Durante los últimos 11 años, Educación ha sido el sector al que se ha destinado la mayor proporción del presupuesto público. No obstante, en términos de ejecución, los gobiernos locales ejecutaron apenas dos tercios del presupuesto, señaló el Instituto Peruano de Economía (IPE).
En el marco de la ley de reforma constitucional que aprobó el Congreso, que establece un mínimo de 6% del PBI para el presupuesto del sector Educación, el IPE publicó un boletín explicando por qué tal vez no sería la mejor idea.
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El principal argumento detrás de la iniciativa parlamentaria es que el gasto público destinado a educación está por debajo del de otros países de la región. Sin embargo, en el 2019, el presupuesto público del sector educación en Perú fue de S/31.800 millones (4,2% del PBI de dicho año). Esta proporción está en línea con la Alianza del Pacífico: supera al monto asignado en México (3,1%) y Colombia (3,9%), y está por debajo de Chile (5,5%).
Pero el PBI no es el presupuesto total para el gasto público, sino un indicador de la actividad económica del país. El IPE explicó que si se considera el presupuesto público de educación como porcentaje del presupuesto total del gobierno, la proporción en Perú ascendería a 19,7%, nivel similar al asignado en Colombia. Del mismo modo, este porcentaje se encontraría por encima de México (13,1%) y por debajo de Chile (22,7%).
En un contexto fiscal, la viabilidad de las iniciativas presupuestales depende, principalmente, de los ingresos del Gobierno. En el Perú, la presión tributaria (relación entre ingresos tributarios de una economía y el PBI), se sitúa alrededor del 14,4%, similar a Colombia (14%), por encima de México (13,2%) y menor a la de Chile (17,4%).
Para el Perú, la presión fiscal representa menos de la mitad del 34,3% registrado, en promedio, por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así, establecer montos mínimos de gasto público basados en el PBI, sin tomar en cuenta la disponibilidad real de recursos del Estado, es inviable.
La clave para impulsar el sector educativo es la eficiencia, la misma que no se ha visto bien reflejada en sus niveles de gasto. “La ejecución del presupuesto de inversión pública del sector fue 69% en el 2019. En particular, los gobiernos locales ejecutaron apenas dos tercios del presupuesto de inversión a su cargo, lo cual se explica, principalmente, por el limitado avance en la construcción de edificios y estructuras (65.9%)”, destaca el instituto.
Pero no basta con una mayor ejecución del monto asignado, también se debe priorizar este gasto para mejorar la cobertura educativa y el desempeño de los estudiantes. En particular, revalorizar la carrera docente a través de esquemas de incentivos con base en la meritocracia.
“Los esfuerzos dirigidos a implementar partidas presupuestarias para la inversión educativa en áreas remotas y el mantenimiento de las escuelas beneficiarían a cerrar la brecha de infraestructura educativa básica”, señaló.
Las iniciativas que incluyen acompañamiento pedagógico muestran mayores impactos en los aprendizajes de los estudiantes, seguidos de los efectos positivos de la adquisición y distribución de materiales educativos.
Al respecto, según la revisión sistemática de International Initiative for Impact Evaluation, los programas de pedagogía, que capacitaron a los docentes, renovaron planes de estudio u otorgaron enfoques de instrucción, mejoraron entre 0,14 y 0,23 los puntajes de los exámenes de comprensión y matemáticas de los estudiantes de primaria.
Asimismo, un estudio del Banco Mundial encontró que, por cada dólar invertido en infraestructura y equipamiento de escuelas primarias, el rendimiento escolar aumentaba entre 1,8 y 1,9 puntos porcentuales.
Por otro lado, existe espacio para mejorar la eficiencia del uso de los recursos en educación. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el Perú se podría obtener un ahorro de alrededor de 1% del PBI de reducirse las ineficiencias de gasto en sectores como educación, salud, asistencia social e inversión pública.
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