Esta podría ser la trama de una obra de teatro del absurdo. Está parado un funcionario en la ladera de un río y mira preocupado cómo ha aumentado el caudal por la temporada de lluvias. Mientras tanto, las viviendas cercanas se inundan. Unas pocas se caen a pedazos. Se pide ayuda, se lleva maquinaria pesada y se prometen recursos para realizar trabajos de encauzamiento y fortalecimiento de los diques. Luego no se hace nada.
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Un año más tarde, vuelve a ocurrir lo mismo. Asiste el funcionario de turno. Se muestra preocupado. Lleva tractores, camiones y sacos de arena. Además, promete recursos para que no vuelva a pasar. Luego no se hace nada.
La historia se repite año tras año. Las causas son las mismas, los discursos iguales y las consecuencias también. Todo ocurre una y otra vez como si se estuvieran moviendo en círculos.
Lo triste es que esto no tiene nada de ficción. Ocurre todos los años en el Perú cuando llegan los meses de lluvias.
La semana pasada, por ejemplo, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández, visitó Arequipa para evaluar los daños que vienen causando las lluvias en las viviendas cercanas a los ríos y revisar los trabajos de descolmatación. Incluso fue a ver una casa en San Lázaro que está prácticamente flotando en el aire tras la caída de un muro de contención.
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En el 2020, hizo algo parecido el entonces ministro de Agricultura, Jorge Montenegro. En enero de ese año viajó a Arequipa para reunirse con autoridades locales y evaluar los daños causados por las lluvias. Luego pasó la temporada y no se hizo mucho más para evitar que se repita la escena el verano siguiente.
Ahora, no es que falte dinero para hacer algo al respecto. Los recursos están ahí y son ignorados año tras año. En el 2020, el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes) contaba con S/8.031,1 millones para ejecutar obras y solo se gastó el 43,5% del total.
De ese monto, a los gobiernos locales les tocó algo más del 41%, pero no lograron gastar ni la mitad de su presupuesto. Al gobierno nacional le tocó 39% y no llegó ni al 40% de ejecución. Peor aun, el mismo Ministerio de Vivienda contaba con más de S/217 millones de ese fondo para proyectos, pero solo logró ejecutar el 14% de lo asignado.
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Algunos podrán creer que la pandemia afectó la ejecución del gasto, pero ha sido lo mismo en años anteriores. En el 2019, solo se utilizó el 40,6% del total de recursos para proyectos. En el 2018 fue el 28% y en el 2017 apenas se ejecutó el 9,4%.
En Arequipa, la región visitada por los ministros y afectada todos los años por lluvias, la situación tampoco es distinta. En el 2020 el gobierno regional solo ejecutó el 46,7% de los recursos que se le asignaron. A escala local, municipalidades como las de Arequipa, La Unión o Camaná no lograron invertir ni un tercio de lo que se les asignó.
Lo más grave es que, según un informe publicado la semana pasada en este Diario, uno de los principales motivos por los que no se ejecutan los recursos es por falta de interés. Lo dicen exministros y especialistas en gestión pública: las autoridades no prestan atención a la prevención de desastres (“Llega una nueva gestión y algunas obras quedan olvidadas”, indicó el profesor de la escuela de gobierno de la PUCP Flavio Ausejo).
Mientras tanto, las lluvias siguen llegando y la historia se repite año tras año. Ministros visitan las áreas afectadas, pero luego no se hace nada.