En julio del año pasado, el entonces titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, sustentó en el Congreso un crédito suplementario de poco más de S/600 millones. Aunque la intención era que el monto total fuera más generoso, eso fue todo lo que se pudo viabilizar en esa coyuntura.
La semana pasada, el presidente Balcázar anunció un nuevo crédito por un monto aún desconocido. El objetivo y destino de ese dinero iría, según el mandatario, a obras de continuidad y nuevos proyectos. Con las elecciones subnacionales en octubre, el presidente Balcázar opta por una práctica recurrente y conocida que, aunque no sorprende, sí genera mucha curiosidad. El MEF se enfrenta a una (nueva) necesidad de gasto que hay que solventar en el corto plazo. Además, el mandatario nos ha adelantado que presentarán al Congreso una fórmula para captar ingresos que permitan financiar la totalidad del crédito suplementario en cuestión. Hay una pretensión quizá excesivamente ambiciosa: que se apruebe en esta legislatura. Esta presión gatilla una genuina pregunta: ¿está buscando el Ejecutivo realizar un cambio en la Ley Tributaria?
En las últimas horas, a la pregunta se suma el rumor de una decidida intención del MEF de modificar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que actúe como un plan complementario, para que, en caso de emergencia, rompamos el vidrio. Más de una vez se ha tomado esta decisión y se ha malentendido su uso para resolver necesidades fiscales. Sin embargo, el precedente no avala un uso antojadizo del mismo.
De darse un incremento del ISC, la discusión no debería centrarse solo en cuánto se puede recaudar ni en la velocidad con que se apruebe el nuevo crédito suplementario. Lo verdaderamente relevante es el uso del ISC y/o la Ley Tributaria como herramientas operativas cuyos cambios pueden darse sin un plan de largo plazo y las contingencias ante posibles complicaciones en las tensiones fiscales y políticas de los próximos años. Estas decisiones impactan en contribuyentes e inversionistas porque agudizan la desconfianza. Decisiones que promuevan la maleabilidad de la política tributaria en función a la coyuntura y al calendario electoral son riesgosas e irresponsables. El cortoplacismo fiscal, disfrazado de urgencia, termina siendo un mal negocio para todos.
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