Los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) suscribieron este lunes la “Proclama ciudadana, juramento por la democracia”, un compromiso que consta de doce puntos referidos al respeto a la democracia e institucionalidad.
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Se trata expresamente de juramentos a los que, con su firma, se someten ambos políticos que disputan la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. A lo largo de la campaña, tanto Castillo, como Fujimori, se han referido también a algunos temas de la proclama con distinta intensidad y, en algunos casos, con contraste respecto de a lo que hoy se comprometen.
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“Que jure poner en marcha en forma inmediata los máximos esfuerzos del Estado y otros existentes en el país para vencer la pandemia mediante estrategias eficaces con base científica para la prevención del contagio, la aplicación de tratamientos y la vacunación universal desarrollando el mayor empeño para enfrentar la trágica situación de pobreza y hambre causada por la pandemia”.
Proclama cuidadana
Cabe recordar que el plan de gobierno que presentó Pedro Castillo al inscribir su candidatura ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no incluía ninguna política frente a la pandemia. Es recién en un documento publicado el último domingo —a tres semanas de las elecciones— cuando el candidato ha puesto en el papel sus planes para contrarrestar al coronavirus, prometiendo que antes de fin de año toda la población mayor de 18 años estará vacunada.
El pasado 23 de abril, sin embargo, en un mensaje en Twitter, el docente tuvo un mensaje contradictorio respecto del plan de gobierno: “No permitiremos que nuestro pueblo siga muriendo por falta de atención, por oxígeno o por una cama UCI. La lucha contra la pandemia será nuestra prioridad, nosotros no cambiaremos el plan de gobierno, incrementaremos el Plan Pandemia, priorizando la salud y educación”.
Y el 28 de ese mes, en RPP, justificó: “Lo único que hemos dicho es que el ideario de Perú Libre no contemplaba el tema de la pandemia porque en ningún partido político estaba en ese momento, también en su estructura de gobierno, en su plan de gobierno. Tampoco lo tenían”. Esto último, cabe precisar, no es correcto: los otros partidos sí incluyeron el tema de la pandemia en sus programas.
En el caso de Fujimori, su plan de gobierno sí aborda la lucha contra la pandemia desde dos perspectivas: la reactivación económica y las políticas en salud, innovación e investigación científica. Durante diversas declaraciones a lo largo de la campaña, la candidata ha prometido “terminar de vacunar a todos los peruanos antes de fin de año” con apoyo del sector privado; incluir a los maestros en la primera línea para que sean vacunados; construir 100 planteas de oxígeno; o la entrega de un bono de S/10.000 para las familias que han perdido integrantes a causa del Covid-19.
“Que jure respetar los tratados internacionales e instrumentos jurídicos que el Perú ha firmado, además de respetar las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Proclama ciudadana
Keiko Fujimori ha adelantado que, de llegar al gobierno, indultará a su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Como se sabe, este cumple 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y la sentencia sobre el caso señaló que “los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal”.
Es más, en junio del 2018, luego del indulto humanitario que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no se pronunció contra la medida, pero sí cuestionó los requisitos exigidos para la gracia y reiteró que el cumplimiento parcial de una sentencia puede ser una forma de impunidad y vulnerar el derecho de las víctimas de acceder a la justicia.
Tras la anulación de indulto en octubre de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó: “La CIDH saluda decisión de Corte Suprema de Justicia de Perú de anular indulto a Alberto Fujimori. Decisión cumple con estándares interamericanos de memoria, verdad y justicia, combate la impunidad y cumple con garantía de justicia para víctimas de crímenes de lesa humanidad”.
Por su parte, en el plan de gobierno presentado por Castillo ante el JNE se señala que “el Estado peruano jamás debe abdicar sus competencias a los tribunales internacionales” y que si bien es obligación cumplir el derecho internacional, “no podemos someternos al control jurídico de las grandes potencias económicas”.
Además, Castillo adelantó en febrero pasado sus intenciones de indultar a Antauro Humala, quien cumple 19 años de cárcel por cinco delitos perpetrados durante el ‘andahuaylazo’ del 2005, entre ellos la coautoría en el asesinato de cuatro policías y el secuestro de 21 personas. “Para el fujimorismo ni indulto, ni perdón, ni olvido. El caso de Antauro Humala creo que va por las facultades presidenciales, daríamos el indulto por exceso de carcelería”, comentó a Exitosa en febrero.
Vale apuntar que la Ley N°28760 establece que el indulto, conmutación de la pena y derecho de gracia no procede para los condenados por secuestro, uno de los delitos imputados a Humala.
Hace unos días, distintas organizaciones defensoras de derechos humanos e instituciones de la sociedad civil suscribieron una carta abierta a ambos candidatos denominada “La memoria es democracia”. En ella, expresaron en uno de los puntos: “Rechazamos la intención de ambos candidatos de indultar a personas condenadas por delitos graves y violaciones a los derechos humanos”. Este Diario ha revelado que audios y testimonios confirman la unión del etnocacerismo de Antauro Humala con Perú Libre.
