Uno de cada tres peruanos pudo ser el conserje discriminado en Surco [ANÁLISIS]

“Yo no he querido ser racista. Yo tengo muchos amigos así...”.

El así al que se refiere María Olivares Baca, de 36 años, es al término “cholo” que usó para insultar al conserje del condominio donde vive, en el distrito de Surco. El video del momento en que agrede verbalmente al trabajador – con frases alusivas a la supuesta inferioridad del agraviado– fue viralizado en redes sociales esta semana. Luego de la vorágine de comentarios en rechazo a su accionar, la mujer pidió disculpas y aseguró que no se considera racista. “Hay un poco de sensibilidad respecto a este asunto del racismo”, agregó para dar por zanjado el tema.

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Sin embargo, el problema no empieza ni termina en ella. Olivares Baca fue la protagonista del video de discriminación de la semana. Pero el sereno de Los Olivos que expulsó e insultó a una pareja homosexual de la plaza del distrito lo fue la semana anterior. La tesorera de la Federación Peruana de Atletismo que maltrató al entrenador José Luis Chauca hizo lo propio en noviembre y la lista sigue.

De hecho, según la última encuesta de Ipsos, difundida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 1 de cada 3 peruanos ha sufrido discriminación en el último año. Ocurrió principalmente en la calle (28%), pero también en un hospital público o posta médica (16%) y en los centros laborales (público, 15% y privado, 14%, respectivamente).

-Cuestión de desprecio-

Sandra González Watson, directora de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura, explica que la discriminación y el racismo tienen que ver con la intención de vulnerar los derechos y la dignidad de una persona. Por ejemplo, en lo ocurrido en el distrito de Surco, palabra “cholo” tuvo como fin claro menospreciar la labor del conserje.

“No se utiliza para reivindicar el término o en un contexto de amistad, sino que es claramente usado de forma despectiva y peyorativa. El fin era ponerse por encima de la persona, ser parte de un grupo que se cree superior a otro”, indica a El Comercio.

Pero el motivo étnico racial no es la única forma de discriminación. Es más, el estudio de Ipsos revela que la población LGTBI es la más discriminada en el país (70% de encuestados lo consideran así), seguido de quienes tienen VIH o Sida (70%), las poblaciones indígenas (64), personas discapacidad (61), quienes están privados de la libertad (56%) y los afroperuanos (55%).

El caso de Los Olivos, mencionado líneas arriba, es un ejemplo. A inicios del mes, un sereno acusó a una pareja homosexual “dar un mal espectáculo” porque se abrazaban en la plaza del distrito.

Alberto Hidalgo, coordinador del área de Fortalecimiento de Capacidades en Promsex, enfatiza en que se trató de una conducta homofóbica que debe ser sancionada y su explicación es contundente: “Con una pareja heterosexual esto no hubiera pasado”.

-Sanciones-

La discriminación es un delito que se sanciona con hasta cuatro años de prisión; sin embargo, no todos son conscientes de ello. Ni siquiera las víctimas. En cifras: solo el 12% de las personas que fueron discriminadas en el último año hizo un reclamo o denuncia formal, según la encuesta de Ipsos.

Ante este escenario, Sandra González sostiene que en los últimos años ha mejorado la consciencia ciudadana respecto a que la discriminación y el racismo no se pueden tolerar, pero este avance aún es incipiente. “Hay un mayor número de ciudadanos que se pronuncian y se indignan con el racismo. Sin ser las personas directamente agraviadas, exigen que se cumplan con determinadas acciones correctivas. Hay cada vez más movimiento en ese sentido, pero no han aumentado las denuncias”, precisa.

Es ahí donde resulta importante la intervención de las autoridades, entre ellas los gobiernos locales.

A nivel nacional hay cerca de 115 municipalidades que han establecido ordenanzas específicas que prohíben toda forma de discriminación. En Lima y el Callao, son 30 de un total de 42 distritos. Aún faltan municipalidades como Comas, Carabayllo, Independencia, entre otros, informó Percy Castillo Torres, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

En diálogo con este Diario, destacó que la importancia de este tipo normas es que compromete formalmente a todos los funcionarios de la corporación municipal a no discriminar y establece sanciones específicas para quien lo haga. “Sirve como una herramienta propedéutica para evitar que estos sucesos se repitan”, sostiene.

Sin embargo, Alberto Hidalgo de Promsex aclara que no tenerlas no es excusa para que una municipalidad no aplique la ley en caso de que uno de sus trabajadores cometa un acto de homofobia, por ejemplo.

“Existe un marco normativo nacional, como la Constitución, el Código Penal o el Plan Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, pero también normas internacionales que comprometen y obligan al Perú a respetar y hacer respetar los derechos de las personas LGTBI”, enfatiza.

Ambos coinciden que es indispensable que se realice una constante capacitación a servidores públicos para evitar, detectar y atender casos de discriminación y no solo centrarse en medidas punitivas.

Mientras esto ocurra, las personas que sean testigos de un caso de discriminación pueden reportarlo al portal Alerta Contra el Racismo del Ministerio de Cultura.