El último jueves, venció el plazo para que el Ejecutivo observara la autógrafa de ley que permite a los padres de familia intervenir y censurar ciertos contenidos de textos escolares. La norma pondría en riesgo la educación con enfoque de género y sexual en el actual currículo, pues se sabe que grupos conservadores de padres buscan censurar esos contenidos.
Al respecto, el constitucionalista Aníbal Quiroga indicó a El Comercio que una salida para quienes pretenden frenar esta norma es presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
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“Si en 15 días el presidente no observa ni promulga la norma, esta regresa al Congreso, como ha pasado ahora, y es promulgada. Ahora, cualquier ley puede ser llevada al TC dentro de los cinco años siguientes a su entrada en vigencia”, explicó.
Detalló que hay ocho legitimados que pueden presentar esta acción, entre quienes están el presidente, el Congreso (25% del pleno) y la ciudadanía (al menos cinco mil personas). Ya en el TC, la demanda se resuelve en instancia única.
“Si el presidente hubiese observado la autógrafa dentro de los 15 días de enviada a su despacho, el Congreso hubiera estado obligado a archivarla o a volverla a votar por insistencia”, dijo Quiroga.
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Por su parte, el constitucionalista y docente de la Universidad de Lima Erick Urbina señaló que tras recibir la demanda, el TC la analiza y resuelve. Mientras tanto, la norma entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación.
“Si el TC declara inconstitucional la ley, automáticamente deja de tener vigencia, pierde validez. Si embargo, si dictamine lo contario la ley se mantiene vigente y se tendrá que acatar”, precisó.
Manuel Bello, consejero del Consejo Nacional de Educación, explicó que esta ley permite que ciertas asociaciones civiles, no necesarmiente calificadas y sin importar su tamaño, puedan impugnar y censurar contenidos educativos. Agregó que incluso amenaza con sanciones a docentes y expertos que no acaten la norma. Esto supone un retroceso.
“Esto supone un retroceso. Le da un poder a un grupo de padres de familia, representantes o asesores de ellos para vetar o censurar el contenido que va a llegar a la totalidad de estudiantes”, comentó.
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Dijo también que es conocido que existen sectores conservadores en el país que vienen buscando censurar contenido del currículo que no coinciden con sus ideas o creencias. “Ahora tendrán la oportunidad de censurar lo que les llega a todos los escolares desde sus propias opiniones”, indicó.
Por otro lado, Bello sostuvo que la norma no prevé un escenario donde diferentes asociaciones civiles y de padres de familia tengan opiniones encontradas. “Un grupo objeta un contenido y otro pugna para que se mantenga. No se ha previsto cómo resolver ese tipo de conflictos”, dijo.
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