“Que jure que cualquier cambio y/o reforma, incluida la de la Constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes y en respeto al Estado de Derecho”.
Proclama ciudadana
El 8 de abril, en diálogo con RPP, Pedro Castillo explicó su postura sobre una eventual asamblea constituyente para lograr una nueva Constitución, pero advirtió: “Si el Congreso dice que no, habrá que hacer lo que dice el pueblo [...]. Si no está de acuerdo, tenemos que asumir las facultades presidenciales”. Consultado por si planteaba la disolución del Parlamento, acotó: “Yo no lo voy a cerrar, lo va a cerrar el mismo pueblo”.
Asimismo, Vladimir Cerrón, el hombre fuerte del partido por el que postula Castillo, aseguró a inicios de mes que la agrupación contempla la disolución del Congreso como una “tercera vía” para lograr una reforma total de la Constitución, ello en caso dicho poder del Estado se niegue a hacerlo. Cabe recordar que distintos expertos han señalado que la figura de la asamblea constituyente no está regulada en la Carta Magna.
Mientras tanto, el “Plan Bicentenario” que hizo público la noche del domingo contempla para los primeros cien días de su eventual gobierno lo siguiente: “Iniciaremos el proceso para la convocatoria a un referéndum constituyente para que la ciudadanía pueda definir si aprueba o no la convocatoria una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución; en el marco de las actuales reglas constitucionales y legales”.
Por su parte, Keiko Fujimori señala en su plan de gobierno que la reconstrucción del país puede hacerse “sin necesidad de grandes cambios constitucionales o refundaciones del país” y califica a la Carta Magna de 1993 como “la Constitución de la prosperidad”.
“Que jure respetar y proteger la independencia y los fueros de los otros poderes del Estado, así como respetar y proteger la autonomía de organismos como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva del Perú, entre otros”.
Proclama ciudadana
Castillo Terrores ha expresado sus intenciones de desactivar la Defensoría del Pueblo, aunque luego aseguró que la fortalecería en un eventual gobierno. Asimismo, señaló en marzo en Canal N: “Vamos a desactivar en el acto el TC [Tribunal Constitucional] y el tribunal siguiente tiene que ser elegido por mandato popular, así como todos los jueces y fiscales”.
En cuanto a otros poderes del Estado, el plan de gobierno de Castillo plantea que los altos magistrados del Poder Judicial sean electos y revocados por voto popular. También habla de “suprimir privilegios económicos a magistrados”.
Por su parte, Fuerza Popular viene con el antecedente de haber tenido una mayoría absoluta en el anterior Parlamento y de ser protagonista de distintos momentos de crisis política.
Por ejemplo, desde el promover la censura de Jaime Saavedra, titular del Minedu en el 2016, o sus intenciones de censurar en el 2017 a la titular de Educación del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Marilú Martens, lo que llevó luego a negar la cuestión de confianza planteada por el entonces primer ministro Fernando Zavala en torno a la política educativa de la gestión y ocasionó la caída del Gabinete. También hasta en su respaldo mayoritario en setiembre del 2019 a una cuestionada elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que dio pie a la disolución del Parlamento.
La propia Fujimori Higuchi, en entrevista con este Diario, ha admitido que “la actitud de Fuerza Popular ha sido confrontacional”.
“Que jure promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes, aumentando la igualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo además el trabajo de la Sunedu”.
Proclama ciudadana
Tanto Pedro Castillo, como Keiko Fujimori, se han expresado en contra del enfoque de género en la educación y han coincidido en revisar el currículo escolar.
“Revisaremos los contenidos de los textos educativos, porque tenemos que reconocer lo que señala nuestra Constitución: que la responsabilidad educativa es compartida también con los padres de familia. Y así tenemos que revisar y retirar de los textos escolares que señalan que lo que vivió nuestro país fue una guerra interna. No, señores, lo que vivió nuestro país fue terrorismo y hay que decirlo con nombre propio. Asimismo, eliminaremos la mal llamada ideología de género y pondremos énfasis a lo que todos queremos, la igualdad de género, el respeto entre hombres y mujeres”, explicó Fujimori durante el debate del 1 de mayo en Chota.
Por su parte, si bien Perú Libre se ha aliado con Juntos por el Perú de Verónika Mendoza, que ha llevado la bandera del enfoque de género, Pedro Castillo reiteró hace unos días: “El enfoque de género no es nuestra prioridad”. Es más, en el 2019 respaldó al colectivo conservador “Con mis hijos no te metas”.
En un video, expresó: “Están gestando esta ideología [de género] para meterla en la cabeza de los niños [...] Nuestros padres de familia lo rechazan, todos los profesores lo rechazan. Pedimos al Ministerio, porque tenemos que movilizarnos. Y desde Puña, desde Chota, así como lo hacen miles de maestros en el Perú, lo rechazamos. Hacemos una convocatoria al pueblo en su conjunto para que tomemos una decisión responsable [...] No queremos que se enseñen estas cosas”.
