El gobierno de Estados Unidos ha decidido aplazar un controvertido plan que buscaba obligar a los bancos a recopilar y reportar información sobre el estatus migratorio de sus clientes, una medida que había generado fuerte rechazo en el sector financiero. Según reveló The Washington Post, la iniciativa impulsada durante la administración de Donald Trump enfrentó resistencia tanto de grandes instituciones de Wall Street como de pequeñas entidades comunitarias, que advirtieron sobre la complejidad operativa y los riesgos asociados a su implementación. Fuentes cercanas a las deliberaciones internas indicaron que la propuesta, aunque no ha sido descartada por completo, podría ser retomada en el futuro con modificaciones significativas.
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De acuerdo con las personas familiarizadas con el proceso, representantes de la industria bancaria sostuvieron en reuniones con funcionarios que exigir a millones de clientes actuales documentación que verifique su ciudadanía sería una tarea poco práctica. En ese sentido, el plan original contemplaba ir más allá de las actuales normas de “conozca a su cliente”, que requieren información básica como nombre, fecha de nacimiento y dirección, generalmente validada con una licencia de conducir, con el objetivo de prevenir delitos financieros como el lavado de dinero.
Sin embargo, la propuesta iba más lejos al plantear la posibilidad de solicitar documentos adicionales, como pasaportes, tanto a nuevos clientes como a quienes ya tienen cuentas activas. Este punto fue uno de los más criticados por el sector, que alertó sobre la carga administrativa que implicaría verificar el estatus migratorio de millones de usuarios, especialmente en bancos con decenas de millones de cuentas.
Aunque la Casa Blanca reconoció que se está trabajando en una orden ejecutiva relacionada con inmigración y el sistema bancario, negó que se haya considerado seriamente auditar la ciudadanía de los clientes actuales. Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato, señaló que cualquier medida futura podría centrarse únicamente en nuevos clientes, lo que reduciría significativamente el impacto operativo, aunque seguiría representando un desafío considerable.
El aplazamiento de este plan se suma a una serie de obstáculos que han enfrentado las políticas migratorias en EE.UU., incluyendo bloqueos judiciales y dificultades logísticas en otros programas de control. Aun así, la idea de utilizar el sistema bancario como herramienta de verificación migratoria no es nueva y, según fuentes citadas por el mencionado medio estadounidense, ya había sido discutida durante el período de transición gubernamental.
Algunos defensores de la propuesta comparan este enfoque con sistemas como E-Verify, que permite a los empleadores comprobar la elegibilidad laboral de sus trabajadores, argumentando que se trata de una extensión lógica de los mecanismos existentes. No obstante, críticos del plan advierten que podría generar barreras innecesarias y afectar a millones de personas, además de sobrecargar a las instituciones financieras.
En tanto, autoridades regulatorias han minimizado el posible impacto. Jonathan Gould, uno de los principales reguladores bancarios, aseguró recientemente que la carga adicional para los prestamistas sería “menor”. Sin embargo, desde la industria insisten en que implementar un sistema de verificación migratoria a gran escala sería complejo, costoso y difícil de ejecutar en la práctica.
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