Cientos de trabajadores de empresas agroindustriales en la región de Ica salieron a protestar desde este lunes 30 de noviembre, a raíz de condiciones laborales que no se ajustarían a la ley, dando inicio así a un paro agrario que continúa hasta ahora. Ello ha puesto en el ojo de la tormenta a la Ley de Promoción Agraria, un régimen que existe hace varios años y que fue prorrogado el año anterior hasta el 2031.
Como se recuerda, en diciembre del 2019 el Ejecutivo aprobó, después de una prolongada sesión de Consejo de Ministros, un decreto de urgencia que prorrogó la Ley de Promoción Agraria, la cual caducaba a fines del 2021. Puede encontrar la misma publicada en normas legales de El Peruano.
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En setiembre del 2019, el pleno del Congreso (que fue disuelto un mes después) aprobó una iniciativa legislativa que modificaba los años de vigencia del régimen agrario; sin embargo, no remitió al Ejecutivo la autógrafa de la norma. Tras su disolución, la ampliación del régimen quedó en manos del Ejecutivo.
La aplicación del decreto de urgencia empezó a regir desde el 1 de enero del 2020, según indicó el entonces ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, en conferencia de prensa. Con ello, el Gobierno planteó impulsar las agroexportaciones, con miras a alcanzar en el bicentenario los US$10.000 millones en exportaciones de alimentos.
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¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON EN LA LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA?
Si bien se mantuvieron las disposiciones elaboradas por el Congreso a la Ley de Promoción Agraria, el Ejecutivo entonces -liderado por Martín Vizcarra- realizó un cambio respecto al aporte que deben hacer los empleadores a Essalud.
Como planteaba el proyecto legislativo, se eleva la tasa de aporte de 4% a 6% de la remuneración mensual; sin embargo, el Ejecutivo añadió que esta tasa se incrementará gradualmente desde el 2025, hasta alcanzar el 9%.
“La tasa de aportación [...] pasa a 6%, siendo esta progresiva a partir del 2025 en 1% de manera bienal, hasta alcanzar el 9% que estandariza prácticamente a todos los regímenes que hoy día se ven involucrados”, explicó el exministro Montenegro. En ese sentido, la norma publicada en El Peruano detalla que se alcanzará el 7% a partir del 1 de enero de 2025; (8%) a partir del 1 de enero de 2027; y 9% a partir del 1 de enero del 2029.
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Los cambios que ya contemplaba el proyecto de ley recaen en el aumento de las vacaciones (de 15 a 30 días al año) y la mayor indemnización por despido arbitrario (de 15 a 45 ingresos diarios). Asimismo, se elevará en 8% el jornal diario de trabajadores agrarios (desde los S/36,29 actuales hasta los S/39,19). La compensación por tiempo de servicios (CTS) para estos trabajadores deberá ser equivalente al 9,72% de la remuneración básica; mientras las gratificaciones al 16,66% de la misma.
REACCIONES
Ricardo Polis, expresidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), resaltó tras la ampliación de la norma que se le hicieron las correcciones necesarias a la ley original. Sin embargo, respecto a la gradualidad para elevar el aporte a Essalud, Polis señaló que ello sí afectaría al sector.
“Esperemos que para cuando esa carga aumente, se hayan construido hospitales en las zonas donde la industria está establecida [...]. Estábamos aportando para un servicio que no estaba recibiendo nuestra gente”, añadió.
De otro lado, Eduardo Zegarra, investigador principal de Grade, consideró que no era necesario extender el régimen agrario por diez años más, pues las empresas del sector ya están consolidadas.
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“No creo que la norma vaya a generar un impacto adicional a la trayectoria que ya se tenía de expansión del sector agroexportador, que se sustenta en ventajas comparativas que tiene el Perú”, indicó.
En los últimos diez años, la producción para agroexportación ha crecido 6,4% en promedio anual, por encima del crecimiento de la economía total, según el Banco Central de Reserva.
Ello ha causado que el número de trabajadores agrarios crezca 160% entre el 2010 y el 2017.