La justicia tunecina anunció hoy el levantamiento del arresto domiciliario impuesto a varias figuras políticas y responsables de instituciones que habían sido impuestas en los últimos dos meses después de que el presidente de la República, Kais Said, se arrogara todos los poderes y retirara la inmunidad parlamentaria.
Entre los beneficiarios se encuentra el exdiputado del partido ultraconservador Al Karama, Yosri Dali; el independiente, Zouahir Makhlouf, acusado de acoso sexual; y el exministro de Transportes y dirigente del partido islamista Ennahda, Anouar Maarouf, al que se le imputa un presunto delito de abuso de poder.
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Esta decisión también afectó al antiguo presidente de la Instancia Nacional de Lucha Contra la Corrupción (INLUCC), Chawki Tabib, en arresto domiciliario un mes antes por presunto fraude y falsificación de documentos; cargos que representan, aseguró, un “ajuste de cuentas” por parte de grupos de presión que fueron atacados ante la justicia por el organismo que presidió durante un lustro.
Días antes, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) denunció un golpe contra el Estado de Derecho ante la multiplicación de medidas arbitrarias ordenadas por el ministerio del Interior y que atentan contra la libertad de circulación de los ciudadanos.
Asimismo acusó al Ejecutivo de dar “carta blanca” al Tribunal Administrativo, que rechazó los recursos interpuestos contra dichas medidas que afectan a altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados.
“En un giro jurisprudencial de 180 grados de lo más inquietante, el tribunal parece renunciar abiertamente a su papel de salvaguardia contra los abusos de poder”, señaló la organización en un comunicado de prensa.
Desde que el pasado 25 de julio Said decretase el Estado de excepción, que incluyó el cese del primer Ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con los poderes ejecutivos y legislativos con el fin de “recuperar la paz social”.
Mientras la mayoría de partidos califican esta iniciativa de “golpe de Estado”, otras formaciones consideran que se trata de una “rectificación” de la revolución de 2011 que puso fin a las décadas de Zine El Abidine Ben Ali.
Desde entonces, la justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares- arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- y varios diputados han sido enjuiciados por tribunales militares; lo que ha desatado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
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