La presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), María Jara, cuestionó el proyecto de ley que se viene debatiendo en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. La iniciativa planteada por Acción Popular propone ampliar por diez años la autorización para que todas las unidades de transporte público, sin excepción, puedan seguir operando en Lima y Callao.
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En diálogo con Canal N, saludó que existan iniciativas legislativas que busquen un beneficio para usuarios y operadores del sistema de transporte. No obstante, enfatizó que el tema se debe manejar de forma técnica y para ello fue creada la ATU.
“Siempre pensamos que la política tiene buena intención y probablemente la tenga, pero tiene que tener en consideración que el transporte tiene que manejarse de manera técnica sobre la base de los planes. Tenemos más de 30 años en que el sistema, las concesiones y las decisiones se frustran porque entra alguien con muy buena o mala intención y destruye los planes que se hicieron, y la implementación”, dijo Jara.
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Al ser consultada sobre si el citado proyecto de ley tiene una mala o buena intención, respondió: “En este caso es una decisión política que no tiene ninguna evidencia técnica y lo que está consiguiendo en la práctica es que tengamos seis años con empresas comisionistas afiliadoras, donde no hay renovación de flota, donde es imposible eliminar las rutas que no funcionan, donde no es posible mejorar la matriz energética. Esta situación es bien delicada”, enfatizó.
La titular de la ATU detalló que presentó un plan de trabajo ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso en dos oportunidades (una antes de la pandemia y otra en el actual escenario). “En ambas situaciones se explicó con bastante detalle que estamos preparándonos para poder implementar de forma rápida los procesos que permitan contar con una malla de transporte completamente diferente y cambiar la realidad”, remarcó.
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Finalmente, María Jara recordó que la ATU regula los servicios de transporte desde una perspectiva técnica en favor de los usuarios y también fortaleciendo a las empresas de transporte. “El Congreso de la República no debe abocarse a una materia técnica que ya ha sido transferida a una entidad que ha sido creada para eso, para abordar la problemática de manera técnica. Eso es parte de la institucionalidad que hay que respetar”, sentenció.
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