¿Cómo ven México y Colombia la legalización de marihuana en Uruguay?

En los últimos años, América Latina ha estado a la vanguardia en el debate sobre la legalización de las drogas como alternativa para combatir la corrupción y derramamiento de sangre que acarrea la llamada lucha contra las drogas.

Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano no sólo en legalizar la marihuana, sino en disponer que el Estado se encargará de su cultivo y distribución. Son propuestas que también han sido aireadas y discutidas en países como México y Colombia.

Nuestros corresponsales en esos lugares, Juan Carlos Pérez Salazar y Arturo Wallace, nos informan en qué punto se encuentra la discusión.

MÉXICO: ENTRE DESPENALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN En México, en los últimos años, la legalización de la marihuana nunca ha estado muy lejos de las primeras planas.

En abril de 2009, el Congreso de la Unión aprobó la despenalización del consumo mínimo en todo el país, de varias drogas: 5 gramos de cannabis, 2 gramos de opio, 0,5 gramos de cocaína, 50 miligramos de heroína o 40 miligramos de metanfetamina.

Ciudad de México que lleva una seguidilla de gobiernos de izquierda ha estado a la vanguardia de todas estas discusiones.

De hecho, este año surgió la propuesta apoyada por exsecretarios de Estado e intelectuales de aumentar en el Distrito Federal la dosis personal permitida de marihuana, como un primer paso hacia su legalización total.

El debate sigue y ha encontrado al más improbable de sus aliados en el expresidente Vicente Fox (2000-2006), el mismo que en su mandato trato de hacer aún más estrictas las penas por consumo personal.

En un giro de 360 grados, el expresidente Fox ahora aboga por la legalización e incluso comercialización de la marihuana en foros, ruedas de prensa y conferencias. El exmandatario ha llegado al punto de decir que, una vez que sea legal, podría incluso a dedicarse a producir cannabis.

La marihuana con un control adecuado y reglamentación puede ser perfectamente una industria legal operativa, que le quitará millones, millones y millones de dólares a los criminales. Aquí el gran perdedor son los criminales: ese dinero ahora va a ser de empresarios, industriales y del gobierno y no de El Chapo Guzmán, dijo en uno de sus pronunciamientos al respecto.

El cambio en el tono y alcance del debate es evidente. Hace menos de una década ningún exmandatario latinoamericano habría soñado con hacer declaraciones de este tipo.

En los últimos dos años, incluso presidente en funciones (como en su momento Felipe Calderón de México o en la actualidad Otto Pérez Molina de Guatemala, Juan Manuel Santos de Colombia y por supuesto José Mujíca en Uruguay) han pedido un debate más amplio y sesudo sobre la legalización como método para combatir las drogas.

Estados Unidos siempre le ha salido al paso (la última vez fue el secretario de Estado, John Kerry, previo a la reciente gira de Barack Obama por México y Centroamérica) diciendo que la legalización no es una opción.

Sin embargo, a nivel interno, estados como Washington y Colorado están diciendo y haciendo algo muy distinto. El debate está servido en América Latina, ya es prácticamente imposible acallarlo y México es uno de los países a la vanguardia de la discusión.

Siga a Juan Carlos Pérez Salazar, corresponsal en México y Centroamérica, en Twitter en @JCPerezSalazar

COLOMBIA:REFORMAS, PERO NO UNILATERALES Pocos países estudiarán las consecuencias de la decisión uruguaya de legalizar y regular la producción y venta de marihuana con más atención que Colombia.

El presidente Juan Manuel Santos ha denunciado repetidamente el fracaso de la denominada guerra global contra las drogas y parece considerar que los esfuerzos por erradicar la producción, demanda o uso de estupefacientes son una batalla perdida.

Pero el mandatario colombiano también ha insistido en la necesidad de que las futuras nuevas políticas estén basadas en evidencia científica. Y, desde ese punto de vista, Uruguay ha pasado a convertirse en un laboratorio gigante.

En el corto plazo, sin embargo, parece poco probable que Colombia se apure a seguir el ejemplo de los uruguayos.

Santos asegura ser un firme convencido de que las reformas en materia de política antidrogas no deben intentarse de forma unilateral, por lo que antes de apostar por medidas tan radicales muy probablemente intentará conseguir un consenso más amplio.

O, por lo menos, esperará a ver qué tan bien sale el experimento uruguayo.

Infortunadamente para nosotros este es un problema de seguridad nacional. Y si nosotros bajamos la guardia, inmediatamente nuestros enemigos se van a fortalecer, ha dicho en numerosas ocasiones el mandatario, refiriéndose al problema del narcotráfico.

Por eso no tenemos alternativa diferente a continuar con esa lucha, de forma determinada y contundente, dijo, por ejemplo, en un foro sobre el tema celebrado hace casi exactamente un año. Según Santos, eso podría cambiar si la comunidad internacional acuerda mejores alternativas.

Y por eso, en lo que a la marihuana se refiere, tanto o más importante que la iniciativa uruguaya será la evolución de las políticas federales sobre el tema en Estados Unidos.

Dicho todo esto, sin embargo, tampoco hay que olvidar que, según la actual legislación colombiana, la posesión de pequeñas cantidades de droga y su consumo ya no son penalizables.

Además, Colombia también ha empezado a dar algunos –tímidos– pasos hacia la producción legal de cannabis con fines medicinales en la capital, Bogotá. Y el tema de la política antidrogas también está siendo debatido en el marco del proceso de paz con la guerrilla de las FARC que tiene lugar en La Habana.

En ese contexto, algunos otros pequeños pasos hacia políticas más innovadoras en materia de drogas se pueden dar por sentados.

Y una sorpresa mayor, como las políticas antidrogas colombianas empiecen a diferenciar entre la planta de coca y la cocaína, tampoco es completamente descartable.

Siga a Arturo Wallace, corresponsal en Colombia y el área Andina, en Twiter en @bbc_wallace