El Consejo Nacional de Educación (CNE) invocó al Congreso de la República a reflexionar sobre las implicancias de la aprobación en segunda votación de la ley que reestablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, que propone el cambio en la conformación de los miembros del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Así como el retroceso que ello generaría.
A través de un comunicado, la entidad también insta al Ministerio de Educación (Minedu) a liderar esfuerzos concertadores que aumenten la posibilidad de tener una educación universitaria de calidad, consistente con los objetivos de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva, que forme ciudadanos, profesionales y personas orientadas por una visión compartida y por los propósitos del Proyecto Educativo Nacional.
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“El dictamen (...) constituye un ejemplo de decisiones ajenas a los reales intereses de los estudiantes, sus familias y el país. (...) Esta fórmula contraviene al Tribunal Constitucional, el cual señaló la necesidad de crear una agencia imparcial e independiente de las universidades que vele porque estas cumplan con condiciones básicas de calidad y posteriormente desestimó demandas de inconstitucionalidad referidas a la supuesta afectación de la autonomía universitaria, así como solicitudes de impugnar la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu y la designación del Superintendente por el Minedu”, se lee.
Asimismo, el CNE señaló que el voto en primera instancia a favor de la ley contra la Sunedu antepone los “intereses particulares al interés común que debe primar en estas decisiones, dada la naturaleza de bien público de la educación”.
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“Esta primacía del interés particular sobre el interés público es, en opinión del CNE, una de las causas de la profunda crisis política que atraviesa nuestro país. Urge evitar que, aprovechando la turbulencia y necesidades de corto plazo, se descontinúen políticas de cuyos beneficios se tiene ya evidencia: 95 universidades y programas de postgrado mejoraron las condiciones en que prestan servicios a sus estudiantes y fueron licenciadas, en tanto que se denegó el licenciamiento a otras 50 instituciones que no alcanzaron los estándares mínimos de operatividad”, señala.
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