La Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Nancy Laos, advirtió que, de no aprobarse en el Pleno del Congreso la Ley del Servicio Civil, podríamos no tener una reforma similar en los próximos 5 o 10 años más. Eso sería lamentable.
En esa línea, la ministra Laos recordó que el proyecto de Ley del Servicio Civil cuenta con el respaldo de la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros, “lo que no había sucedido en anteriores intentos de reforma, resaltó en un comunicado dirigido a la prensa.
Del mismo modo, la ministra destacó que el proyecto presentado por el Ejecutivo fue consultado por expertos nacionales e internacionales, bajo la secretaría técnica de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Como también se escuchó la opinión de algunos representantes gremiales.
El producto final es un buen proyecto, que nos pondrá en la senda de desarrollo y profesionalismo en el sector público, agregó.
Laos Cáceres manifestó que si bien el Ministerio de Trabajo no tiene competencia sobre los aspectos laborales del sector público (que está a cargo de SERVIR), sí considera que el proyecto mejora sustancialmente la situación de todos los trabajadores de este sector, en particular de los regímenes 276 y CAS, que representan a más del 80% del total de trabajadores involucrados en la reforma.
Si comparamos con los beneficios que estos trabajadores tienen hoy, el proyecto es incluso 100% superior en muchos casos, afirmó. Por último, la ministra Laos acotó que espera que el Pleno del Congreso apueste por la meritocracia y la profesionalización del servicio público en beneficio de la ciudadanía y el crecimiento económico.
COMISIÓN DE TRABAJO PRESENTA NUEVO DICTAMEN El vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Yonhy Lescano, informó que ayer se aprobó un texto sustitutorio para la Ley del Servicio Civil y se espera que este sea mañana debatido en el Pleno del Congreso.
Entre los puntos que acoge este nuevo dictamen, el congresista precisó que se asegurará el respeto a la estabilidad de los trabajadores del Estado y al derecho de negociaciones colectivas. Asimismo establece que los trabajadores administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial se regirán por sus propias normas en lo que respecta al tema remunerativo y laboral.