Si uno camina por la cuadra 3 del jirón Camaná, en el Cercado de Lima, terminará con un fajo de tarjetas de abogados especializados en ‘salvar’ a los infractores que han recibido papeletas.
Esta lluvia de volantes empieza en la misma puerta del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la entidad de la Municipalidad de Lima que se encarga de recaudar el dinero de las infracciones.
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Los abogados y sus jaladores ofrecen el servicio de impugnación de cualquier papeleta, con el fin de que el infractor se libre de su efecto sancionador. De manera explícita ofrecen los servicios de “prescripción de papeletas”, “impugnación de multas”, “liberación de vehículos del depósito”, entre otros.
Esto sucede porque la ley permite a los infractores presentar descargos, reconsideraciones, apelaciones y otros recursos hasta que la multa prescriba. Desde la imposición de una papeleta pueden pasar 4 años sin que esta sanción se haga efectiva.
Estos abogados y sus jaladores nunca preguntan si la multa ha sido injusta ni los motivos para apelarla. Ellos van directo al grano: “Impugnamos todo: las nuevas papeletas del ‘pico y placa’, para que no tengan efecto, también las nuevas multas de la ATU. Tú solo dime cuántas papeletas tienes y te hago un paquete. Si tienes más de 20 papeletas te cobro S/10 cada una. El reclamo de la papeleta entra al sistema administrativo, se congela su efecto por años hasta que prescribe. Mientras tanto tú puedes seguir manejando y no te van a quitar el carro”, dice uno de ellos.
A inicios del 2018, la campaña #NoTePases informó sobre esta red de abogados y su negocio. Sin embargo, ayer este Diario constató que esta actividad ha crecido a tal punto que estos abogados tienen más oficinas que el mismo SAT: en solo dos horas El Comercio contó a más de 30 abogados en 12 oficinas solo en una cuadra.
Especialistas en materia vial afirman que en el Perú no existe un procedimiento especial simplificado que dé mayor agilidad al cobro de este tipo de multas. “Por la cantidad de multas que se imponen, deberíamos tener un proceso rápido para resolverlas. El infractor también puede acudir a la vía contenciosa-administrativa del Poder Judicial y eso puede durar más de los 4 años que toma en prescribir la multa”, comenta Luis Quispe Candia, director de Luz Ámbar.
Mientras se impugna la papeleta, la sanción queda pendiente y el SAT no puede utilizar medios coactivos para cobrar, como la medida cautelar (orden de captura) del vehículo. Para el exjefe de la División de Investigaciones de Actividades de Tránsito de la policía, Franklin Barreto, lo más preocupante es que las papeletas no cumplen su función de cambiar conductas. “Nadie va a pagar las papeletas porque impugnarlas es demasiado fácil. Según la Sutrán, solo el 1% papeletas terminan siendo pagadas. En otras entidades no llega al 10%”, dice Barreto.
—Ejemplo extranjero—
Bogotá es una ciudad que comparte problemas con Lima en materia vial. Uno de ellos son las argucias legales que permiten a infractores librarse de las multas. Sin embargo, hace 3 años, la Secretaría de Movilidad de Bogotá halló la manera de vincular las cuentas bancarias de los infractores con sus multas.
“En Bogotá hemos embargado medio millón de cuentas bancarias a infractores que no pagan. Así hacemos efectiva la sanción”, dijo a El Comercio Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá. 
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