“Vamos a revisar y vamos a corregir el accionar de la Sunedu”, también expresó Castillo a fines de mes pasado. En tanto, en el 2019, Fuerza Popular promovió en la Comisión de Educación del Congreso la creación de un grupo investigador contra el referido organismo.
“Que jure respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa”.
Proclama ciudadana
Este compromiso también choca con antecedentes que involucran a ambos candidatos. El plan de gobierno de Pedro Castillo propone “los ministerios de Educación y Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión, evitando de esta forma que se atente contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad peruana”.
También propone una “ley que regula los medios de comunicación”, pues “no debe confundirse libre mercado ni libertad de prensa con impunidad”, y señala que el Perú debe “independizarse” de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organismo que vigila y protege la libertad de expresión y de prensa a nivel regional. “El socialismo no aboga por la libertad de prensa”, expresa también el plan.
A mediados de abril, sin embargo, en entrevista con Punto Final, aseveró que respetará la libertad de prensa. “Creo que si no hay libertad de prensa cometeríamos el gran error de que se digan cosas sesgadas”, expresó.
En el caso de Keiko Fujimori, su partido Fuerza Popular promovió en el período 2016-2019 iniciativas legislativas que fueron cuestionadas por la SIP, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, la creación de una ‘veeduría ciudadana’ de contenidos; le penalización por difundir comunicaciones de mensajería instantánea o una ley de control de medios que fue defendida por la propia candidata presidencial en su momento.
Fujimori Higuchi, además, reivindica el gobierno de su padre, quien fue acusado de la compra de líneas editoriales de diarios para su campaña reeleccionista del 2000. En el 2001, el exasesor Vladimiro Montesinos fue interrogado al respecto y aseguró: “Se consultaba a Fujimori, quien daba sus sugerencias y ordenaba el tipo de titulares que debían salir”. En el 2015, el exmandatario fue condenado por el delito de peculado por el desvío de S/122 millones de los fondos de las Fuerzas Armadas para financiar los denominados diarios chicha, pero una sala de la Corte Suprema presidida por Javier Villa Stein anuló la condena y lo absolvió.
“Que jure promover y proteger la lucha contra la corrupción, y no interferir la labor de investigación que realizan los organismos especializados tales como fiscalías, policía, procuradurías y contraloría. Y que será prioritaria la lucha eficaz contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”.
Proclama ciudadana
Pedro Castillo tiene detrás, como líder de su partido, a Vladimir Cerrón. El exgobernador regional de Junín fue sentenciado en el 2019 por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, a raíz de un caso vinculado a su gestión. Sin embargo, el candidato presidencial de Perú Libre afirmó en abril pasado que Cerrón fue condenado “por la corrupción” y era víctima de una “persecución política”.
Asimismo, en el partido de Castillo hay tres virtuales congresistas que fueron vinculados por el Ministerio del Interior, en el 2017, al Movadef, fachada de Sendero Luminoso. Además, el propio candidato presidencial encabezó hasta octubre de año pasado la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate-Perú), un gremio sindical de profesores que tiene entre sus dirigentes y miembros a personas relacionadas al Movadef, según la Dircote.
Mientras tanto, Keiko Fujimori carga con una acusación ya formalizada por el equipo especial Lava Jato relacionada a la investigación preparatoria que se le siguió por los aportes ilícitos a su partido Fuerza Popular. A la candidata se le imputan los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por ello, la fiscalía ha requerido 30 años y 10 meses de cárcel para ella.
Arrastra además la mochila de su padre, con quien para esta campaña se ha reconciliado. El expresidente Alberto Fujimori ha tenido otras sentencias, como una del 2009 por delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios en el caso de los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas. Ese año también fue condenado por peculado doloso y falsedad ideológica por el caso de la CTS a Vladimiro Montesinos.
“Queda la exigencia desde distintos espacios”
¿Brinda garantías el compromiso firmado por los candidatos? Ello dependerá de la capacidad de presión que se pueda poner sobre ellos para exigirles el ajuste de sus conductas y decisiones a los “puntos mínimos” suscritos, señala Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.
“Es muy expresivo que se haya tenido que firmar algo tan básico y elemental. Todos los antecedentes y lo que se ha venido diciendo en primera vuelta y antes, los temores que hay y había, son fundados. Entonces, se tiene que firmar cosas básicas. Va a quedar siempre la desconfianza de si cumplirán o no. Queda la exigencia, sea desde la sociedad civil, opinión en medios o los distintos espacios”, manifestó a El Comercio.
Agregó que el cumplimiento de los puntos suscritos debe darse tanto por quien gane las elecciones, como quien no. “El que no gane también puede demostrar conductas antidemocráticas y prepotentes, como hemos visto. Hay que hacer un seguimiento de la conducta de los candidatos, de sus equipos”, sentenció.
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