El economista Waldo Mendoza analiza el escenario actual de la economía y cuestiona las recientes decisiones tomadas por tres instituciones: el Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Constitucional. Saludó que el Gobierno haya tomado el plan de reestructuración para Petro-Perú, pero considera que aún se requieren más señales como ratificar al directorio completo.
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—¿De qué dependerá que alcancemos el crecimiento de 3% que se proyecta para este año?
El Perú es una economía pequeña y abierta. Nuestro destino depende mucho de los cambios en la economía internacional. Sin embargo, en los últimos tiempos los problemas no han venido de afuera. El mundo está básicamente bien. Los problemas están en instituciones fundamentales del país.
—¿Cuáles?
El Congreso de la República, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Economía y Finanzas. Los problemas de crecimiento a largo plazo están siendo afectados por algunas decisiones de estas tres instituciones. Yo no conozco un Congreso que tenga un récord de malas leyes muy dañinas para el país. Este Congreso ha batido un récord en dar medidas de exoneraciones tributarias. Por ejemplo, la tasa especial de IGV al turismo y restaurantes, los beneficios tributarios a los sectores textil y agro. También está la reciente prórroga del pago de obligaciones tributarias para los clubes de fútbol. Esas son leyes malas y con nombre propio. La teoría fiscal recomienda que no hagas exoneraciones tributarias, por lo menos contenerlas.
—En el caso del Tribunal Constitucional, ¿qué precedentes existen que son hoy perjudiciales?
Se trata de una institución que se supone debería garantizar el cumplimiento de la Constitución. El Tribunal al parecer, no ha tenido la asesoría económica en dos decisiones fundamentales. Solo así se entiende los errores cometidos que, a mi juicio, son garrafales. En el 2021, el Congreso dio una ley que ponía topes a las tasas de interés. En el mundo hay una montaña de literatura que corrobora que ello es dañino. Esta ley ha sido declarada constitucional por el tribunal. Otro error del tribunal ha sido su pronunciamiento ante las iniciativas de gasto del Congreso. Ha interpretado que ese gasto público se limita al gasto presupuestal. Al parecer, el tribunal no se ha enterado que el gasto público es mucho más amplio. Tiene que ver con Essalud, tiene que ver con Petro-Perú, tiene que ver con las empresas públicas. Segundo gran error: ha interpretado que se limita solo el presupuesto actual. O sea, el Congreso puede dar una ley que implica S/80.000 millones a pagar en el 2025 y sería constitucional.
—Ello deja carta libre al Congreso para futuras leyes que impliquen mayor gasto, ¿cuál es la que más le preocupa?
Con la definición de gasto público del actual Tribunal Constitucional, de limitarlo al gasto del ejercicio presupuestal actual, la ley de reforma de pensiones del Congreso –que implica enormes montos de gasto en el futuro– sería constitucional. Es decir, una ley que podría destruir las finanzas públicas del pais, podría ser constitucional. La posibilidad de parar el gasto público de origen congresal ha sido eliminada.
—Tampoco hay una respuesta directa del MEF sobre el tema. En abril usted dijo que estamos frente a un MEF frágil y hasta sumiso. ¿Ello ha empeorado?
Es peor. Los hechos sugieren que nunca antes, en las tres últimas décadas, hemos tenido un MEF tan frágil, tan débil o tan poco osado en reclamar. De tal manera que, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional dice que el gasto público es el presupuesto y es solo este año, el MEF no existe. No reclama. En otras circunstancias, el MEF hubiera respondido y eso seguramente hubiera sido un titular de la prensa.
—¿El actual titular del MEF es el que requerimos para estos tiempos?
No tengo muchas expectativas porque hay una alianza de facto entre el Gobierno y el Congreso. Uno le dice al otro: “No me toques y no te toco”. Yo creo que el perfil del ministro de Economía consistente con este gobierno es el de un ministro que no defiente sus fueros. Aún cuando fuera reemplazado, pienso que buscarán a alguien parecido a él.
—Esta semana el Ejecutivo renovó a ministros de carteras claves, pero mantuvo a otros que hoy están cuestionados. ¿Considera que ello ha significado tener un mejor Gabinete?
Es un cambio bien curioso porque los ministros que debieron haber salido como Interior o Agricultura no han salido. Han salido ministros que estaban haciendo bien su trabajo. No tengo una interpretación porque la decisión tomada atenta contra toda lógica. Este gobierno está en un rumbo cada vez más desatinado.
—¿Afecta ello a la confianza del sector privado?
Lo que ayudaría es que este gobierno, que está muy desacreditado, procure incorporar a gente más competente e independiente. Este cambio en lugar de refrescar al Gabinete lo ha envejecido. No hay una explicación de cuál es la lógica de estos cambios.
Petro-Perú
“Es el ejemplo definitivo de que no vale la pena avanzar en la creación de empresas públicas”
— El Gobierno anunció que tomará las recomendaciones del directorio de Petro-Perú y se emitirá un decreto de urgencia. ¿Cómo toma la decisión luego de que se conociera que se intentó cambiar a los miembros del directorio?
