El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de acción popular presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash (Acurea), que busca otorgar una segunda oportunidad a las universidades privadas con licenciamiento denegado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
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A través de una resolución emitida el pasado 19 de noviembre, la Cuarta Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió que verá la demanda presentada por Acurea contra el Decreto Supremo N° 016-2019 del Ministerio de Educación (Minedu).
La norma –publicada en octubre del 2019– estableció los lineamientos para la aprobación e implementación de un plan de emergencia promovido por el Estado en las universidades públicas denegadas, a fin de que puedan cumplir con las condiciones básicas de calidad (CBC) de la Ley Universitaria y soliciten así un nuevo licenciamiento ante la Sunedu.
Esta medida del Minedu es exclusiva para las casas de estudios públicas, y no alcanza a las universidades privadas denegadas, como Telesup o Alas Peruanas.
Demanda desde Áncash
En diciembre del 2019, la Acurea presentó su demanda de acción popular contra el Decreto Supremo N° 016-2019 argumentando que este documento contraviene la Constitución y la Ley Universitaria, ya que no otorgaba a las universidades privadas denegadas las mismas facilidades para cumplir con las CBC (plan de emergencia, etc). Es decir, no tenían una segunda oportunidad como –sostienen– sí la tienen las públicas.
Hugo Carbajal, director ejecutivo de Acurea, explicó a El Comercio que “no hay un trato justo ni igualitario” con las universidades privadas denegadas. Agregó que si bien existen diferencias entre las instituciones públicas y privadas en ciertos regímenes (como el tipo de gobierno, la remuneración de docentes, la forma de creación y la reinversión de utilidades), ambas son evaluadas con los mismos criterios para obtener el licenciamiento.
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Respecto al posible favorecimiento que tendría un fallo favorable para universidades denegadas como Telesup o Alas Peruanas, dijo que “nuestra iniciativa las favorece”. “Son claramente infractoras, pero la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica) y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, las dos públicas que no lograron la licencia, están en la misma situación. No me parece justo que el Estado ponga dinero solo para las públicas”, dijo.
Según Carbajal, el petitorio de su demande no es que se anule el D.S. N° 016-2019, sino que el juez pueda emitir una sentencia interpretativa para que el Decreto Supremo también alcance a las universidades privadas denegadas. Concluyó que no tienen ningún vínculo con ninguna de estas instituciones, ni ha sido ni es catedrático o empleado en alguna de ellas.
“Responde a un desconocimiento”
Jorge Mori, titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (Digesu) del Minedu, dijo a este Diario que la demanda de acción popular presentada por Acurea “responde a un desconocimiento o confusión” sobre las normas, ya que el D.S. N° 016-2019 “no da segundas oportunidades a las universidades públicas”.
“La Sunedu ya lo ha manifestado: una universidad que incumpla con los CBC, tanto públicas como privadas, pueden solicitar un nuevo licenciamiento. Tienen la posibilidad de presentar un nuevo expediente para ello si cumplen con las condiciones básicas y con el reglamento de cese”, precisó.
Mori también explicó que el Decreto Supremo en cuestión “es una ruta que tiene el Estado, como promotor de las universidades públicas, para definir cómo pueden presentar su nuevo expediente ante la Sunedu”. “El Minedu es responsable de la universidad pública. En el caso de las privadas, son los promotores o dueños quienes tienen que definir esto, en el marco de su autonomía y obligaciones de ley”.
El funcionario adelantó que, actualmente, la Unica registra un avance del 74% en el cumplimiento de su plan de emergencia, y presentaría su expediente de licenciamiento ante la Sunedu en el primer trimestre del 2021. En la UNPRG, se ha programado que el plan concluya hacia mayo del próximo año, aunque en este momento tienen problemas de gobernabilidad.
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