El Ejecutivo acatará la ley promulgada por el Congreso que plantea la devolución de aportes realizados a la ONP, y para ello ya se encuentra trabajando en el reglamento. Sin embargo, antes del jueves, presentará una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley ante el Tribunal Constitucional (TC).
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Así lo señaló la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. “Como Ejecutivo, vamos a publicar un procedimiento y cronograma hacia finales de diciembre, ahí estarán indicados con claridad los plazos [para la devolución]”, dijo en diálogo con RPP.
Cumplido dicho plazo, el reglamento fijará un procedimiento y un cronograma para la devolución de los aportes, los mismos que, según estima Bermúdez, sucederían en febrero.
“Habría que mirar bien las fechas, pero sería aproximadamente durante la segunda parte del primer trimestre, si seguimos los plazos que establece la ley”, precisó.
Pese a todo, el Gobierno se mantiene a la expectativa de que la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley llegue antes. “Sabemos cuánto tarda el TC en resolver este tipo de acciones y en este caso le haría una invocación para que prioricen la revisión de la demanda que vamos a presentar. Este es un tema de interés nacional”, explicó.
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Ejecución y plazos
Para el constitucionalista Natale Amprimo, la postura adoptada por el Ejecutivo resulta contradictoria. “Si la primera ministra señala que la norma es inconstitucional y se acudirá al TC, no se entiende cómo piensa ejecutarla mediante un reglamento. No es coherente”, dijo a este Diario.
Precisó que no aplican las medidas cautelares ni acciones de amparo. “Por más que la norma le dé 15 días para que reglamente, el Ejecutivo podría no cumplir con el plazo como ha sucedido con tantas otras leyes. Ello no demoraría un efecto más allá del político”, asevera.
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El abogado recuerda que una sentencia del TC podría demorar hasta tres meses, tiempo en que –si el Ejecutivo cumple con el reglamento– daría paso a una devolución parcial. “Pero si el TC lo acelera, podríamos ver una sentencia en febrero. Ahora, recordemos que de declararse inconstitucional, sus efectos no serían retroactivos”, agregó.
Por lo pronto, el magistrado del TC, Eloy Espinosa, ya señaló que se le dará prioridad a la demanda. “Sin embargo, hay plazos que no podemos manejar. Luego de admitida, la ley le da 30 días hábiles que son como 40 calendarios al Congreso para contestar”, afirmó.