En circunstancias normales, este jueves 25 por la noche el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, debería subir al estrado principal de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y dar su discurso al mundo, tal como ya lo han hecho desde el martes 23 varios jefes de Estado. Pero el vecino del norte atraviesa momentos turbulentos y será entonces la canciller Gabriela Sommerfeld la que tome la palabra en representación de Ecuador.
La tercera jornada del paro nacional convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) transcurrió de modo más violento que las anteriores y obligó al gobernante a quedarse en el país y monitorear ‘in situ’ la tensa situación en las provincias andinas de Imbabura y Pichincha y en las amazónicas de Zamora, Chinchipe y Pastaza, donde se han registrado cortes de vías, ataques contra destacamentos policiales y diversos actos de vandalismo.
La Conaie cuestionó justamente la presencia de Noboa en las últimas horas en Otavalo, la segunda urbe más poblada de Imbabura, señalando que busca “imponer miedo y repartir bonos asistencialistas para quebrar la resistencia”.
En ese acto de entrega de beneficios sociales, Noboa advirtió que “retroceder sería condenar al fracaso a un país que busca avanzar y prosperar” y que nadie le va a impedir “llegar a las comunidades y a las personas que más necesitan”, en clara alusión a los bloqueos parciales de carreteras de los manifestantes.
El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, informó que por ahora hay 60 detenidos, entre ellos algunos extranjeros, y acusó que las manifestaciones ya no son en rechazo a la eliminación del subsidio al combustible diésel, decretada el 12 de setiembre, sino que se ha convertido en “un tema político”.
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1. Retroceder nunca, antes morir
Al día siguiente de decir que “prefiere morir” a retroceder en su decisión de eliminar el subsidio al diésel, Daniel Noboa alertó que su país enfrenta actualmente actos de terrorismo disfrazados de protesta. En sus casi dos años en el poder, es el momento más tenso que vive. Su gobierno ha anunciado varios incentivos y compensaciones a partir de los 1.100 millones de dólares al año que calcula que se destinaban a ese subsidio del que, según las autoridades, se beneficiaban también traficantes y grupos criminales. Pero lo cierto es que el aumento del galón de diésel de 1,80 a 2,80 dólares (más del 55%) ha desatado el rechazo de organizaciones sindicales, estudiantiles e indígenas.
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2. Un contrincante muy pesado
El principal promotor del paro es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que también fue protagonista de las masivas protestas del 2019 y 2022, que obligaron a los mandatarios de entonces, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, a dar marcha atrás cuanto quisieron igualmente eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el FMI. “Este no es el gobierno del 2019, tampoco el del 2022, este es un gobierno fuerte que no tiene miedo a movilizarse”, subrayó Noboa en las últimas horas.
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3. El pasado que vuelve e inquieta
Aunque carece del poder que alguna vez tuvo, Ecuador no olvida que la Conaie encabezó las violentas manifestaciones que provocaron la caída de tres presidentes en menos de una década: Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en el 2000 y Lucio Gutiérrez en el 2005. Fue precisamente ese lapso tumultuoso el que dio al vecino norteño la fama de nación ingobernable sujeta a los humores y movilizaciones de la mencionada confederación, que agrupa 18 pueblos y 14 nacionalidades nativas. Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, describe así a la Conaie: “No es una organización solamente étnica, es parte constitutiva de la identidad nacional”.
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4. Con delincuencia extranjera
El Gobierno Ecuatoriano advierte que en esta ocasión entre los indígenas se ha infiltrado el Tren de Aragua, declarado hace unas semanas por Quito como organización terrorista. “No retrocederemos tampoco ante extranjeros contratados para hacer destrozos”, se pronunció el jefe de Estado, mientras se informaba de la detención de cuatro ciudadanos presuntamente venezolanos en la provincia de Chimborazo que ingresaron ilegalmente al país. Las autoridades también recordaron que quienes incumplan la ley y causen destozos serán acusados del delito de terrorismo e irán a parar a una prisión de máxima seguridad por 30 años.
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