La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció hoy que el presidente de Francia, François Hollande, recibirá este lunes a dirigentes de ese sector para abordar sus principales preocupaciones en materia económica sobre el nuevo proyecto de ley para gravar con el 75% a quienes ganan más de un millón de euros anuales.
La medida afectaría a jugadores como Radamel falcao y Zlatan Ibrahimovic, cuyo sueldo es exorbitante y supera largamente la cifra mínima que propone Hollande. El colombiano gana anualmente 14 millones de euros, mientras que el sueco del París Saint Germain supera el salario anual del atacante del Mónaco en medio millón.
La Unión de Clubes Profesionales de Fútbol de Francia (UCPF) celebrará una reunión en la que se decidirá si convoca una huelga en primera y segunda división para protestar contra el impuesto del 75 por ciento con el que el Gobierno planea gravar a quienes ganen más de un millón de euros.
¿HUELGA? El encuentro del lunes, solicitado por el presidente de la FFF, Noël Le Graët, tendrá como finalidad analizar la situación económica del sector e intercambiar pistas de trabajo prioritarias para el futuro del fútbol francés.
Quedará como encargada de profundizar en esa hoja de ruta la comisión lanzada el pasado setiembre por el Ministerio de Deporte, centrada en el desarrollo de un modelo sostenible del fútbol en el país, añadió la Federación en su comunicado.
La posible huelga, que podría ser aprobada mañana en la asamblea general de la UCPF, estaba planeada para este fin de semana, coincidiendo con la undécima jornada de primera división y la duodécima de segunda.
La asamblea tiene como objetivo informar a los clubes sobre los distintos escenarios planteados ante ese gravamen, y según anunció esta semana el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, la hipótesis de la huelga hay que verla más como un grito de alarma que como una amenaza.
El nuevo proyecto de ley es una polémica medida anunciada en campaña electoral por Hollande, y su primera versión tuvo que ser rectificada por orden del Consejo Constitucional, que consideró que no respetaba la igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas.