En la tragedia griega “Edipo rey”, de Sófocles, una peste devastadora se cierne sobre Tebas y sume a sus habitantes en la desesperación. Para conjurarla, el rey Edipo consulta al oráculo de Delfos, que le revela que la ciudad solo se purificará cuando se descubra y castigue al asesino del anterior monarca, Layo. Decidido a salvar a su pueblo, Edipo convoca al anciano adivino Tiresias, quien, a pesar de su ceguera, ve la verdad con absoluta nitidez.
Tiresias sabe que el propio Edipo fue quien dio muerte a Layo –su padre– y que, sin saberlo, ha contraído matrimonio con su madre, Yocasta. Al insinuar esta verdad insoportable, Edipo, herido en su orgullo, estalla de ira y lo acusa de conspiración. Al rechazar la verdad, el monarca puso en marcha una serie de acontecimientos que precipitaron su caída y sumieron a Tebas en la desgracia.
Esta antigua tragedia guarda un marcado paralelo con lo que ocurre entre nuestro Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo Fiscal (CF). La misión del CF, como la de Tiresias, es presentar al MEF la incómoda verdad –evidente para quienes seguimos las cuentas públicas–: la estabilidad fiscal comienza a resquebrajarse.
Resulta paradójico que, en pleno auge de nuestros términos de intercambio –con el cobre alrededor de US$4,5 la libra y una balanza comercial todavía favorable–, las metas de déficit fiscal se modifiquen con ligereza y luego se incumplan. El déficit del gobierno general, que debía cerrarse en 2,2% del PBI este año, acabaría más cerca de 3,0%, y la deuda pública, situada hace algo más de una década en 20% del PBI, apunta ahora a superar el 35%, muy por encima del tope de 30% fijado en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
En sus pronunciamientos más recientes, el CF ha advertido que diversas decisiones adoptadas por el Ejecutivo y el Congreso amenazan seriamente la estabilidad macroeconómica del país. Entre las más preocupantes destacan el incremento del aporte al Foncomún, la proliferación de exoneraciones tributarias –particularmente en la Amazonía y el sector agroexportador– y la creación de zonas económicas especiales. A esto se suman la negociación colectiva descentralizada y la concesión de bonos extraordinarios a jueces y fiscales, además de rescates multimillonarios para Petro-Perú. También inquietan las ambiciosas promesas pensionarias para el magisterio y la ampliación del período para el arrastre de pérdidas tributarias, entre muchas otras.Cada una de estas iniciativas erosiona la disciplina fiscal y socava la credibilidad del marco de mediano plazo que ha sustentado la solvencia del país desde 1999.
La evidencia es concluyente. Estudios de la OCDE muestran que los países con consejos fiscales robustos y mandato de alerta temprana –como Suecia, Países Bajos y el Reino Unido– registran desviaciones de déficit entre 0,5 y 0,8 puntos del PBI inferiores al promedio. El FMI, por su parte, destaca que, en economías emergentes, la presencia de un organismo independiente puede reducir el costo del financiamiento soberano hasta en 40 puntos básicos. La institucionalidad fiscal, en suma, paga dividendos tangibles.
Nadie discute que la política tiene el derecho –y el deber– de establecer prioridades sociales; sin embargo, esas prioridades deben ser financiables y sostenibles. El Perú haría bien en aprender no solo de la fábula tebana, sino también de su propia historia: acoger las recomendaciones técnicas del CF, por incómodas que parezcan, es un acto elemental de responsabilidad y la mejor garantía de estabilidad macroeconómica. Ignorarlas implicaría repetir errores que, una vez más, podrían resultar devastadores.
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