En octubre de 2008, la entonces presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, ordenó la nacionalización del sistema privado de pensiones de ese país. Millones de argentinos vieron esfumados sus sueños de recibir una pensión digna en su jubilación. Los fondos pasaron a ser manejados por una entidad estatal y las cuentas de ahorro individual desaparecieron para financiar una “olla común”, que bien podría ser utilizada para financiar las pensiones universales, pero también para solventar subsidios estatales y otros gastos fiscales del gobierno central.
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Hoy, los ahorros de los argentinos se encuentran invertidos principalmente en bonos emitidos por el tesoro argentino y en empresas estatales. Con ellos se financian proyectos de infraestructura de dudosa rentabilidad y se otorgan préstamos a las provincias, muchas de las cuales han tenido problemas de solvencia en los últimos años.
Si una propuesta de nacionalización viera la luz en el Perú, considero que serían tres los impactos principales para quienes escogieron que el sector privado administre el ahorro de sus pensiones. En primer lugar, la pérdida de un capital personal que le tomó años de esfuerzo ahorrar, a cambio de una promesa futura del Estado de otorgarles una pensión digna en su vejez. Una promesa planteada por un Estado que ha demostrado en su historia republicana ser un pésimo gestor y que ha padecido de múltiples episodios de escándalos de corrupción en todos sus niveles.
En segundo lugar, es abandonar un sistema que hoy requiere ajustes, pero que es bastante transparente. Actualmente, cualquier afiliado a una AFP puede revisar diariamente el monto acumulado en su cuenta y dónde está invertido su fondo. Al pasar a formar parte de un sistema de reparto estatal, el trabajador pierde total capacidad para ver cuánto de su aporte servirá para su jubilación y cuanto se destinará para atender las pensiones de terceros.
Por último, los afiliados dejarán de participar en un sistema gestionado por privados que compiten por otorgar la mejor rentabilidad posible para pasar a un sistema cuyos incentivos son muy diferentes, como por ejemplo financiar iniciativas poco rentables con afanes políticos para los gobiernos de turno o empresas estatales que no buscan utilidades o, peor aún, financiar el déficit fiscal de gobiernos populistas. A ello se le suma el riesgo de usar todos los fondos de los afiliados para costear iniciativas a nivel local, olvidando que lo mejor para ellos es tener un portafolio diversificado en el mundo.
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Una eventual desaparición del Sistema Privado de Pensiones (SPP) no es un tema menor y generaría también impactos sociales. Un importante número de empresas peruanas logra conseguir capital a precios competitivos internacionalmente gracias al ahorro acumulado en el SPP. Por ello, nacionalizar los fondos no sólo afectaría las pensiones de los peruanos, sino que incrementaría el costo de financiamiento de las empresas privadas, que son el motor de la economía peruana. Ese impacto recae en las grandes empresas y en toda la cadena de producción, incluyendo a pequeñas y medianas empresas que contratan con ellas y a sus trabajadores.
Independientemente de quién gane las elecciones este domingo, somos los más de 7 millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones quienes debemos defender el ahorro que con tanto esfuerzo hemos acumulado para afrontar nuestra jubilación y decirle a cualquier gobierno de turno que vean nuestros ahorros como un botín: “Con mi fondo no te metas”.