Jorge Muñoz no cumplió con el 62% de las promesas de su plan de gobierno

A ocho meses de concluir su mandato, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la vacancia de Jorge Muñoz como alcalde de Lima. Este declaró fundada, en última instancia, la apelación interpuesta por Carlos Hinostroza Rodríguez contra el acuerdo del Concejo municipal, realizado en el 2021, que rechazó el pedido de destitución de Muñoz. Según la denuncia de Hinostroza, en el 2019 el burgomaestre recibió dietas por integrar el directorio de Sedapal y también su sueldo como alcalde.

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La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio analizó 50 promesas del plan de gobierno de Jorge Muñoz en ocho sectores: salud y poblaciones vulnerables, seguridad ciudadana, transporte y tránsito, transparencia, medio ambiente, economía y gestión, cultura y turismo, y educación y deporte, y halló que el 62% de las promesas no se han cumplido.

Según documentos de rendición de cuentas, portal de transparencia de la municipalidad, informes de control, entrevistas, notas de prensa, entre otros, a la fecha se tienen 31 promesas sin cumplir, otras 12 se encuentran en proceso y solo siete se han cumplido en su totalidad, como crear un medio único de pago para el uso del sistema de buses (corredores complementarios y el Metropolitano), implementar y promover la construcción de ciclovías o crear un servicio de asesoría legal gratuito para las víctimas (de violencia doméstica y sexual).

La mayoría de promesas sin cumplir pertenecen a los sectores salud y poblaciones vulnerables (10) y seguridad ciudadana (6). Algunas de estas promesas son reducir la anemia infantil de 33,2% a 17%, reducir en 25% la letalidad de los hechos violentos en Lima Metropolitana e incrementar en 50% la efectividad de las investigaciones policiales frente a bandas criminales que atacan a pequeños y microemprendedores.

La viabilidad de las promesas

Un análisis previo muestra que 23 de las promesas eran viables, 9 no estaban en sus manos, 6 eran obligaciones legales, 3 eran inviables y las otras 9 eran propuestas que se estaban llevando a cabo desde gestiones anteriores.

El abogado José Naupari, experto en derecho electoral, menciona que nuestro ordenamiento jurídico, al tener competencias exclusivas, compartidas y delegables, no siempre es del todo claro. Ahí es que se puede llevar a plantear promesas que no necesariamente podrán llevarse a cabo o que no están dentro de su esfera de dominio pleno.

Según Naupari, no podía llevar por su cuenta temas de fiscalía, de capacitación de policías o de servicios de los Centros de Emergencia a Mujer (CEM) a menos que coordinara con las entidades a cargo. El abogado sostiene que al depender de otra entidad cumplir con esas promesas se hace improbable, porque no están en sus manos.

“Si quería mejorar la seguridad de los espacios en riesgo tendría que haberlo coordinado con la Fiscalía de provisión del delito, si quería mejorar los servicios que brindan los CEM tendría que haberlo hablado con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, si quería tener más oficinas fiscales tal vez podía hacer convenios con el Ministerio Público, pero eso no solo pasa por él”, señala el especialista.

En ese sentido, Naupari menciona que es fundamental que los candidatos conozcan cuáles sí son sus competencias y las de su Concejo antes de hacer un plan de gobierno. “La mayoría confunde competencias”, dice.

Este Diario se comunicó con la Municipalidad Metropolitana de Lima para solicitar sus descargos, pero hasta el cierre de este informe no respondieron las consultas.

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El impacto de pandemia

“Hay que considerar que la llegada de la pandemia, a un año de su gestión, ha tenido un impacto en ella”, señala el abogado José Manuel Villalobos Campana, especializado en derecho electoral y gobiernos locales. Según explica, no solo la gestión de Muñoz se vio perjudicada, sino otros alcaldes que tuvieron que encontrar nuevas forma de enfrentar los problemas.

No obstante, Villalobos sostiene que la gestión de Muñoz tuvo mucha improvisación y él no estaba preparado para manejar una metrópoli como es Lima. “Ha tenido muchos desaciertos y ha sido un alcalde que desde la percepción de la gente siempre ha estado ausente”, señala.

Por su lado, Naupari afirma que no desaprobaría la gestión del ahora alcalde vacado de Lima. “Yo diría que cumplió lo prometido en la medida de la pandemia y de lo que estaba en sus manos. Prometió más de la cuenta, pero cumplió lo que estaba en las manos de una municipalidad en medio de una pandemia”, asegura.

