El congresista Jaime Delgado retiró esta semana su proyecto de ley de “insolvencia familiar”. Como se recordará, este era un proyecto presentado para “proteger” a los deudores de las instituciones financieras del cobro de sus obligaciones en el caso en que incurriesen en alguno de una serie de supuestos. Supuestos como el haber tenido que “asumir gastos excepcionales por coyunturas especiales”, el haberse separado o divorciado, o el haber sido despedido. La idea, decía a la letra el mismo proyecto, era evitar cualquier cobro que pudiera suponerle al deudor “una situación de exclusión social o inestabilidad psicológica”.

No ha sido de forma penitente, sin embargo, como el señor Delgado ha retirado el proyecto tras la avalancha de críticas recibidas. De hecho, según él mismo ha anunciado esta semana, lo ha retirado solo para “perfeccionarlo”, lo que es verdaderamente preocupante. Después de todo, las metidas de pata perfeccionadas son más dañinas que las que se quedaron a medio completar.

Dicho de otra forma, no importa cómo el señor Delgado reformule los supuestos que permitirán que una persona se pueda declarar insolvente ante el Indecopi y tenga, por tanto, derecho a que este prohíba que sus acreedores le cobren en los plazos contratados, y a que les imponga más bien unos nuevos e impredecibles esquemas de pago. Lo que importa es que, sean cuales fueran estos supuestos, ellos aumentarán el riesgo que los bancos asumen cuando prestan dinero, y, por consiguiente, lo que estarán dispuestos a cobrar a cambio de hacerlo. En otras palabras, encarecerán el crédito para todos y, de esta forma, lograrán exactamente lo que el señor Delgado, conforme dice su proyecto, estaría buscando evitar: “el perjuicio a los consumidores”.

Naturalmente, de más está decir que, entre estos consumidores, los más perjudicados de un encarecimiento del crédito serían quienes menos recursos pueden mostrar a la hora de solicitar un préstamo.

El señor Delgado intenta justificar esto diciendo que no se le puede negar a las personas naturales un derecho que ya tienen las empresas. “Cuando los empresarios atraviesan por una situación similar de insolvencia tienen derecho a acudir al Indecopi para que se convoque a los acreedores buscando mecanismos de reestructuración […]. Esto sucede todos los días, desde hace muchísimos años”.

El congresista soslaya de esta astuta forma que las juntas de acreedores a las que él alude son las que tienen la última palabra sobre si aprobar una reestructuración con nuevos plazos para el cobro de las deudas u optar por liquidar la empresa, cobrándose de su patrimonio. Es decir, que las normas de insolvencia empresarial no imponen nada a los acreedores de la empresa, reconociéndolos más bien como los dueños del derecho del que se trata –el derecho a cobrar– y como los únicos, por consiguiente, que pueden disponer de él, postergando sus cobros o no. Todo lo contrario de lo que propone el señor Delgado para el caso de los deudores que son personas naturales: que el Indecopi pueda imponer a los acreedores el nuevo plan de pagos que a este y al deudor que se declare insolvente les parezca bien.

Por lo demás, cuando el congresista Delgado afirma tendenciosamente que lo único que busca es darles a las personas “la posibilidad de reunirse con los acreedores y renegociar las condiciones de pago” no solo dice algo que no es cierto (por lo arriba explicado), sino que también dice un sinsentido. Esa posibilidad ya existe y, de hecho, es ampliamente empleada en la realidad, donde bancos y deudores en problemas (al menos los que tienen visos de credibilidad para el banco) suelen renegociar sus deudas constantemente (al fin y al cabo, una vez el deudor está en problemas, su acreedor también lo está). Lo que no existe es la posibilidad de imponerle al banco una renegociación que este no considere va en su mejor interés. En resumen, lo que no existe es la posibilidad de actuar como si no se hubiese firmado un contrato.

Es, en fin, por el bien de todos los que necesitan créditos en el Perú que, ahora que lo ha retirado, el señor Delgado no debería volver a sacar este proyecto de su aparentemente inagotable cornucopia de iniciativas demagógicas.