La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) remarcó estar en contra de la decisión que tomó el Congreso de la República este viernes, luego de que el Pleno aprobara la derogatoria de la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, tras el paro agrario que se extendió a regiones de Ica y La Libertad por los reclamos laborales de diversos trabajadores del sector.
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“Siendo respetuosos del nuevo marco legal, estamos en contra de la decisión adoptada por el Congreso de la República porque no resuelve los problemas ni de los trabajadores ni del sector y no plantea ninguna propuesta de solución alternativa a la ley que hoy se deroga”, precisó el gremio, que representa a 384 empresas, pequeñas, medianas y grandes.
AGAP afirmó que la Ley de Promoción Agraria “creó el marco para el desarrollo formal del sector agrícola y la creación de una cadena de valor que hoy aporta más del 11% al PBI nacional, habiendo generado 800 mil puestos de empleo formal e inversiones por más de US$13.000 millones en los últimos 20 años”.
Asimismo, el gremio añadió que durante la vigencia de esta Ley, la pobreza en el agro se redujo de 81,3% en 2014 a 30,3% en el 2019.
Con 114 votos a favor, siete abstenciones y solo dos en contra, la representación nacional dio luz verde al Proyecto de Ley 5759, que deroga la ley mencionada. La norma fue exonerada de segunda votación. En tanto, el presidente Francisco Sagasti anunció que el Ejecutivo no observará la norma aprobada.
En el comunicado difundido este viernes, AGAP señaló que el Congreso y el Poder Ejecutivo ”tienen la obligación de darle al país un nuevo marco regulatorio sostenible que permita al Perú seguir avanzando en el camino recorrido para continuar siendo uno de los principales jugadores mundiales en el sector agrario”.
Según el gremio, países como Colombia, Ecuador y Chile, vienen fomentando de forma agresiva un marco legal que promueve sus agroexportaciones, en aras de competir en un mercado mundial en el que hoy el Perú destaca con diversos de sus productos.
“Desde AGAP ponemos a disposición de las autoridades la información que requieran para trabajar de manera inmediata en el diseño de una Ley que, cuando menos, mantenga la competitividad y el desarrollo agrario, en estricto cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores”, puntualizó AGAP.
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