Fracturas de piernas, disparos, bombas caseras y todo tipo de violencia son la marca registrada de los prestamistas agiotistas clandestinos, que ya están haciendo proyecciones en torno a la bonanza en la que podría entrar su negocio gracias a propuestas legislativas que buscan imponer control sobre las tasas de interés, seguramente con buenas intenciones, pero sin darse cuenta que el único resultado es condenar a la exclusión financiera productiva a cientos de miles de personas, como a micro y pequeños negocios que se apalancan en las instituciones financieras para salir adelante con sus familias.
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Colocar una tasa máxima no obliga a las entidades financieras a seguir prestando a sus clientes, sino que contrae el alcance de los préstamos productivos dado que se eleva considerablemente el riesgo de impago para las nuevas tasas permitidas. Para entenderlo en fácil, serán menos las personas y los peruanos que puedan acceder a préstamos con entidades formales y estarán condenados a introducirse a la economía subterránea y no regulada, en la que los agiotistas operan a gusto con prestatarios acosados por sus necesidades, utilizando fondos cuyo origen se desconoce (lavado de activos, narcotráfico, etc.) en perjuicio de millones de ahorristas formales que contribuyen hoy al financiamiento productivo del Perú.
La tasa de interés promedio del sector clandestino informal del gota a gota es de 792% anual, de acuerdo a un estudio realizado por el Banco Central de Reserva en julio del 2020. La tasa más alta promedio cobrada por la banca, que es la de tarjetas de crédito, es de 33%. El contraste es claro, pero lo esencial es invisible a los ojos.
Cuando en el Perú se liberalizaron las tasas en los años 90 comenzó la inclusión financiera productiva. En los últimos 20 años el número de compatriotas con emprendimientos que ha accedido a créditos en el sistema financiero se ha multiplicado por cinco. Antes de eso los préstamos solo llegaban a un grupo reducido.
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En el Perú, según Asbanc, si se impusiera un límite de 1,5 veces la tasa promedio del sistema financiero para créditos a microempresas, 768 mil clientes tendrían dificultades para acceder a créditos del sector formal. Si se hiciera lo mismo en créditos de consumo, 1,8 millones de clientes tendrían dificultades para acceder a crédito formal.
El dictamen que pretende controlar las tasas de interés fue discutido y aprobado de manera exprés en menos de 20 minutos en la Comisión de Defensa del Consumidor hace unas semanas. Fiel a su estilo, el Congreso desestimó la opinión desfavorable del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y tampoco se consultó la opinión de aquellos a quienes más se aplicaría: las cajas rurales, cajas municipales, financieras, edpymes y cooperativas que concentran a los clientes más pequeños.
Hoy el Perú sufre la peor crisis económica desde la Guerra del Pacífico y no podernos darnos el lujo de perforar nuestro sistema financiero cuando ya empezamos a tener indicios de una recuperación económica. Espero que la responsabilidad y el debate técnico primen en las próximas semanas en nuestro parlamento y se formulen propuestas que no tengan matices de campaña a 22 semanas de las elecciones generales.