Doscientas denuncias electrónicas por abusos policiales en una hora. Esa fue la cifra registrada luego de crearse la plataforma virtual “Reporte Marcha Perú 12N” por parte del equipo del congresista Alberto de Belaunde (Partido Morado) en favor de los ciudadanos que sostienen haber sido víctimas del uso de la fuerza desproporcionada de la Policía Nacional en la marcha del 12 de noviembre.
“Es alarmante el nivel de vulneración derechos contra personas que ejercieron su derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Estoy indignado por una policía que no ha cumplido con estándares de derechos humanos nacionales ni internacionales. Indignado por la reacción del gobierno de desconocer lo que la gente dice en las calles e invisibilizar o poner en duda la evidencia que han mostrando los ciudadanos, pues eso los pone en una posición de mayor vulnerabilidad”, dijo De Belaunde a El Comercio. “Rechazo las insinuaciones de quienes sostienen que detrás de estas protestas hay grupos violentistas como Movadef”, dice.
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Este Diario constató que el último jueves por la tarde los ciudadanos que se manifestaron en el Cercado de Lima fueron, en su mayoría, jóvenes estudiantes, empresarios, gremios de trabajadores, familias, colectivos en defensa de los derechos humanos e incluso artistas y músicos que utilizaron sus expresiones para manifestarse en contra de la gestión de Manuel Merino. Ayer por la noche, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso emitió un comunicado en el que cita al ministro del Interior, César Augusto Rodríguez Limo, para este lunes a las 10 a.m, para explicar el comportamiento de la policía durante la movilización.
El legislador del Partido Morado, ayer por la mañana, dijo que sostuvo reuniones con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la cual recibió el listado de las 11 personas heridas de gravedad por policías, entre quienes figuran manifestantes, periodistas y ciudadanos aún no identificados. Coincidió con la versión de civiles que aseguran haber estado acorralados en cuellos de botella producidos por los cercos policiales, donde a pesar de la aglomeración, recibieron bombas lacrimógenas. “Me parece vergonzoso que haya salido el ministro del Interior a decir que eso no ha ocurrido, cuando todos hemos sido testigos. El gran problema es que falta presencia del Ministerio Público y fiscales en hospitales, comisarías y en las propias manifestaciones. Eso explica porqué hay una menor de edad que está más de 24 horas detenida”, dice.
Amnistía Internacional también se manifestó ayer tras la publicación de imágenes en video vinculadas al accionar de la policía. “Hemos podido verificar que agentes policiales dispararon municiones, lanzaron gas lacrimógeno, golpearon y sometieron con violencia a personas de manera innecesaria y desproporcional, violando estándares internacionales de derechos humanos”, dijo en su cuenta de Twitter este movimiento global independiente.
El Comercio también ha recogido evidencia por parte de reporteros y fotógrafos que recibieron el impacto directo de proyectiles y bombas lacrimógenas. El congresista Daniel Olivares, también del Partido Morado, quien hasta la madrugada de ayer acompañaba a las familias de los jóvenes internados en el Hospital Guillermo Almenara, también se manifestó en contra del exceso de fuerza empleada por la Policía Nacional. “Hay evidencias de abuso policial y fuerza desproporcionado”, sostiene su par, Daniel Olivares, quien acompañó a los familiares de los heridos en el Hospital Guillermo Almenara luego de que reciban proyectiles por disparos de la policía en la marcha del jueves.
“Deberíamos pensar en una acción de interpelación al ministro del Interior. Acá hay una responsabilidad política clara que tiene que ser asumida. Invoco a mis colegas que separen la discusión sobre si la vacancia fue legal o legítima y dirigirla a las evidencias sobre la vulneración a los derechos”, sostuvo Alberto de Belaúnde en una entrevista telefónica con El Comercio.
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