El sueldo mínimo es competencia del Ministerio de Trabajo. El MEF interviene, pero no es el responsable directo. El anuncio del aumento del 15% de la remuneración mínima vital (RMV) tomó por sorpresa a los gremios empresariales: la Confiep, la SNI y AGAP confirmaron el mismo 28 de julio a El Comercio que no estaban al tanto de la medida. Hace algunos meses, Juntos por el Perú promocionaba un aumento más sustancioso, de 32,7%.
La política y los tecnicismos deben convivir en el terreno de la política pública. Muchas decisiones combinan ambas dimensiones, y otras son o solo políticas o solo técnicas. La decisión sobre la RMV ha sido, por lo general, política. Aunque el anuncio haya tomado por sorpresa a más de uno y deba aún discutirse en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), los gremios empresariales han asegurado que continuarán apoyando al Gobierno a pesar de que la decisión final pueda ser ejecutar el incremento.
Si la propuesta hubiese venido del bando contrario, sería otra la reacción; y con razón. La posibilidad de dialogar radica en la confianza que sienten la mayoría de actores alrededor de esta discusión. Pero la confianza puede ser frágil si no se cultiva.
El aumento del 15% no debería leerse como una victoria de la mesura por sobre el populismo, sino como un recordatorio de que la RMV seguirá siendo, mientras no exista una fórmula técnica y despolitizada, un instrumento cuya magnitud depende de quién gobierna.
Por ahora, lo que queda es una lección para todos. Primero, que un anuncio bien recibido en el corto plazo no sustituye la construcción de consensos previos con quienes deberán asumir el costo. Segundo, que la sorpresa revela cuán poco se ha avanzado en institucionalizar el diálogo laboral, más allá de las coyunturas. Y tercero, que la confianza entre el sector público y el privado –esa que permite ejecutar medidas impopulares sin romper puentes– seguirá poniéndose a prueba cada vez que la política decida, una vez más, adelantarse a la técnica.
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