La minera junior Lupaka Gold ha presentado una solicitud de arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando falta de apoyo del gobierno central en el conflicto social que paraliza su proyecto de oro Invicta (Huaura) desde hace dos años.
La canadiense relata que en octubre de 2018, pobladores de la comunidad de Parán asaltaron el campamento minero con armas de fuego, expulsando a los trabajadores y estableciendo un bloqueo que les ha impedido explotar el yacimiento.
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Precisa que dicho bloqueo no solo los daña a ellos, sino tambien a la comunidad de Lacsanga, dueña de los terrenos superficiales del proyecto, con la que tiene acuerdos de beneficio mutuo.
“Ambos, Lacsanga y la empresa han exigido a las autoridades que ayuden a romper el bloqueo y restaurar el acceso a la mina. Esa ayuda no ha sido proporcionada”, remarca la empresa.
Añade que esta situación le ha impedido honrar el préstamo que obtuvo para construir el proyecto, pues no ha podido explotar la mina en ningún momento ni generar flujo de caja para pagar la deuda.
Como consecuencia, ha perdido su inversión, y es por eso que exige al Estado peruano una compensación económica de más de US$100 millones. El monto preciso será “cuantificado durante el curso del arbitraje”, detalla.
Lupaka firmó en agosto pasado un acuerdo con la firma Bench Walk Advisors para financiar el arbitraje en Ciadi. En virtud de ello, cuenta ahora con US$4,1 millones para respaldar los costos relacionados con el proceso.
Previamente había cumplido con entregar al Ministro de Economía y Finanzas (MEF) la respectiva Notificación de Intención del reclamo arbitral, requisito previo para el inicio del arbitraje.
EL PROYECTO INVICTA
La canadiense esperaba extraer 185 mil onzas de oro equivalentes en Invicta, a lo largo de seis años de operación, con una inversión inicial de US$4,3 millones.
Hasta octubre del 2018 habia ejecutado 3.000 metros de labores subterráneas y completado un camino de aceso de 29 kilomtetros de longitud para permitir el tránsito de y hacia la mina.
Invicta estuvo antes en manos de la canadiense Andean American Mining, que planeaba invertir US$65 millones en la implementación de una operación combinada de tajo abierto y subterráneo.
La inversión se redujo en el tiempo debido a restricciones financieras y problemas técnicos.
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