El presidente electo Donald Trump ha renovado su ataque a la política de ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio fundamental establecido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Desde que asumió su primer mandato, el empresario ha sido un crítico acérrimo de este derecho, el cual garantiza la nacionalidad automática a cualquier persona nacida en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Durante su campaña presidencial de 2024, prometió que, el primer día de su segundo mandato, firmaría un decreto que pondría fin a esta práctica, calificada por él como un “mito histórico” y una “malinterpretación deliberada de la ley”. De acuerdo con su visión, la medida es parte de una reforma más amplia que busca cambiar las políticas migratorias, las cuales, según él, permiten que los hijos de inmigrantes indocumentados obtengan la ciudadanía de manera automática y sin justificación.
Esta propuesta de Trump genera un debate importante sobre la interpretación de la Constitución de los Estados Unidos y la historia del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Aunque la acción ejecutiva tiene el objetivo de modificar la política migratoria, un decreto presidencial no tiene la misma autoridad que una enmienda constitucional. La Decimocuarta Enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”, es un componente clave de la ley fundamental del país y ha sido interpretada y defendida por la Corte Suprema en diversos fallos históricos. Así, aunque el presidente pueda intentar restringir la ciudadanía por nacimiento a través de una orden ejecutiva, cualquier cambio significativo en este ámbito debería pasar por un proceso legislativo mucho más complejo.
¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS OTORGA LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO?
En el contexto de las políticas migratorias de Trump, la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha convertido en un tema central. Durante su presidencia, Trump intentó restringir el llamado “turismo de nacimiento”, que se refiere a la práctica de mujeres embarazadas que viajan a EE.UU. para dar a luz y asegurar que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. El expresidente argumentó que esta costumbre abusaba del sistema y socavaba la integridad de las políticas migratorias del país. De hecho, uno de los aspectos clave del enfoque de Trump sobre la inmigración es que las leyes deben ser interpretadas de manera más restrictiva, especialmente en relación con los indocumentados.
El debate sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento se remonta a un contexto histórico profundo, relacionado con la abolición de la esclavitud y la garantía de los derechos civiles a los descendientes de los esclavos. En 1868, con la ratificación de la Decimocuarta Enmienda, el Congreso de los EE.UU. buscó garantizar que todos los nacidos en el país fueran reconocidos como ciudadanos, independientemente del origen de sus padres. Esta fue una respuesta directa a la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott v. Sandford de 1857, en la que se dictaminó que los descendientes de personas esclavizadas no eran ciudadanos. A través de la Decimocuarta Enmienda, se intentó corregir esa injusticia histórica y asegurarse de que no hubiera discriminación en el acceso a la ciudadanía.
En su versión actual, la Decimocuarta Enmienda sigue siendo una de las bases más importantes del sistema jurídico estadounidense. Establece que cualquier persona nacida en EE.UU. es automáticamente un ciudadano estadounidense, lo que incluye a los hijos de inmigrantes, incluso si estos últimos se encuentran en el país de manera ilegal. Esta interpretación ha sido clave para el reconocimiento de los derechos de miles de personas, incluidos los hijos de indocumentados que nacen en territorio estadounidense.
Trump y algunos de sus asesores, como el abogado John Eastman, defienden una interpretación más restrictiva de la enmienda. Eastman ha argumentado que la frase “y sujetos a su jurisdicción” excluye a los hijos de inmigrantes indocumentados, ya que estos padres no estarían bajo la jurisdicción plena del gobierno estadounidense. Según esta teoría, sería necesario que el Congreso aprobara una ley que expresamente indicara que los hijos de estas personas no tienen derecho a la nacionalidad. Sin embargo, esta interpretación ha sido rechazada por la mayoría de la comunidad legal, incluidos muchos abogados y jueces conservadores que sostienen que el lenguaje de la Decimocuarta Enmienda es claro y no deja espacio para esta distorsión.
Uno de los argumentos más fuertes en contra de la posición de Trump proviene del análisis histórico y legal de la propia Corte Suprema. En el caso Wong Kim Ark de 1898, la Corte dictaminó que los hijos nacidos en EE.UU. de inmigrantes chinos eran ciudadanos por nacimiento, reafirmando así el principio ya antes explicado establecido en la Decimocuarta Enmienda. La decisión de la Corte en este caso ha sido una piedra angular de la interpretación de esta, y es difícil imaginar que el alto tribunal cambie su postura sin una modificación constitucional explícita.
¿QUÉ SE NECESITARÍA PARA CAMBIAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO?
Para cambiar la ciudadanía por derecho de nacimiento, Trump necesitaría una reforma constitucional, lo cual es un proceso extremadamente complejo y poco probable. Las enmiendas constitucionales requieren una aprobación mayoritaria tanto en el Congreso como en las legislaturas estatales, un proceso que generalmente es lento y arduo. Además, cualquier intento de modificar la Constitución sobre este tema encontraría una feroz resistencia, especialmente de aquellos que defienden los derechos civiles y la igualdad ante la ley, principios que están profundamente arraigados en la historia de Estados Unidos.
La postura de Trump también ha generado preocupaciones entre los defensores de los derechos humanos y los inmigrantes. La idea de negar la ciudadanía a los hijos nacidos en EE.UU. de inmigrantes indocumentados podría tener implicaciones profundas en términos de derechos civiles y el trato a las personas nacidas en el país. Este enfoque también podría generar una mayor fragmentación social y exacerbar la polarización política que ya está presente en muchos aspectos del debate migratorio en EE.UU.
Además, la política de ciudadanía por derecho de nacimiento es vista por muchos como una salvaguarda contra los abusos del sistema de inmigración. Garantiza que los niños nacidos en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres, puedan acceder a los mismos derechos y protecciones que cualquier otro ciudadano estadounidense. Limitar este derecho podría abrir la puerta a una mayor discriminación y exclusión, algo que muchos consideran una violación de los principios fundamentales de justicia e igualdad que sustentan la Constitución de EE.UU.
Finalmente, la postura de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento no solo se refiere a la política migratoria, sino también a su visión sobre la identidad nacional de Estados Unidos. Trump y sus aliados han argumentado que la práctica actual fomenta la inmigración ilegal y pone en riesgo la seguridad y estabilidad del país. No obstante, este enfoque ha sido ampliamente criticado por aquellos que consideran que la ciudadanía por nacimiento es un derecho fundamental que refleja los valores de inclusión y justicia que han sido parte de la historia de Estados Unidos desde su fundación.
