En el kilómetro 90 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Mala (Cañete), existe un cruce con la antigua Panamericana Sur que ha sido escenario de decenas de accidentes tránsito mortales. Conocido como el cruce de la muerte, según estadísticas de la Policía, unas 50 personas han fallecido en este punto desde el 2010. Aunque las cifras de la Municipalidad de Mala son mayores, cerca de 200 durante el mismo periodo, el lugar sigue siendo una zona de gran riesgo para choferes y transeúntes.
Según el municipio, desde hace más de diez años, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la concesionaria Coviperú anunciaron la creación de un intercambio vial que aún no ve ni sus primeros cimientos. Ante la falta de soluciones, cerca de mil personas marcharon por la carretera este viernes 23 de febrero, con el fin de exigir el inicio de las obras.
Fue en marzo del 2010 cuando el MTC informó oficialmente que –a raíz de una serie de adendas suscritas con Coviperú, empresa concesionaria de la carretera desde Pucusana hasta Ica- se construirán por lo menos siete pasos a desnivel en Cerro Azul, Santa Cruz, Playa Hermosa, Arena, El Manso, Bujama y Boca de Río. Sin embargo, a casi 13 años del anuncio, los vecinos del sector Bujama en Mala no han visto avance alguno. “Este proyecto viene del año 2010. En el transcurso de los años se han presentado diversas observaciones, pero las últimas ya fueron subsanadas por el MTC y se levantó el informe hacia el MEF. Sin embargo, este ha respondido con nuevas observaciones”, contó a El Comercio el alcalde de Mala, Marquinho Espichán.
“Esto tiene años, pero siempre es lo mismo. Me dijeron que se iniciaba el proyecto en el mes de setiembre [del 2023] y hasta ahora, nada”, agregó. El burgomaestre resaltó que por parte Coviperú no hay interferencias, y que las demoras son concretamente de las entidades estatales. “Con la concesionaria, el trabajo es oportuno. No tenemos ningún problema. De hecho, los técnicos de la misma concesionaria nos apoyan en las reuniones [sobre la construcción de la obra] con las autoridades”, dispuso.
El alcalde aclaró que todos los predios necesarios para realizar la obra se encuentran liberados. “Los negocios que estaban en la zona de influencia de la obra fueron retirados desde antes a la pandemia. Se han posicionado en otra etapa, pero no se ven afectados. Ya se liquidó a las familias en la zona de influencia. El último predio que tenía interferencia era el perímetro del estadio [de Mala], pero ya se dio el permiso para que inicien la obra. Tampoco hay interferencias en las redes agua y desagüe, solo existe una interferencia en el cableado de alumbrado público que se subsanará iniciada la obra”, detalló.
El burgomaestre indicó que se trata de un responsabilidad compartida entre el MTC y el MEF, principalmente, pues las observaciones en los oficios se siguen realizando mientras en la carretera se siguen registrando accidentes. Espichán dijo que en las próximas semanas espera la visita del titular de Transportes, Raúl Pérez Reyes, para destrabar el tema.
El Comercio se comunicó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Ministerio de Economía y Finanzas, para conocer detalles de los expedientes y la razón de las demoras. No obstante, hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
Marcha en Mala
Ante la larga demora, el último viernes 23 de febrero se realizó una marcha con el fin de exigir al Estado la ejecución de esta obra. Esta movilización -que fue autorizada por la Prefectura de Cañete- inició a las 3 p.m. en el Estadio de Bujama, ubicado a la altura del cruce donde se prevé construir la obra. El alcalde del distrito maleño acompañó a los vecinos, quienes se trasladaron por el carril derecho de la vía en dirección al puente Totoritas para luego retornar al punto inicial. “Esta movilización la convocó la propia población de Bujama, son ellos quienes han obtenido el permiso”, recalcó el burgomaestre.
Durante el recorrido, cientos de manifestantes mostraron su rechazo a las demoras por parte de las autoridades del Gobierno para darle visto bueno al proyecto. Carlos Cáceres, residente de la zona de Bujama, indicó que “el cruce con la Panamericana Sur es sumamente peligroso por la falta de señalización y la velocidad a la que se desplazan los autos y buses”, dijo.
Mercedes Vicuña agregó que semana a semana y más en época de verano es cuando se registran los accidentes. “Ya hemos perdido la cuenta de los muertos que hay en este punto. Es un riesgo para todos”.
El recorrido —de unos 4,7 kilómetros por tramo— se desarrolló entre las 4 p.m. y las 7 p.m. del viernes. Esta zona, al tener solo dos carriles por lado, fue afectada por la movilización de los manifestantes. El control y supervisión del evento estuvo a cargo de la Comisaría de Mala, con el apoyo de personal de las Comisarías de Cañete, Asia, San Antonio, la Policía de Carreteras y la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú (PNP). No obstante, por algunos minutos la carretera fue bloqueada, tal como registró el medio Cañete Reporta.
Zona de riesgo
El límite de velocidad permitido en la carretera Panamericana Sur es de 100 kilómetros por hora para vehículos particulares. Sin embargo, entre los kilómetros 89 y 91 de dicha vía nacional, la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora, al tratarse de un tramo que cruza o circunvala un centro poblado. Es en este punto donde -indicó el alcalde- se han registrado cerca de 200 fallecidos desde el 2010. “La Policía registra alrededor de 50 muertes en el lugar [a causa de accidentes de tránsito]. Sin embargo, ha habido accidentes donde las víctimas han fallecido en clínicas o en el camino a estas. Sumando todo, se aproxima a los doscientos fallecidos”, explicó.
El Reglamento Nacional de Tránsito establece en su artículo 164 que “en vías que circunvalen zonas urbanas [como sucede en el caso de Bujama]” la velocidad no puede superar los 60 km/h, “salvo señalización en contrario”. En este lugar, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) -entidad adscrita al MTC- viene sancionando desde inicios de año a quienes no cumplan con dicho límite. En entrevista con El Comercio, Franklin Barreto, exjefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, advirtió que existe un riesgo cuando el cambio de velocidades -como ocurre en el sector de Bujama- no está bien señalizado.
“Tenemos vías de circulación que tienen un límite de 100 km/h, pero en cualquier momento que se le ocurra a la autoridad, se cambia la velocidad sin previo aviso”, criticó. “Si un vehículo recorre a 100 kilómetros por hora y [al frente otro vehículo reduce su velocidad a 60], vamos a ver que una persona que acate esto puede ocasionar un mayor perjuicio”, contempló Barreto. “Me suena más que el efecto [que busca esta medida] es más recaudatorio que preventivo”, sostuvo, argumentando que la fiscalización en este punto al transporte privado “no soluciona los problemas” que ponen en riesgo a los vecinos de la zona y los usuarios de esta importante vía nacional.
Por su parte, Espichán explicó que la reducción de velocidad en este punto fue una propuesta de la autoridad local, que inició con la declaratoria de zona urbana al sector de Bujama. Respecto a la fiscalización, el alcalde precisó que “los operativos [que realiza la Sutrán] los hacen los fines de semana y en horas puntuales. No es que haya una cámara fija o una constancia, solo vienen unas horas”.
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