En los últimos siete años, la minería ilegal se ha convertido en la principal economía ilícita del Perú, superando incluso al narcotráfico, generando US$ 8,200 millones de origen delictivo. La criminalidad según los estudios está vinculada en parte a la minería ilegal. Pataz, en La Libertad; Atico, en Arequipa, y; Ananea, (donde se ubica La Rinconada), en Puno son los distritos con mayor tasa de homicidios por cada 10,000 habitantes, hasta 10 veces mayor que el promedio de la nación.
El Congreso de la República no ha considerado estas cifras, además de poner en riesgo la confianza que las inversiones requieren para continuar en el sector minero que se proyectan a la fecha en US$ 63,000 millones. La minería formal, que da trabajo a cientos de miles de peruanos y genera el pago de impuestos con los cuales se construyen obras para la población a través de las municipalidades, gobiernos regionales y ministerios, se ve hoy en riesgo por medidas populistas en busca de votos en las próximas elecciones.
En ese sentido, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) rechaza la reciente aprobación, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, del dictamen del Proyecto de Ley N° 8853-2024-CR, el cual introduce modificaciones sustantivas a las condiciones económicas aplicables a las concesiones mineras. Así lo expresamos en un anterior Comunicado, pero reiteramos a la población que su debate debe considerar la opinión de expertos y gremios que aportan al Perú desde siempre.
Además, la SNCI reconoce que hay un sector de pequeños productores que necesitan formalizarse y para ello se encuentra también pendiente de elaboración y presentación el Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) que debe ser aprobado con absoluta responsabilidad y manteniendo cuidado con favorecer los intereses de redes del narcotráfico y lavado de activos que se encuentran pendiente de esta clase de normas.
En tal sentido, la SNCI invoca al Congreso de la República del Perú, al Poder Ejecutivo, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Energía y Minas a promover un diálogo técnico amplio con los actores del sector, a fin de analizar el dictamen aprobado y asegurar que cualquier modificación normativa fortalezca, y no debilite, el ecosistema de inversión minera formal en el país.
Lima, marzo de 2026