Tranquiliza el hecho de que no hayan cambiado al presidente. Con esta norma, Petro-Perú se manejaría de una manera seria, se salvaría a la empresa y habría que ver si sigue funcionando. Esto debería pasar al cabo de seis o siete años.
— ¿Es garantía de una continuidad en la reestructuración de la estatal?
Se han visto obligados a ratificar al directorio, pero no es garantía de que mantendrán a los directores. Eso preocupa. Una buena señal hubiera sido ratificar al directorio y al trabajo que están haciendo.
— ¿Lo espera de la presidenta Dina Boluarte?
Ya conocemos a la presidenta, nunca se ha pronunciado sobre los aspectos fundamentales de su gobierno. Más estamos a la expectativa de la publicación del decreto de urgencia.
— La visión sobre Petro-Perú, desde el Gobierno, se ha mantenido bajo una visión más nacionalista aun cuando su situación requiere medidas técnicas urgentes. ¿Cuánto nos ha costado como país?
Esta experiencia tiene un lado bueno. Se decía sistemáticamente que la Constitución era muy prohibitiva con la creación de empresas públicas. Bueno, Petro-Perú es un ejemplo definitivo de que no vale la pena avanzar en la creación de más empresas públicas. Para hacer eso, tendríamos que demostrar que Petro-Perú se recupera y está por verse eso. Otros países lo hacen mejor que nosotros.
— Sumado al caso de Petro-Perú, hoy el país enfrenta crisis en frentes de salud y de seguridad ciudadana. ¿Se le está escapando de las manos la situación del país?
El Gobierno, el Congreso y el Tribunal Constitucional se están aprovechando de que, mal que bien, la economía peruana mantiene sus fortalezas. El Banco Central de Reserva tiene las reservas como porcentaje del PBI de las más altas en el mundo. O sea que podemos enfrentar sin problemas cualquier cambio negativo en el escenario internacional. Tiene la inflación bajo control. Tiene la tasa de interés de las más bajas en América Latina. ¿Y el MEF? A pesar de los desatinos, su deuda pública es todavía de las más bajas en la región. Esa mezcla hace que de alguna manera la economía tenga sus vías de escape, que de alguna manera la economía no sea totalmente contaminada con estos desatinos. Entonces el Gobierno, el Congreso y el Tribunal Constitucional se están aprovechando de esta coyuntura de cierta tranquilidad que nos da la situación macroeconómica para legislar en contra del país.
—Respecto del Congreso, ¿qué corresponde pedirles a las fuerzas políticas que hoy la conforman?
Yo creo que es difícil pedirle algo. Teóricamente, la receta sería que retrocedan sobre algunas cosas. Porque se han hecho tantas leyes malas que ojalá un gobierno nuevo de gente más interesada en el destino del país recule y cambie. Los cambios en la Sunedu, los cambios en la Constitución. Los cambios en la ley que favorece a los criminales... Difícil tener expectativa de este Congreso. Creo que hay que convivir con él hasta el 2026 y ello va a ser larguísimo.
—Habló del elevado costo de la autógrafa para la reforma del sistema de pensiones. Sin embargo, ¿resuelve, en su opinión, el problema previsional del país?
Lo único integral de la propuesta es que el financiamiento proviene casi integralmente del sector público. Así es fácil hacer una ley de pensiones, ¿no? Hasta los privados están felices porque la pensión mínima los beneficiaría a ellos. El ministro de Economía debería estar muy molesto con la norma. Es una norma fiscalmente irresponsable. Es una norma que va a sacrificar el futuro de las finanzas públicas por muchísimo tiempo. ¿Será que el gasto en pensiones es más importante que otros como salud, educación, seguridad? A mí no me parece.
— Pero, sin duda, hay una demanda por mejora de las pensiones y el incremento de los aportes. ¿Por dónde debería mejorarse la fórmula propuesta?
Una opción teórica es que no existen incentivos para el ahorro. Otra opción es considerar a Pensión 65 como el único gasto presupuestal del Gobierno. Un compromiso firme de que, cuando seas viejito y seas extremadamente pobre, tienes tu Pensión 65 y dejar el resto tal como está. Es una opción que hay que evaluar.
—Hablando de reformas, ¿confía en que este gobierno pueda dejar alguna reforma que potencie el crecimiento de largo plazo?
Hay choques positivos como el del puerto de Chancay, que nos ha caído del cielo. No hemos hecho nada para eso y lo tenemos. A pesar de que están destruidas las instituciones, la parte económica está más o menos bien. A la larga, el crecimiento económico depende de la tecnología, del capital físico, del capital humano y del capital natural. Nuestro potencial es enorme. Pero yo no exigiría mucho. Yo solo pediría que volvamos a tener un Congreso y un gobierno normales. Como los que hemos tenido siempre. Ya no exijo mucho. Yo creo que solamente con esa vuelta a la normalidad ya es suficiente. Pedir una reforma estructural a este gobierno es pedir demasiado. Yo ya estoy pensando en el 2026. A ver si elegimos un presidente normal o un poco mejor de lo normal.
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