“El problema es el enfoque que le ha dado”, dice. Naupari sostiene que dentro de las prioridades de la gestión se encontraron el transporte, la mejora de vías o de parques y algunas zonas específicas del centro. No obstante, la prioridad debió ser la pandemia y la inseguridad ciudadana.

“Si hubiéramos seguido sin pandemia, el transporte hubiera tenido un nivel de prioridad casi igual al de seguridad ciudadana para las personas, pero no ha sido así. Hemos estado en cuarentena. La gente no ha tenido la misma intensidad de movimiento, ni había salido a disfrutar de parques hasta hace poco. Todo a lo que se abocó Muñoz las personas no lo perciben como algo suyo porque no lo han disfrutado”, explica.

Naupari menciona que a ello se le debe sumar el hecho que durante su gestión se dio la transferencia de funciones de la municipalidad a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), con lo cual el tema de transporte ya no se le atribuye a la municipalidad, sino a la ATU. Además, la delincuencia volvió a aumentar, y todavía hay personas que piensan que lo que ocurre en San Martín de Porres, en Pueblo Libre, en San Isidro o otros distritos es competencia metropolitana. “No está claro, en cuando a la seguridad ciudadana, la diferencia de lo que es un distrito y Lima provincia. Así que las personas creen que el responsable es el alcalde de Lima”, asegura Naupari.

El experto también menciona que hay temas vinculados al ámbito social que uno ya no ve como un plus, sino como una necesidad de atender propia de la pandemia. “Surge la idea de que no se tiene por qué agradecer por una obra que era una urgencia por la emergencia sanitaria. Eso es algo que terminó pasándole factura al alcalde”, menciona.

Continuidad de obras

Para Villalobos Campana el principal acierto de la gestión de Muñoz ha sido continuar con las obras que le dejó la gestión anterior o ejecutó expedientes técnicos que ya estaban terminados. “Él presenta como una gran obra la continuación del Metropolitano, pero esta es una obra se dejó en expediente técnico, al igual que la obra del Óvalo del Monitor”, asegura.

Según Villalobos, si bien en sus tres años y cuatro meses no hizo nada por detrabar la Ramiro Prialé o la ampliación de la Vía Expresa Sur, y realizó proyectos cuestionados como los de la Costa Verde, va a dejar encaminada la ampliación del Metropolitano y el Pasamayito, que considera una gran obra.

“Él ha asumido como suyos proyectos que venían de gestiones anteriores y los ha ejecutado, pero es cierto que las personas no lo recuerdan por algún megaproyecto”, señala Villalobos.

“Hay cosas que él siguió, pero comprendo que viene desde atrás precisamente porque tenemos presupuestos multianuales, y compromisos”, señala José Naupari, quien explica es complicado comprometerse a hacer un plan de gobierno que arranque en el 2023 debido a que se llega al cargo con un presupuesto aprobado. “El presupuesto se termina elaborando en agosto, se sustenta a octubre y se aprueba en noviembre y uno llega con un presupuesto aprobado que no es laboral”, recalca.

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El problema de los planes de gobierno

Para los expertos, los planes de gobierno siempre han tenido problemas de viabilidad. Un elemento que se debe considerar es que el ordenamiento jurídico no está sujeto a mandato operativo. “Formalmente uno no está obligado a cumplir las promesas de un plan de gobierno”, asegura Naupari.

No obstante, existe el derecho de control ciudadano para la rendición de cuentas. Según el especialista, es posible realizar una demanda de rendición. También, existe un elemento adicional: los cargos subnacionales son revocables. “Se pueden adquirir kits de revocación, pero es necesario recolectar firmas”, menciona.

Sin embargo, Naupari sostiene que las personas suelen creer que el plan de gobierno es un mero formato que no se va a leer, por lo la pregunta es qué tanto cumples lo que prometes en un escenario donde no te sacarán si no llevas a cabo tus promesas.

Otro punto por el que los planes de gobierno no suelen ser de calidad es porque el JNE no hace control de su contenido. Eso queda a discreción de la ciudadanía. “El plan de gobierno de Muñoz era auspicioso y optimista, pero habían varias competencias que él no iba a poder cumplir si no era colaboración de terceros”, señala Naupari.

Para los especialistas, lo primero que se debe conocer es el marco normativo. No es posible confundir competencias. Además, se debe conocer cuánto presupuesto se tiene, se recauda y está comprometido.