Uno de los puntos más controversiales del pedido de facultades legislativas solicitadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el año pasado fue la modificación de las reglas tributarias del sector minero.
El exministro Pedro Francke señaló repetidamente que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elaboró un informe que consideraba la existencia de un espacio relevante para elevar la carga fiscal de la actividad minera. Este documento, que ya fue publicado, muestra, por el contrario, que la implementación de las propuestas pudo haberle restado competitividad al sector.
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Propuestas del MEF
A fines del 2021, el MEF planteó una reforma tributaria centrada, principalmente, en el perfeccionamiento del régimen fiscal minero, con el objetivo de “incrementar su progresividad” y “mejorar la participación del Estado en las rentas de la actividad minera”.
La propuesta incluía el aumento de los montos mínimos aplicables para la determinación de las regalías mineras, el Impuesto Especial a la Minería y el Gravamen Especial a la Minería, la modificación a los tramos de margen operativo para su cálculo y la deducibilidad de estos conceptos para efectos del Impuesto a la Renta. El planteamiento incorporó también la revisión de los beneficios de depreciación de activos contemplados en los contratos firmados como parte de la Ley General de Minería. Según el exministro Francke, la carga fiscal en el Perú era menor que la registrada en otros países mineros de la región.
El informe del FMI
Como parte de la asistencia técnica solicitada por el MEF para analizar las propuestas, el FMI publicó recientemente un informe que evalúa el régimen fiscal minero en el Perú.
En ese documento, el FMI estima que la carga fiscal de un proyecto minero representativo en el Perú asciende a 41,7%. Este porcentaje ubica al Perú a la mitad de la tabla de un total de 16 regímenes fiscales evaluados para un grupo de países mineros comparables y por encima de otros grandes productores de cobre a escala mundial, como Chile –su principal competidor– y China.
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La entidad destaca que el régimen fiscal minero en el Perú es progresivo y competitivo. Es decir, aplica mayores tasas a medida que se incrementan las ganancias operativas de las empresas del sector, por lo que permite aprovechar los períodos de altos precios de los metales sin penalizar demasiado en épocas de precios bajos.
El FMI concluye que la competitividad minera no solo depende de la carga fiscal. Otros factores sumamente importantes son la conflictividad social y la provisión adecuada de infraestructura.
Competitividad
El informe del FMI apunta a que la implementación del conjunto de medidas que planteó el MEF podría haber reducido la competitividad del Perú para atraer nuevas inversiones. En efecto, estima que el paquete de reformas propuesto pudo aumentar la carga tributaria en casi seis puntos porcentuales. Esto hubiese llevado al Perú a situarse en el tercio superior de los países mineros comparables con menor grado de competitividad en términos fiscales.
Por el contrario, el FMI señala que los cambios al régimen fiscal minero solo podrían limitarse a modificaciones moderadas orientadas a dotar de una mayor progresividad a los esquemas de regalías y el Impuesto Especial de la Minería.
Como parte de la asistencia técnica solicitada por el MEF para analizar las propuestas, el FMI publicó recientemente un informe que evalúa el régimen fiscal minero en el Perú.
Sin embargo, de optarse por estas medidas, la carga tributaria del sector aumentaría, y se ubicaría casi ocho puntos porcentuales por encima del régimen chileno. Debido a ello, la entidad precisa que la manera en que se implemente este incremento es muy importante.
Para Marcial García, socio de Impuestos de EY Perú, si bien la metodología de cálculo del FMI es diferente a la que se ha utilizado en otras evaluaciones locales, los resultados son consistentes. Además, García asegura que el estudio del FMI resulta un llamado a la moderación frente las reformas al régimen tributario minero propuestas por el MEF. El experto indica que existen espacios de mejora que están principalmente relacionados a garantizar una mayor predictibilidad jurídica del sector, favoreciendo la competitividad. Ello contribuiría a reducir las controversias entre las empresas del sector y la entidad recaudadora.
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Más proyectos, más recaudación
Si el objetivo de política es incrementar los ingresos del Estado provenientes de la minería, la puesta en marcha de nuevos proyectos es mucho más efectiva. Por ejemplo, si se pusieran en marcha todos los proyectos mineros incluidos en la cartera de inversiones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), y asumiendo precios conservadores, la recaudación tributaria obtendría en promedio S/35 mil millones adicionales cada año, monto con el cual se podría prácticamente duplicar el presupuesto público destinado al sector educación. Sin embargo, dos tercios de estos proyectos no cuentan con una fecha de inicio definida.
Atraer nuevas inversiones en períodos de precios altos sería incluso más beneficioso en términos fiscales. La progresividad del régimen tributario minero permite aprovechar las épocas de altos precios de los minerales.
Recaudación
De hecho, el año pasado, la recaudación proveniente de la minería en el Perú se elevó notablemente y contribuyó con el 36% del incremento de los ingresos corrientes del sector público entre el 2019 y el 2021. Más aún, en comparación con otros países de la región, el Perú se encuentra entre los países en los que más aumentaron los ingresos fiscales provenientes de los recursos naturales, a pesar de la caída del volumen de la producción frente al 2019.
Al margen del perfeccionamiento del régimen tributario, las discusiones más relevantes deberían girar alrededor de cómo sacar adelante más proyectos, cómo mantener la producción de las operaciones en marcha y cómo traducir los ingresos fiscales que genera la minería en mejores condiciones de vida para la población.
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