna a cualquiera. Por eso la reacción del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, de convocar al consejo metropolitano hoy para revisar la concesión dada por 40 años no solo es atendible, sino necesaria.

Seguro que cada vez que usted pasa por estas casetas los brazos cruzados de Susana Villarán pidiéndole su voto por el No para “salvar Lima” vienen a su mente, y entendemos su indignación.

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Los 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para evitar que Susana Villarán fuera revocada no son “aportes de campaña”, es soborno puro y duro. Los directivos de OAS declararon a la fiscalía que el “aporte” de siete millones de dólares se hizo “a contraprestación a la suscripción de la adenda 1 del contrato de ampliación de peaje de 30 a 40 años”.

Como era de esperarse, el planteamiento del alcalde de Lima de revisar los peajes de la corrupción ha traído no pocas reacciones.
Según María Isabel León, presidenta de la Confiep, anular el contrato sería una señal de que “en el Perú no hay garantía para el cumplimiento de contratos”.

Afirmación respetable, pero rebatible, pues, de continuar con los peajes tal como están, el mensaje sería que en el Perú hay garantía para coimear, y aun cuando se revela el delito, puedes seguir como si nada.

Se invoca una discusión seria, técnica, legal y muy alejada del populismo, por lo que es importante anotar que ninguno de los contratos de concesión de los peajes ni las adendas fueron remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como lo exigía la ley.

Durante el período de la firma del contrato y las adendas estaba vigente el Decreto Legislativo 1012, cuya base legal sirvió para firmar los contratos de Línea Amarilla y Rutas Nuevas de Lima. En este se señala que el diseño de los contratos requería la opinión favorable del MEF.

Luego, en el 2014, se aprobaron dos modificaciones a ese decreto, que eran aun más específicas, exigiendo la opinión favorable del MEF “sin excepción y bajo sanción de nulidad”, y así lo recordó este Diario en su edición del viernes 17 de mayo.

La herramienta legal para empezar a explorar el futuro de los contratos podría estar en que estos ya se encuentran “bajo sanción de nulidad”, dado que incumplieron un requisito esencial, como la aprobación del MEF.

No basta con un discurso anticorrupción ni con decir que estamos “pateando el tablero” si se aprobara desechar los contratos de los peajes porque nacieron de la corrupción. Es hora de decir que se acabó la época de que coimear a una alcaldesa o a cualquier autoridad le daba a las empresas carta blanca para enriquecerse.

No nos engañemos. Muchos de los que apoyaron el No a la revocación, y ni siquiera se atrevieron a sospechar de los oscuros fondos de esa campaña, son los mismos que nos quieren decir ahora que los contratos de los peajes son intocables.

Es el momento de “salvar Lima”, pero de verdad, no para ponérsela en bandeja a los corruptos.